A los capitalinos les va quedando claro lo que significaron los negocios que el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez hizo a sus espaldas, justo un día antes de terminar su sexenio. Diego entregó una concesión de una carretera productiva, la de Silao-Guanajuato, a una empresa particular para que se “ayudara” y construyera otra, también de su propiedad, la de Silao a San Miguel de Allende. El “negocio” que Diego Sinhue planteó ha sido el peor desfalco al erario público desde que tenemos memoria.
Unos tres mil millones de pesos cambiaron de manos el último día del sexenio (el valor presente de la concesión que tiene un ingreso anual de 250 millones). Para contadores: de la cuenta de activo fijo de la Situación Financiera del Estado del Gobierno de Guanajuato, pasó al Activo Fijo de la Concesionaria del Valle de la Independencia S.A. de C.V.
Un bien público fue concesionado bajo la promesa de construir una nueva carretera, que no será propiedad del Estado, sino de los propios concesionarios. Lo que siguió es sencillo: cada que paga su cuota un capitalino o un visitante, abona a una cuenta particular. Eso sucede desde hace más de un año.
Para los capitalinos, que no tienen una entrada decente a su ciudad más que esa, es paso y pago obligados. Esos recursos irán a construir otra carretera que ya no será susceptible de ser explotada por el Estado ni ayudará a financiar infraestructura, como sucedió en otros sexenios. Su beneficio será para los sanmiguelenses y, sobre todo, para los dueños de la nueva carretera. Los capitalinos pagarán durante 30 años por un negocio que diseñó Diego Sinhue para beneficiar a particulares más que a los cuevanenses. De entrada, algo muy difícil de justificar, porque había diez formas de financiar y construir, no una, sino más carreteras, sin despojar al Estado de una que funciona de maravilla desde hace 36 años.
Pesa sobre los representantes populares de Acción Nacional una definición clara: ¿a quiénes representan?, ¿a los intereses de Diego Sinhue y de empresarios constructores que se benefician desde hace un año con el flujo de pagos de la carretera o a los habitantes de Guanajuato y a quienes pagan por ir a trabajar o a pasear por nuestra capital?
Ninguna ciudad del tamaño medio a grande del estado tiene garitas de pago a su entrada: León tiene caminos de cuatro carriles en cada punto cardinal. Lo mismo Irapuato y Celaya. La llamada “carretera libre” que sale de la capital hacia Silao tiene más de 70 años, es peligrosa y, si se quisiera usar como alternativa para ahorrar la cuota, el tráfico sería imposible.
Los más interesados en defender a los ciudadanos son su alcaldesa, Samantha Smith, y su representante en el Congreso, Juan Carlos Romero Hicks. Por supuesto que la gobernadora Libia García puede liberar a los capitalinos y a su gobierno de la terrible carga que Diego Sinhue depositó en las espaldas de los ciudadanos.
Lo bueno es que muchos grupos sociales se dieron cuenta de que tendrían que pagar durante los próximos 30 años a una empresa privada por entrar y salir de su ciudad. Todo sin el beneficio del flujo que antes permitió construir infraestructura. Todo bajo la sospecha de la mayor corrupción. Porque no hay otra forma de explicar el camino que tomó Diego Sinhue para despojar a Guanajuato de un bien público cuyo valor es de 3 mil millones de pesos.
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