De acuerdo con los informes de la cuenta pública del estado de Guanajuato por los ejercicios 2020 a 2024, los recursos recaudados y destinados al Fidesseg fueron de aproximadamente 3 mil 470 millones de pesos en los cinco años.
La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) acaba de entregar al Congreso del Estado un informe sobre la auditoría que practicó al Fidesseg por ese mismo periodo (2020-2024), y concluyó que poco más de 214 millones de pesos merecen observaciones en su ejercicio presupuestal.
En caso de que al final las observaciones prevalecieran, estas solo representarían el 6?% del total de los recursos recaudados en los cinco años, o dicha de otra forma, podría decirse que, de todos los recursos disponibles en el Fidesseg, el 94?% de ellos no tuvieron ninguna observación, es decir, 3 mil 263 millones de pesos.
De las observaciones hechas por la ASEG, cinco de ellas suman 134 millones de pesos, que representan el 63?% de los recursos observados, y son tres de la Asociación León Agradecido: una por 34.6 millones destinados a implementar 40 Puntos de Monitoreo Inteligente para nuestra ciudad; otra por 17.9 millones para equipamiento de la Policía Municipal, y una más de 4.3 millones para la Academia de Seguridad. Otra observación corresponde a 38.5 millones de pesos del Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya, destinados a fortalecer la infraestructura y equipamiento del C4 de esa ciudad. Y una tercera por 39 millones de pesos correspondiente a los Bomberos Voluntarios de San José Iturbide, para la actualización tecnológica del sistema de emergencias de ese municipio. Dice la ASEG que estos recursos no debieron haberse ejercido, pues las responsabilidades de la seguridad recaen solo en los municipios y no en otras instancias, como el Fidesseg. Si quitáramos el importe de estas observaciones, el monto total de los recursos observados sería solo del 4?% de todo el dinero recaudado en los cinco años.
Estas observaciones son hasta cierto punto absurdas porque los municipios, con sus limitaciones presupuestales, no logran destinar los presupuestos suficientes a sus corporaciones y sistemas de seguridad, y requieren de obtener recursos a través de otras instancias, incluso ciudadanas, que apoyen para tratar de resolver juntos la problemática de seguridad, señalando con claridad que los ciudadanos de ninguna manera pretenden asumir esa responsabilidad pública, ni mucho menos permitir que el gobierno se deslinde de ello.
Además, las autoridades han esgrimido que los recursos que se administran en el Fidesseg son aportados en una tercera parte por el gobierno, y por lo tanto, este último tiene derecho a destinar dinero para financiar proyectos relacionados con actividades públicas, incluyendo la seguridad, por lo que suena incongruente que sea ahora el mismo gobierno quien lo esté cuestionando.
Las observaciones podrán ser muy legalistas o miopes, pero en ninguna de ellas se habla de desvío de recursos ni actos de corrupción, simplemente una supuesta invasión de atribuciones con el objeto de ayudar al municipio.
La defensa que se ha hecho desde el primer día en que se anunció la intención de extinguir el Fidesseg siempre ha girado sobre la solidaridad del modelo, en donde los contribuyentes —empresas principalmente— se proponen aumentar su aportación del Impuesto Sobre Nóminas para que ese excedente se destine a obras sociales y para la seguridad. Pero nunca pasando por alto las obligaciones de transparencia, ni mucho menos omitiendo las obligaciones legales a que debe sujetarse el ejercicio de los recursos del Fidesseg, que son públicos.
Si verdaderamente hay irregularidades, que se solicite el reembolso y se sancione, pero un informe de auditoría tendencioso puede usarse como un arma y ser utilizada de manera maquiavélica para afectar la integridad y reputación de las instituciones, asociaciones y organismos beneficiados, y muy útil para cuestionar la credibilidad y bondades del modelo, beneficiando la narrativa gubernamental.
LALC
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