Menos pobres

Detrás de los datos

A propósito de los resultados de la medición de la pobreza multidimensional que presentó el Inegi el pasado miércoles y cuyos resultados en lo que toca a Guanajuato presumen gobiernos y políticos azules y guindas, hay que ser prudentes, reconocer los avances y enfocarse en los pendientes, que son muchos.

Y, lo más importante, que las autoridades todas, antes de celebrar, de verdad conozcan qué fue lo que verdaderamente funcionó, qué hay que corregir, qué no sirve, y qué no se está haciendo, para atender de fondo la pobreza y la desigualdad. 

Para eso existía un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que ya no está y cuyas funciones de medición asumió el Inegi.

Y en lo local no existe un órgano que nos diga si tiene éxito o no la política social. 

El Coneval y ahora el Inegi presentan cada dos años la estimación de la pobreza por estados con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. En tanto que los datos por municipios se tienen cada cinco años, el último reporte fue en diciembre de 2021 cuando conocimos que en datos absolutos León era el municipio con mayor número de pobres en el país: 816 mil 934 personas.

En México, si consideramos las mediciones entre 2016 y 2024, el porcentaje en situación de pobreza multidimensional (que es cuando no tiene garantizado al menos uno de sus derechos sociales y cuenta con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades) a nivel nacional pasó de 43.2 a 29.6 %, lo que representó una disminución de 13.7 millones de personas.

En Guanajuato, en ese mismo periodo de 8 años, el porcentaje en situación de pobreza pasó de 39.4 a 26.0 %, que son 696,100 personas menos. En total en la entidad la población en pobreza suma 1 millón 642 mil personas, un millón menos que el pico más alto que se registró en la medición del año 2020.

La pobreza extrema en la entidad pasó del 3.7 al 1.7 % de la población en esa condición, de 218,200 personas en 2016 a 109,100 en 2024.

Después de presumir esos datos en la entidad, cuyo comportamiento no queda todavía suficientemente analizado a detalle, hay que ver la película completa. Por ejemplo, la población vulnerable por carencias en Guanajuato aumentó en dos años en 222,599 personas, al pasar de 2 millones 138 mil a 2 millones 361 mil. 

Esto significa, como explicó en la presentación de los resultados Claudia Vanessa Maldonado Trujillo, titular de la Unidad Especializada para la Medición de la Pobreza en el Inegi, que puede haber una recuperación en el ingreso, pero no necesariamente en garantizar todos los derechos sociales.

Salud, educación, ingresos, los retos

En el caso de Guanajuato los datos del Inegi reportan mejoras en la atención a las carencias de acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Sin embargo, en el ingreso per cápita promedio mensual por entidad, Guanajuato se ubica en el lugar 18, con 6 mil 961 pesos, por debajo del promedio nacional de 7 mil 468, y lejos de los primeros lugares que son Nuevo León, CDMX, Baja California Sur, Baja California, Colima, Sonora, Chihuahua, Querétaro, Quintana Roo y Jalisco.

Otro gran reto está en la atención al rezago educativo cuyo porcentaje de población apenas y se movió del 21.7 al 21.1 % entre el 2016 y el 2024. Esto implica a las personas de 15 años o más que no han terminado la educación obligatoria.

Y el datos más crítico está en la carencia de acceso a servicios de salud que pasó de 13.4 a 33.7 % en esos ocho años, situación que está relacionada con la desaparición del Seguro Popular a nivel federal y el fracaso de los modelos que lo han sustituido, primero el Insabi y luego el IMSS-Bienestar. Sin embargo, Guanajuato se ubica a media tabla y debe ser autocrítico en qué falta por hacer.

En la conferencia de prensa que ese mismo miércoles ofrecieron integrantes del gabinete social y económico de la gobernadora Libia García plantearon tres retos: fortalecer el sistema educativo, consolidar el sistema de salud e impulsar la calidad del empleo. Se dice sencillo en frases pero significa presupuesto y mucho trabajo.

Una inmejorable oportunidad para que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado hicieran su chamba de revisar estos datos con el gabinete de Libia. Es tarea para la panista Ana María Esquivel Arrona, presidenta; Maribel Aguilar (Morena), secretaria; y los vocales Víctor Zanella (PAN), Carolina León (Partido del Trabajo) y Sergio Contreras (Partido Verde).

Política social, hora de evaluar

Hablando de comprender la pobreza y la desigualdad en Guanajuato, sus causas multifactoriales y sus posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo, desde octubre del 2021 la bancada de Morena en el Congreso local, comandada por David Martínez, presentó una iniciativa para crear un órgano ciudadanizado para la evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato.

El fin era medir de manera oportuna la trayectoria de la pobreza en Guanajuato y sus municipios y determinar la relación de esa trayectoria con las políticas estatales de bienestar. Y que además sirviera para mejorar el diseño de las políticas públicas.

Dicho comité sería de perfil académico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goce de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (hoy Secretaría del Nuevo Comienzo).

David resaltó que estaban frente a la oportunidad de crear un mecanismo eficiente que pocos estados tenían. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Social para su estudio y dictamen. Y ya sabemos. Nada pasó.

Después, primero en marzo y luego en octubre del 2024, el legislador morenista y académico especialista en temas sociales retomó el fin de la iniciativa esta vez planteando una reforma a la Ley de Planeación para el Estado con la finalidad de evaluar el impacto de las políticas públicas en la erradicación de la pobreza.

