Celaya no se está cayendo por falta de oficinas, sino por la repetición de actos administrativos sin definición social, y con una carga electoral que es igual o peor a los gobiernos anteriores.
El centro histórico es una postal del descuido y abandono. Mientras el patrimonio edificado se deteriora, las banquetas se saturan y la movilidad colapsa, el gobierno municipal ha decidido que su prioridad es comprar edificios usados para concentrar su burocracia en el corazón de la ciudad. No para rescatarlo, no para devolverle vida, sino para administrar su ineficacia desde la cercanía.
La intención de adquirir dos inmuebles por alrededor de 23 millones de pesos —considerando su tentativa remodelación y mantenimiento— se vende como una medida de ahorro: dejar de pagar rentas para gastar menos. Ubicado uno, en la Calzada Independencia, entre Morelos y Madero, y el otro en Avenida Benito Juárez, esquina con Galeana, ambos son una invitación a la suspicacia por su inadecuada ubicación y, por su ya larga vida y falta de uso. Pero sobre todo por sus posibles impactos en la calidad de vida de la población.
El argumento de ahorrar suena bien hasta que se mira con atención. Porque centralizar dependencias no es sinónimo de eficiencia y, mucho menos, de buena política pública. Hasta ahora se han dado a conocer 7 dependencias que se reubicarían: Servicios Municipales (57 vehículos), Obras Públicas (39 vehículos), Desarrollo Urbano (15 vehículos), Contraloría Municipal (12 vehículos), Desarrollo Económico (3 vehículos), Control Patrimonial, Tránsito y Policía Vial, no cuantificados. Faltarían muchos más.
¿Qué ocurrirá cuando se muevan a la parte céntrica, entrando y saliendo más de 200 vehículos oficiales? ¿Qué ocurrirá con decenas de trabajadores que tendrán que desplazarse y cientos de usuarios haciendo trámites diarios?
En una ciudad que no es financieramente autosuficiente y que depende mayoritariamente de recursos federales y estatales, gastar millones en oficinas mientras el patrimonio histórico se cae a pedazos no es modernización: es falta de visión urbana y ética del gasto.
El discurso oficial insiste en el ahorro, pero omite los costos. Solo en estacionamiento, asumir un escenario conservador —120 vehículos oficiales a un promedio de 1,500 pesos mensuales por cajón— implica más de 2.1 millones de pesos al año. En una década, ese gasto silencioso equivale al costo total de los edificios. El ahorro, como suele ocurrir, se anuncia; el costo real se esconde.
Todo parece indicar que el supuesto ahorro se diluirá entre congestionamientos, pago de estacionamientos, presión sobre fincas históricas para uso de estacionamiento, horas de trabajo perdidas, y más afectaciones colaterales que tienen un costo social y económico.
El impacto urbano tampoco es menor. El Centro Histórico de Celaya es un territorio frágil: fincas con mantenimiento postergado, edificios colapsando, presión comercial desordenada, ruido, contaminación y una movilidad que ya opera al límite. Cargarle más funciones administrativas no lo revitaliza; lo asfixia. Convertir el centro en un nodo burocrático es desplazar usos culturales y ciudadanos para privilegiar la logística del gobierno.
En Celaya cada día aumenta la congestión vial, los tiempos de traslado son mayores; hay una afectación a vialidades históricas; los cuellos de botella a las entradas y salidas del centro son inevitables. Entre otras cosas hay un incremento de emisiones de CO2, contaminación acústica vulnerando el derecho a la salud y a un ambiente sano. Del mismo modo, la presión en la movilidad genera datos alarmantes en accidentes viales.
El derecho constitucional a la movilidad no solo es seguridad vial, es accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, estos son aspectos obligatorios a considerar. La remodelación de los edificios no solo es pintura, sino accesibilidad, inclusión e igualdad para la población usuaria de los edificios municipales.
Todos los caminos llegan al centro histórico, y para comprender el estrés urbano le comento, según datos oficiales del Padrón Vehicular del Estado de Guanajuato —corte 30 de noviembre de 2025—, el municipio de Celaya tenía aproximadamente: 227,113 vehículos registrados para una población de 570 mil habitantes. Estos incluyen automóviles particulares, taxis, camiones, motocicletas, y otros vehículos registrados ante la Secretaría de Finanzas Estatal.
