Elude Municipio pago a víctimas

El 10 de mayo de 2011, justo el Día de las Madres, una mujer salvó a su hijo de morir.
Otilia Olvera Govea falleció aquel día atropellada por una oruga que circulaba a alta velocidad en el bulevar San Juan Bosco.
De acuerdo con testigos, la mujer alcanzó a cubrir con su cuerpo a su hijo para evitar que la oruga lo golpeara.
Cuando ella iba proyectada en el aire, logró aventar a su hijo a la ciclovía del bulevar San Juan Bosco. Así impidió que la oruga lo arrollara.
Cuatro años después de aquella tragedia, la familia sigue en espera de justicia.
El peritaje y los testigos coinciden en que la oruga circulaba a alta velocidad, y pese a ello ni el Municipio ni la empresa transportista han asumido la responsabilidad del percance.
El Ayuntamiento responsabiliza a la concesionaria de transporte y a su vez la empresa comparte su culpa con el Municipio.
El área Jurídica del Municipio ha recurrido a una estrategia legal dilatoria, para evitar indemnizar a la familia, en este caso a los tres hijos de Otilia Olvera, quienes tenían 7, 13 y 17 años cuando ocurrió el accidente.
Lo anterior, a pesar de que un juez determinó responsabilidad civil en el percance fatal.
La empresa Red Optibus Oriente SA de CV también fue demandada, pero tampoco accede a pagar una indemnización.
El peritaje inicial

La Procuraduría de Justicia elaboró un peritaje, en el que concluyó que la mujer fue arrollada cuando “iniciaba apenas el bajar de la banqueta para cruzar” el bulevar San Juan Bosco.
El peritaje menciona que la oruga ni siquiera hizo el intento de frenar.
“No se puede determinar la velocidad exacta (en que iba la oruga) por no contar elementos como huella de frenado”, dice el peritaje.
Sin embargo, en base a los daños observados en el vehículo y en la víctima, el perito determinó que la oruga descendía por la avenida “con velocidad considerable”.
Los testigos

El expediente del caso, del que AM tiene copia, incluye la versión de testigos, que coinciden en que la oruga era conducida a exceso de velocidad.
“Yo le dije a mi hija Mariana: ‘Mira nada más cómo va esa oruga”, ya que por ahí iba circulando una oruga a toda velocidad, misma que iba sin gente. Entonces la veo pasar fuertísimo frente a nuestro domicilio y la verdad no puedo calcular la velocidad, pero sí iba muy fuerte (…) luego vi que la oruga que iba a toda velocidad hizo una maniobra para rebasar a la que iba adelante”, declaró una de las testigos, de nombre Reynalda.
“Vi que una señora, de la cual sé que se llama Otilia, iba cruzando junto con su hijo (…) Cuando iba a la mitad del carril vi que una oruga que iba bajando a toda velocidad impactó a la señora Otilia (…) Cuando la señora iba en el viento vi que aventó a su hijo hacia la banqueta que está junto a la ciclovía (…) Vi que la oruga se fue de largo por el mismo carril que iba circulando”, detalló otro testigo.
José Luis, un comerciante que vio el percance, también declaró ante el Ministerio Público que la oruga bajaba muy rápido.
“Estaba yo parado y de pronto vi que otra oruga venía circulando sobre el mismo carril que venía la primera oruga con gente, a una velocidad de unos 120 kilómetros por hora, entonces vi que esa segunda oruga que venía más fuerte invadió el otro carril de las orugas que va para la base de San Juan Bosco y en cuestión de segundos vi que le pegó a una señora con un niño con la parte de enfrente del costado derecho del chofer y por el impacto la señora como que aventó al niño y ella salió volando”, declaró.
Dan largas al caso

El Municipio fue demandado en este caso como subsidiario, porque el transporte público es responsabilidad del Gobierno.
Por ley tiene que pagar los honorarios de un perito asignado por el juez, para que realice el peritaje del desahogo de pruebas.
A través de un oficio se ha notificado a distintos peritos de la asignación del caso, pero éstos no están obligados a realizar el trabajo si el demandado (en este caso el Municipio y la empresa Optibús) no pagan sus honorarios.
En total han sido asignados seis peritos, pero el Municipio no los ha llamado para pagar sus servicios, lo que ha ocasionado que se prolongue el juicio.
El 14 de noviembre del 2013 fue asignado el primer perito, de nombre José Salvador Jiménez Longoria.
11 de abril del 2014 fue asignado el segundo, Larios Enrique Díaz Infante; el 24 de septiembre del mismo año Héctor Camarillo Alba y el 19 de noviembre Melesio Humberto Sada Gómez.
Ya en 2015 van otros dos peritos asignados: Abraham Cuevas Alarcón y Jorge de la Cruz Cuevas.
En todos los casos no ha habido respuesta del Municipio.
También la empresa Red Optibús evadió su responsabilidad ante la asignación de peritos, con lo que el juicio se sigue prolongando, sin llegar a una sentencia.
‘Es nuestra estrategia’