La propuesta busca asignar algunas tareas adicionales al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg), que comanda Graciela Amaro, como la de evaluar el impacto de las políticas públicas sobre la erradicación de la pobreza, con visión de corto y mediano plazo.

“Consideramos indispensable que se realicen evaluaciones serias que permitan afinar las políticas y programas sociales con el fin de atender la situación de pobreza que afecta hoy al pueblo guanajuatense, y particularmente al pueblo leonés”, expuso en la tribuna Martínez Mendizábal.

Esta vez la iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Y, como la anterior, ahí sigue.

Tras los resultados de la medición de la pobreza esta semana, David Martínez insistió: “Nos han rechazado toda posibilidad de solicitar una evaluación de la pobreza en Guanajuato, siempre nos dicen que eso lo hace el Coneval, o el Inegi”.

Apuntó: “¿Cuánto colaboró la tarjeta rosa al combate a la pobreza? No se sabe”. Por el contrario, dice, está claro el impacto de la política federal en los avances.

En 2016, cuando el entonces gobernador Miguel Márquez lanzó la estrategia “Impulso Social” se anunció también la creación del Observatorio Académico de Desarrollo Social y Humano con el propósito de medir esta estrategia. Lo integraron representantes de la Universidad de Guanajuato, el IPN –Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato-, la UNAM – Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León-, la Universidad Iberoamericana de León, la Universidad La Salle Bajío, y el Tecnológico de Monterrey Campus León.

El proyecto integraba también comités ciudadanos en cada una de las Zona Impulso, sumando a organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresas, iglesia, para así dar seguimiento a las acciones en cada una de las colonias.

Con el tiempo, de estos mecanismos de evaluación y participación, nada supimos. 

En un tema distinto pero relacionado con la necesidad de evaluar el impacto de las políticas públicas en Guanajuato, en la anterior Legislatura la diputada por Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, presentó en junio del 2022 una iniciativa para crear la Comisión Estatal de Evaluación de las Políticas de Seguridad Pública. Sin embargo tampoco hubo nunca un análisis serio de la iniciativa.

Hay quien diga que no se trata de crear más comisiones y órganos que engorden la burocracia estatal, pero lo cierto es que ningún gobierno puede prescindir de evaluar con seriedad sus políticas públicas. Vale la pena que nuestros legisladores, sin sesgos de colores, revisen estas iniciativas y pacten el cómo sí hacer las cosas.

Que no habrá cisma

En lo corto, la mayoría de los diputados locales de Morena afirman que no habrá cisma ni rompimiento al interior de la bancada de Morena, durante el relevo en la coordinación.

A dos días del cónclave, a realizarse el martes 19 en el Congreso de Guanajuato, no hay nada escrito, aunque todo apunta a que será mujer.

Quienes han levantado la mano son las diputadas Miriam Reyes Carmona, quien recientemente presidió la mesa directiva del Congreso Local, así como María Eugenia García Oliveros, quien encabeza los trabajos en la Comisión de Justicia.

Los hombres que también buscan la coordinación de la bancada guinda son Ricardo Ferro, legislador de San Miguel de Allende, afín al actual coordinador David Martínez, y Carlos Abraham Ramos Sotomayor, de Irapuato.

También hay quienes han rechazado públicamente que no irán por la coordinación, como el doctor Antonio Chaurand, o quienes saben que no cuentan con el perfil de negociación y mediación que requerirá el próximo presidente o presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, de saber nadar con tiburones.

El aún coordinador, David Martínez, atinó a decir que “entre los 10 hay magníficos candidatos y candidatas”. y que “yo no voy, que es lo único seguro. Yo no voy”, y ¿quién?, lo que decida la mayoría, o el consenso. “Yo espero que haya consenso y creo que habrá, si no, por mayoría, como es la democracia”, enfatizó.

Celaya, la mano de Sheffield

La curva de aprendizaje de la administración municipal de Celaya no termina, entre yerros y malas decisiones en el quehacer de gobierno cada vez se nota más la mano de Ricardo Sheffield Padilla quien ha “recomendado” a trabajadores y asesores en varias dependencias. 

El principal impulsor de la candidatura del ahora alcalde celayense, Juan Miguel Ramírez estuvo de invitado hace un mes en la inauguración del Centro Esperanzarte en la colonia Latinoamericana, en donde una vez más se puso de manifiesto el peso que tiene en las decisiones del gobierno local, pues fue el propio presidente municipal, con voz entrecortada, aseguró que gracias al Senador llegó a encabezar el Ayuntamiento.

El senador morenista ha colocado directores en las dependencias clave y trabajadores de varios municipios del estado que no conocen la problemática de Celaya. El tiempo dirá si los movimientos fueron o no acertados.

Una de las últimas contrataciones como asesora es la de Martha Verónica Velásquez Castro, que fue una connotada militante panista, ex directora de Desarrollo Humano y Social en León durante la administración de Héctor López Santillana.  

La asesora está haciendo una evaluación de la operación de cada una de las dependencias, por lo que no se decanta que haya más cambios en la administración municipal. 

En algunas dependencias ya puso nerviosos a varios titulares como en Desarrollo Social, donde esa dirección no termina de caminar en medio de una lucha de egos y en donde poco ha podido hacer su director, Valentín Sánchez Guerrero con tantos perfiles impuestos. 

Uno de ellos es el encargado de Participación Ciudadana, Fernando Ramírez Liñán, quien tiene un sinfín de quejas por parte de presidentes de comités de colonos y asegura ser el protegido del regidor morenista, Andrés Espinosa Carmona.