La armonización a la Ley de Transparencia en Guanajuato
Durante la semana pasada se discutió en mesas de trabajo del Congreso del Estado de Guanajuato la armonización legislativa local a la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024.
Por Alejandro Rocha Pedraza
Durante la semana pasada se discutió en mesas de trabajo del Congreso del Estado de Guanajuato la armonización legislativa local a la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024, por la cual se extinguieron los organismos autónomos garantes de dicho derecho y se transfirieron sus facultades a los órganos internos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos.
Dicha reforma fue titulada por el Poder Ejecutivo federal y por el Poder reformador de la Constitución como “reforma para la simplificación administrativa” como un eufemismo y no como lo que en realidad fue, la extinción de organismos garantes autónomos especializados encargados de la tutela de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, para que ahora dichos derechos sean garantizados por los propios entes, es decir, ahora son jueces y parte.
Actualmente no existe una duplicidad de funciones entre el IACIP como organismo garante y las unidades de transparencia de los sujetos obligados, pues mientras las segundas tienen como función recibir y dar trámite a las solicitudes de información dentro de sus instituciones, al funcionar como una ventanilla de dichas solicitudes, como reconoció recientemente la titular de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, el IACIP es el revisor técnico, especializado y autónomo de las respuestas que emitan dichas unidades de transparencia; es decir, existen funciones diversas y concretas para cada parte del sistema de transparencia diseñado por la reforma constitucional de 2015.
Asimismo, el sistema de inconformidad será más complejo, pues hasta antes de la reforma, existían procesos rápidos ante el IACIP y el ahora extintito INAI, los cuales llevaban procesos que en un par de meses y sin tecnicismos jurídicos resolvían las inconformidades ciudadanas; ahora la opción será recurrir las resoluciones por vía de juicio de amparo, un proceso complicado, caro, altamente técnico y sobre todo, lento.
Sin embargo, la reforma constitucional federal ya es derecho positivo y es necesario que el Poder reformador de la constitución local, conformado por el Congreso del Estado y los 46 municipios, armonicen lo ordenado por la Constitución federal, y reformen el marco normativo estatal para dar paso a este nuevo estadio de la garantía de los derechos humanos a la transparencia.
Será en las iniciativas de las nuevas leyes estatales de transparencia y de protección de datos personales en las que se establezcan los procesos y reglas específicas para garantizar estos derecho, y será en dichas leyes donde la Legislatura guanajuatense, históricamente comprometida con la transparencia, podrá dar de notas características que hagan más democrática y funcional a la reforma mandatada por la Federación.
Es deseable que, en este tránsito, las nuevas autoridades garantes reconozcan y aprovechen la experiencia reunida durante años por parte del personal del IACIP, y utilicen su conocimiento técnico y compromiso con la materia para que sean considerados en este nuevo estadio. Lo anterior no debe considerarse que deseo continuar, pues ya tengo decidido desde hace meses que cuando concluya mi designación como comisionado, cerraré este ciclo como servidor público.
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