Ignacio Navarro Rábago, director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, declaró que es una estrategia del Municipio el que no se autorice a un perito de los seis asignados por el juez, para prolongar el juicio.
“El Municipio elige su estrategia, no vamos a litigar como mi contraparte diga, voy a litigar conforme a los intereses del Municipio en un asunto donde ni siquiera soy el demandado principal, en el que seguramente terminaré pagando nada”, dijo el funcionario municipal.
Además, dijo que el Municipio no es dueño de las orugas, ni es el patrón del chofer que atropelló a la señora.
A su vez, reconoció que es la primera demanda de ese tipo que tiene el Gobierno local.
“El asunto está pendiente de resolución a lo que diga el juez, si llegara a condenarlo en pagar alguna cantidad, desde luego cumpliríamos con una sentencia”, aseguró el Director.
Pero insistió que su estrategia es aplazar el juicio para evitar pagar a los familiares de la víctima.
Aseguró que el Ministerio Público determinó que no existía responsabilidad penal por parte del chofer, al atribuir la muerte a una imprudencia de la víctima.
El Director Jurídico explicó que el Municipio enfrenta una demanda subsidiaria, lo que indica que en caso de que resulte una condena, la empresa transportista sería la responsable de pagar los daños.
Y sólo si la empresa no tiene la solvencia económica, el Municipio tendría que pagar.
Aunque el funcionario aceptó que es posible que el Ayuntamiento sea responsabilizado, porque el transporte público es una facultad del Municipio.
El artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato establece: A los Ayuntamientos compete: El Transporte Público Urbano y Suburbano en ruta fija.
’El Municipio truncala sentencia’

El licenciado Luis Héctor Mata Lucio, quien es el defensor de la familia afectada, aseguró que el Municipio tiene la solvencia para pagar los honorarios de un perito, pero no lo hace para aplazar el juicio.
“Aquí viene la dificultad con el Municipio, porque argumentan que ellos no son responsables, porque sólo tiene un contrato de la concesión con la empresa de transporte”, mencionó el defensor.
Mata Lucio señaló al Municipio como responsable de acuerdo al artículo 117 constitucional del Estado, que establece que el servicio público de transporte es competencia exclusiva de los Ayuntamientos.
El inciso J del mismo artículo constitucional señala que el Ayuntamiento dará el servicio de transporte “de manera directa o indirecta”.
“El Municipio no se puede brincar la constitución, el inciso lo señala, de manera directa o indirecta, independientemente que sea una contrato, es el responsable de brindar el servicio”, argumentó Mata.
El defensor aseguró que ya son 4 años que el juicio se ha prolongado; en un principio el juzgado no entregó el expediente solicitado para iniciar la demanda, por lo que se tuvo que solicitar el apoyo de un juez de distrito.
Enseguida vino el aplazamiento de los peritos por la empresa transportista y por el Municipio.
“Ahora se solicitó mediante un escrito dirigido al juez, que el Poder Judicial pague el perito asignado al Municipio, y que después se lo cobre para que ejerza lo que la Constitución señala: que la justicia debe ser pronta y expedita”, dijo el abogado.
En su opinión, al aplazarse intencionalmente el juicio, el Municipio incurre en abuso de autoridad.

‘Se nos vino la oruga’

Ricardo Ramírez Olvera iba de la mano de su mamá, cuando una oruga se les echó encima.
“Yo me acuerdo que estaba en las piedritas del camellón, mi mamá me llevaba de la mano. Cuando ella se iba a bajar se nos vino la oruga y de ahí ya no me acuerdo”, dijo Ricardo, quien el día de la tragedia tenía siete años de edad.
Fue tal el impacto, que durante dos años Ricardo se negó a aceptar la muerte de su mamá. Pensaba que ella se había ido a trabajar y que regresaría.
“Hace como dos años supe que ya está muerta y que no regresará”, confesó el niño, quien actualmente tiene 11 años y cursa el sexto grado de primaria.
Tras la serenata

La madrugada del 10 de mayo del 2011, Silverio Ramírez llevó serenata a su esposa Otilia Olvera Govea con motivo del día de las madres.
Ya por la mañana, la familia acordó ir a comer a casa de la abuela
“Mi esposa se fue con mi hijo el más chiquito, porque le quería llevar un globo a su abuela. Mi esposa me dijo: ‘nomás voy aquí a la dulcería del bulevar y no vamos con tu mamá’”, recordó Silverio.
El hombre se quedó en su casa, en espera de que regresaran su esposa y su hijo menor. Luego de algunos minutos, llegó un vecino para avisarle que a su esposa la habían atropellado.
“Salí corriendo, mi niño estaba todo raspado, lleno de sangre”.