Lejos de plantearse en los hechos, políticas públicas -solución de necesidades mayores que el gasto invertido-, con la compra de edificios el centro de la ciudad, se vulnera el derecho a la salud, a la cultura, la movilidad y a un medio ambiente sano, solo por citar lo público y notorio que se advierte en el día a día.
Hay, además, otra pregunta incómoda: ¿con qué legitimidad se decide esta inversión? Celaya no es un municipio autosuficiente. Más del 60% de sus ingresos provienen de recursos estatales y federales. Administrar dinero que no se genera, obliga a un estándar más alto de responsabilidad y eficiencia.
Aunque el monto de 23 millones, aparentemente es un porcentaje bajo de los ingresos totales, no lo es cuando se gasta de los ingresos propios, y no es menos preocupante cuando se trata de una inversión no productiva, que no genera ingresos futuros, ni atiende un problema estructural sino los agudiza. Financieramente es posible, pero es injustificable, no solo por el monto, sino porque va en sentido contrario de la racionalidad del gasto, y del respeto a derechos humanos.
Una ciudad autosuficiente es un ecosistema urbano capaz de sostenerse con sus propios recursos, equilibrando economía, sociedad y medio ambiente. Pero cuando el 40% de su población se encuentra en pobreza (Inegi-Coneval), no se pude hablar de ahorros para gasto discrecional en edificios porque las necesidades de inversión social son prioritarias. No hay ahorros, eso es retórica para redireccionar el gasto público, y simular una bonanza inexistente.
Desde el punto de vista legal, la operación solo sería defendible si cumple todos los requisitos: avalúos independientes, dictamen de utilidad pública, análisis costo–beneficio, compatibilidad de uso de suelo, autorizaciones patrimoniales y una partida presupuestal clara en el Presupuesto de Egresos. La ausencia de cualquiera de estos elementos no es un detalle: es una alerta. Porque cuando no hay planeación integral, aparece la discrecionalidad y, el riesgo de exceso —o algo peor— se multiplica.
Lo más grave es el costo de oportunidad. Con el mismo monto —23 a 25 millones de pesos—, Celaya podría iniciar un programa de rescate patrimonial en el centro histórico: fachadas, iluminación, cableado, señalética, intervención en el espacio público. Esa es una inversión que genera beneficios sociales, económicos y culturales; impacta el turismo, fortalece el comercio local y devuelve identidad a la ciudad. De acuerdo a la UNESCO, por cada dólar invertido en patrimonio cultural puede generar hasta 3–10 dólares de retorno económico al integrarlo con turismo, empleo e infraestructura urbana.
Invertir en el patrimonio edificado no solo genera bondades materiales, nos permite mantener viva la memoria histórica e identidad de los celayenses, y fomentar el desarrollo sostenible.
El INAH considera como patrimonio en una ciudad del siglo XVI principalmente los elementos arquitectónicos, urbanísticos y culturales que reflejan la historia colonial: trazado original de calles y plazas, edificios religiosos y civiles, técnicas constructivas, y la relación con la vida social y económica de la época.
Una inversión en política pública se ve en la calle, y no tiene nada que ver con discursos reeleccionistas maquillados de abnegación o sacrificio, disfrazados con piel de cordero. No sé si aun es tiempo para replantear una opción realmente conveniente, sustentable y autofinanciable, pero cometer un error anunciado, tendrá un costo muy alto.
No se trata de estar a favor o en contra de un gasto más. Se trata de defender una visión de ciudad próspera, generosa, cálida y protectora de sus habitantes. Por ello es necesario defender el uso inteligente, eficiente, eficaz del dinero de los ciudadanos para tener la capacidad de resolver las necesidades reales de la población, y con visión de futuro.
El voto de la elección pasada, no fue un cheque en blanco. Pueden atropellar la confianza y los derechos, pero debe quedar claro que el dilema moral y ético de los gobernantes, es entre lo que pueden y lo que deben hacer: pueden, pero no deben repetir la historia de tiempos pasados. El pueblo reescribió la historia del PRI y el PAN por traicionar su confianza. ¿Por qué no volvería a hacer lo mismo? ¡Celaya merece un buen gobierno!
REVOLCADERO. El gasto de más de 96.4 millones de pesos en las 3 FERIAS, en tan solo un año, DEJO SIN ESPERANZA a 240 mil celayenses que viven en pobreza. La Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, debe revisar esos gastos porque este abuso no se olvidará fácilmente.
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