La condición de Guanajuato en enero de 1810 era todavía envidiable. Esta intendencia se erigía como la más rica y productiva de la Nueva España, gobernada por Juan Antonio de Riaño, un funcionario ilustrado fruto del reformismo de la dinastía de los Borbones. En aquel entonces, Guanajuato era la verdadera joya de la corona: la audacia de Antonio Obregón y Alcocer al perforar la roca de Valenciana en 1768 permitió extraer una cantidad de plata equivalente a casi la cuarta parte de la producción mundial.
Un fenómeno económico de tal magnitud exigía una administración marcada por la pulcritud y la decencia. Para ello, el Imperio Español contaba con mecanismos de control rigurosos:
• El Juicio de Residencia: Examinaba a profundidad la conducta de un alto funcionario al terminar su encargo. El señalado no podía abandonar el lugar ni asumir nuevas responsabilidades hasta ser absuelto de cualquier cargo formulado por la ciudadanía.
• La Visita: Inspecciones sorpresa realizadas por un experto nombrado por el Consejo de Indias para investigar denuncias de corrupción, maltrato a indígenas o evasión fiscal.
• La Real Audiencia: Funcionaba como un contrapeso al virrey, ejerciendo labores de contraloría y vigilancia.
• Reglas de Imparcialidad: Los funcionarios peninsulares tenían prohibido casarse con mujeres de su jurisdicción, poseer tierras o negocios locales, e incluso ser padrinos en eventos sociales que comprometieran su objetividad.
Riaño era un administrador excepcional con mentalidad de ingeniero y amplia experiencia militar. Su misión, reportando directamente al Rey, era asegurar la riqueza de Guanajuato, recaudar el Quinto Real y extirpar la corrupción de los alcaldes. Bajo esta lógica de supervisión estatal, mandó construir la Alhóndiga de Granaditas para evitar la especulación y las hambrunas, convirtiéndola en el edificio civil más grande de América en su tiempo.
Para Riaño, los caminos no eran simples rutas, sino las venas por donde corría la riqueza y el control militar. Modernizó el acceso a la ciudad por Marfil y centralizó la obra pública para eliminar intermediarios sospechosos que interfirieran con el flujo de capital hacia España. Incluso estableció la Acordada, una especie de policía rural, para garantizar la seguridad en los trayectos.
Esa plata viajaba por el Camino Real —la misma ruta que el exgobernador Rodríguez privatizó recientemente — rumbo a la Ciudad de México y Acapulco, para integrarse a la globalización que unía a Valenciana con Manila y China. Este intercambio generaba ganancias del 400% a los mercaderes de la época.
¿Cómo es que, habiendo sido el eje del comercio mundial y la potencia más descollante de la época, caímos en una desgracia de la que no logramos recuperarnos? Parte de la respuesta reside en las élites criollas que, tras la independencia, se hicieron del poder eliminando los mecanismos de control que hacían eficiente al gobierno. Libres de frenos, los gobiernos se volvieron ineficientes y se entregaron a un saqueo de las arcas públicas que persiste hasta hoy.
Aunque a inicios del siglo XXI hubo intentos de mejora implementando sistemas anticorrupción; y si bien ya dábamos tumbos, a partir del gobierno de Diego Sinhue todo avance fue torpedeado para operar, sin riesgos, una red de abusos de poder y desvío de dinero público.
Surge de pronto la voz de Juan Carlos Romero Hicks, quién fue gobernador, rector universitario y ahora es diputado, que exige, ante la intuición de malos manejos del anterior ejecutivo estatal, una evaluación realizada por una auditoría externa especializada a su último acto gubernamental, la entrega de una concesión un dia antes del fin de su gestión. También proclama la necesidad de una entrada libre y digna para la capital.Hoy, con el nuevo “gobierno de la gente”, la gobernadora enfrenta una decisión crucial: o combate frontalmente la corrupción para modernizar la administración, o toma el camino hacia Comanjilla. Todos sabemos perfectamente a qué trayecto me refiero.
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