Es evidente que la presidenta Claudia Sheinbaum necesita ayuda urgente. La requiere toda la sociedad y, sobre todo, necesitamos expertos que aporten ideas para avanzar en el camino hacia la paz. Recurrir a la historia de que todo es culpa de Felipe Calderón no da para más. Tampoco es buena idea culpar a los medios ni a la “derecha”. Reflejar la realidad es deber del buen periodismo; respecto a la derecha, casi ni existe y se le otorga un poder que no tiene.
Lo que podría y debería hacer la presidenta es unirnos a todos e incorporar a su lucha a personajes de la oposición. Pongamos un ejemplo de político que tuvo éxito. Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, logró reducir la criminalidad, la delincuencia y los homicidios dolosos en un 92%. Lo hizo con medidas radicales: limpió la policía mediante exámenes de confianza, cerró los casinos, prohibió carreras de caballos y peleas de gallos y redujo los horarios de bares y cantinas.
Lo logró con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto; su familia sufrió la venganza de los cárteles cuando asesinaron al hijo de su hermano Humberto, quien lo antecedió en el cargo de gobernador. A pesar de que todo estaba en su contra, logró convertir a Coahuila en uno de los estados más seguros del país. Publicó un libro que debería ser obligatorio para todos los gobernadores y alcaldes del país. Lo tituló “Jaque mate al crimen organizado”.
Pero lo más importante fue su decisión de asumir la responsabilidad que conllevaba el cargo: un gobernador tiene el deber de enfrentar la violencia y la criminalidad en su territorio. No vale echarle la culpa a la federación ni a la carencia de recursos materiales y humanos. Existen métodos y medios para eliminar la impunidad. Para que la lucha sea fructífera, también es necesario comenzar desde arriba, como lo sugería López Obrador. El problema es que nunca actúo. Si hay una metástasis del cáncer del crimen organizado entre líderes políticos y sociales, no hay forma de avanzar. Bien dice Moreira: “Enfrentar el problema crea impopularidad”, pero debe hacerse.
Michoacán debería ser el inicio de la gran batalla contra el crimen organizado. Es donde más daño causa a la sociedad por la extorsión a los productores agrícolas; es donde la impunidad es mayor. Más grande aún que en Sinaloa o en Jalisco. Aunque se quiera estigmatizar a Felipe Calderón por haber iniciado la “guerra” contra los cárteles —que inició de la mano del entonces gobernador Lázaro Cárdenas—, sí es una guerra en la que hay muchos combatientes. Hay batallas y balazos, muchos balazos. Los abrazos se dan en los sepelios cuando la gente da el pésame a los deudos.
Claudia y su gobierno también deben permitir la ayuda de Estados Unidos. Los norteamericanos tienen todos los medios para ubicar e interceptar comunicaciones; disponen de la tecnología para detectar armas y de los sistemas de inteligencia más avanzados. Tan solo los drones capaces de sobrevolar regiones enteras serían de gran ayuda. La soberanía nacional no se pierde; al contrario, al recuperar territorios que hoy gobierna el crimen organizado, México será más soberano y su población, más libre.
Una alternativa inmediata sería el toque de queda en Michoacán. Urge.
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