En los últimos meses del año pasado y en los que van de este la ciudadanía en general, basándose en la percepción de los hechos delictuosos que han venido sufriendo miles de personas en las ciudades y en el campo guanajuatense, ha manifestado que en nuestro estado la criminalidad se ha incrementado de manera considerable y que el crimen organizado ha sentado sus reales superando los esfuerzos, muy limitados, que las autoridades han venido haciendo para dar seguridad a todos los que en Guanajuato habitamos. Esa percepción, es plenamente compartida por las organizaciones ciudadanas, que, observando a políticos y a autoridades, coincide en que aquéllos y éstas, van perdiendo la pelea, si se me permite emplear esta expresión. Contrariamente, los encargados de la seguridad pública, sobre todo en las principales ciudades de Guanajuato, encabezados por el gobernador y el secretario de seguridad pública estatal insisten en que tal cosa no es correcta, pues en algunos renglones la criminalidad ha disminuido y que si en otros relativos al ramo penal esta ha aumentado, ello se debe fundamentalmente a que el nuevo sistema de justicia penal no está funcionando y que los jueces dejan en libertad por “tecnicismos” legales a presuntos delincuentes que son detenidos por la policía. Hablan, pues, de una justicia de puerta giratoria. Los hechos protagonizados por delincuentes inmersos en las organizaciones delictivas, ocurridos en los últimos tres o cuatro meses, parece que dan la razón a los ciudadanos y no a las autoridades. En efecto, Guanajuato era uno de los pocos estados en donde los homicidios perpetrados por las bandas de delincuentes, casi siempre narcotraficantes, para imponerse a otras bandas y a las autoridades, estaban casi ausentes. Sin embargo, a aquellos hechos aislados se han venido sumando, diría yo, en cascada, homicidios, secuestros y robos, con la situación agravante de que muchas de las víctimas de esos hechos han sido policías municipales y mandos también municipales de seguridad pública, así como ex presidentes municipales. Las zonas en donde tales hechos han ocurrido se concentran en Celaya, los Apaseos y la parte fronteriza con el estado de Michoacán como Coroneo, Pénjamo y otros municipios cercanos. Un poco menos, pero también han sucedido en las fronteras con Jalisco. Podríamos decir que en el centro del estado no había acontecido nada similar, pero hace unos cuantos días el crimen organizado mató a cinco personas en un bar o centro nocturno de Irapuato.
Cuando la sociedad organizada comenzó a reclamar mayor actividad de las autoridades municipales y estatales en relación con la seguridad pública, estas dijeron que estaban actuando. El estado puso como ejemplo el programa denominado “Escudo”, que en opinión de personas conocedoras para nada ha servido, la creación de una policía estatal urbana y que se estaría teniendo el apoyo de la gendarmería federal y por supuesto del ejército. Se han hecho también reuniones, juntas, etc., etc., para hablar de los planes, de los proyectos y del tan traído y llevado mando único estatal. Sin embargo, como lo demuestra lo acontecido últimamente en esta ciudad, todo eso no ha servido para contener al crimen organizado y mantener a Guanajuato como una región tranquila.
En la reunión en donde se determinó la implantación del mando único en la ciudad de Salamanca, según se publicó en este diario, el comandante de la 16ª zona militar dijo que Guanajuato “no está en la lona”. Emplea pues una frase popular en el argot boxístico para indicar que uno de los contendientes no está todavía vencido; sin embargo, admitiendo que efectivamente nuestro Estado todavía no está en la lona, es decir no ha perdido la lucha contra el crimen organizado, la verdad es que está, empleando también un término boxístico, “groggy”; esto es se mantiene en pie, pero descontrolado, perdida la coordinación y a punto caer inconsciente.
El Estado insiste en el mando único, algunos municipios se resisten mientras que otros ya lo han aceptado. No existe sin embargo ninguna explicación clara de por qué ese mando único podrá
ser la solución. No parece que sea mucha ayuda para los municipios porque tendrán que pagar la asistencia estatal, permitiendo que sea el Estado quien maneje los fondos municipales destinados a la policía y seguridad pública. Cosa de difícil implementación y realización con suficiente claridad. Pero lo más interesante es, que si el Estado no ha podido consolidar la seguridad pública en los lugares que prácticamente carecen de policía municipal, ni tampoco tiene un ministerio público eficaz en la investigación, como lo demuestran los cientos o miles de casos pendientes, podrá tenerse confianza de que con el mando único las cosas se corrijan. No lo creo. Tendrán que pensar en otra solución inmediata.
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