El crecimiento económico que ha tenido México en este sexenio será, si no hay un golpe de timón, el peor desde hace noventa años. De manera aún más preocupante, la situación de la pobreza en México seguirá empeorando. Más de once millones de mexicanos no son ya tan solo pobres, sino que sufren una situación de pobreza extrema; son indigentes, pues. Y este panorama vino a complicarse aún más tras las olas inflacionarias que han sacudido recientemente al mundo, debido a la pandemia de la Covid y a la invasión rusa de Ucrania. Como consecuencia, la tasa anual de inflación en México ronda ya un 7.5%.

El presidente López Obrador está más que consciente de lo anterior, a pesar de las porras que él mismo se echa en cada mañanera. Es por ello que anunció recientemente, con bombo y platillo, su "Paquete contra la inflación y la carestía" (PACIC). Este programa pretende contener, al menos durante seis meses, el alza en los precios de veinticuatro artículos claves en la canasta básica alimentaria: desde arroz y frijol, hasta leche y huevo. 

Las empresas productoras de esos 24 bienes se comprometieron, y esperemos que sea así, a no subir sus precios durante casi todo el resto del año 2022. A cambio, el gobierno se ha comprometido a subsidiar los precios de las gasolinas, el gas y la electricidad. Además bajará algunos impuestos (aranceles) para facilitar la importación de algunos de esos productos, especialmente los granos. El costo para el erario de ese programa será, sobra añadir, significativo.

¿Funcionará la estrategia? ¿Disminuirá la inflación, al menos en el caso de la canasta básica? En el corto plazo ciertamente será así, pues se están conteniendo de manera artificial los precios de algunos productos. ¿Y en el largo plazo? Las autoridades afirman que el PACIC ayudará a frenar el alza futura de los precios, pues, según ellos, detendrá la inercia inflacionaria que se está dando desde el año pasado.

Esa es, por desgracia, una idea incorrecta. Dado que en Palacio Nacional hay una predilección por el siglo pasado, al parecer piensan que su plan puede ser tan exitoso como lo fue el Pacto de Solidaridad Económica, un programa lanzado en diciembre de 1987 para combatir una inflación que excedía, entonces, el 150% anual. Sin embargo, ese programa era más ambicioso. Para empezar, el pacto comprendía el congelamiento no solo de los precios de todos los productos, sino también de todos los salarios y restringía, además, el gasto gubernamental.

¿Funcionó tal programa? Sí, la inflación anual pronto bajó de más de ciento cincuenta hasta cincuenta y tantos por ciento, para aterrizar en los veintitantos a principios de los noventa. Pero, como bien sabían todos en 1987, la causa de esa alza de precios era una hechura nuestra; éramos los únicos responsables de nuestro propio infortunio.

Eso no es ahora el caso. No somos responsables del alza de los precios mundiales debido a la pandemia de la COVID, tras desaparecer parte del sector productivo, y también debido al alza de los precios en Ucrania y Rusia. Al contrario de lo que piensan en Palacio, las causas de la inflación que padecemos no son inerciales, son estructurales. Empeoradas, eso sí, por la ineptitud gubernamental que ha privado en todo el sexenio.