Desde que por órdenes del entonces presidente Felipe Calderón el ejército de México salió a las calles para hacer labor policial en apoyo a las policías municipales y estatales, que en determinadas zonas del país estaban siendo rebasadas por el crimen organizado, la inconformidad con esa decisión se hizo patente. Sin embargo, las fuerzas armadas de nuestro país, el ejército y marina ampliaron cada vez más su participación, porque también la actividad de las bandas de delincuentes vinculadas al narcotráfico se incrementó no sólo en el tráfico de sustancias ilícitas sino también por la violencia con que se disputaban los territorios para el ejercicio de sus actividades en lo local e internacional con la consecuencia de miles de muertos por esas disputas, bandas que no podían ser controladas por las autoridades de seguridad pública, como hasta la actualidad tampoco lo han sido. Se ofreció que con la llegada del presidente Peña Nieto al poder el ejército volvería paulatinamente a los cuarteles. No sucedió tal, pues las policías en su gran mayoría siguieron siendo ineficaces para combatir al crimen. El ejército y la marina siguieron en las calles y aumentaron su presencia prácticamente en todo el territorio nacional, no obstante que las policías federales incrementaron sus efectivos, se diversificaron y recibieron mayor capacitación, aun así la situación de inseguridad se elevó ya que también se hicieron más frecuentes otros tipos de delitos.
La oposición al ejército en labores de policía se extendió y fueron también más frecuentes las acusaciones en contra de elementos del ejército y marina por abusos y violación a los derechos humanos en sus actuaciones, además de que se cuestionaba con más fuerza la legalidad de su participación. Ante ello el presidente peña Nieto para regularla envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la unión una iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Dicha iniciativa fue cuestionada desde un principio por diferentes organizaciones no gubernamentales y también por organizaciones oficiales defensoras de los derechos humanos. Se discutió y hace escasamente una semana la Cámara de Diputados aprobó esa ley no obstante la inconformidad de los opositores a la misma. Ahora las críticas han aumentado y se ha dicho que, si también recibe la aprobación de la Cámara de Senadores, habrá una ley que permitirá la militarización de México porque es ambigua en los principales conceptos, que permitirá que se incrementen las violaciones a los derechos humanos y que además es anticonstitucional. Sin embargo, los medios de comunicación nos hacen ver que los ciudadanos en general no se oponen y que consideran pertinente que el ejército continúe en las labores policiales mientras las policías no sean capaces de hacerlas y que a ello también se agregan organizaciones de iniciativa privada y por supuesto las políticas afines del PRI.
Hay, pues, división de opiniones. Los que apoyan no ven en esa ley los peligros que los activistas y defensores de derechos humanos dicen que contiene y que permitirá la militarización y el autoritarismo en México.
Sin desconocer que esa iniciativa en vías de aprobación, efectivamente tiene defectos pues sí tiene ciertas ambigüedades, sobre todo en la definición de conceptos como, seguridad interior, riesgos o amenazas a esa seguridad y en la facultad a las Fuerzas Armadas a investigar, ello en principio no tiene una oscuridad que no permita su aplicación de manera ordinaria y que, en todo caso cuando surjan situaciones no claras por los textos, las autoridades judiciales encargarán de esclarecerlos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha hecho en otros casos de intervención de las Fuerzas Armadas. Me parece exagerado el decir que esa ley permitirá la militarización, pues claramente se establece que la actuación militar sólo será en casos específicos y determinados a petición de las autoridades estatales o municipales que vean rebasada la posibilidad de hacer efectiva esa seguridad interior en sus territorios o cuando el propio presidente de la república estime que eso sucede. Al respecto habrá que recordar que la intervención de las Fuerzas Armadas estará sujeta a plazos que no podrán prorrogarse indefinidamente. En el texto de la ley no hay bases para suponer que la investigación que puedan hacer tenga que ser absolutamente independiente de las autoridades civiles, sino que es lógico entender que una vez hechas estas se tendrán que entregar sus resultados a aquellas autoridades.
En fin, para evitar complicaciones en el Senado podrían hacerse las adecuaciones pertinentes para aclarar los puntos que molestan. Pero lo más importante, a mi juicio, es que ahí se vuelva a estudiar si conforme a la Constitución las atribuciones relativas a la seguridad pública son exclusivas de las autoridades civiles y si es factible que en una ley secundaria se autorice a que puedan ser sustituidas por la autoridad militar en casos específicos sin vulnerar esa Ley Suprema.
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