“Ya no quiero escuchar que faltan medicamentos”
AMLO, 9.11.2021
El pasado 25 de abril, en Tenango de Doria, Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó lo que los discursos oficiales no pueden negar. Ciudadanos que, con valentía, le reclamaron directamente la falta de medicamentos en sus centros de salud. No hay medicamentos en San Bartolo; tenemos que salir a comprarlos, reclamó una señora, mientras otro adulto mayor denunció que no hay doctores ni medicamentos. Incluso le informaron que “cobran hasta por tomar la presión”. La mandataria reconoció: “Eso está muy mal” y se comprometió a resolver el problema de inmediato.
Apenas días antes, en la conferencia matutina del 30 de marzo, la presidenta había presumido un 97 % de abasto de medicamentos en clínicas y hospitales públicos. Esta cifra, repetida como un mantra desde Palacio Nacional, contrasta brutalmente con el testimonio de quienes deben peregrinar entre unidades médicas en busca de los fármacos que necesitan para sobrevivir. La presidenta Sheinbaum había atribuido los faltantes a un proveedor, minimizando un problema estructural que los ciudadanos viven cotidianamente. Esta disonancia entre la retórica gubernamental y la experiencia real de los pacientes refleja una gestión sanitaria más preocupada por las estadísticas que por las personas.
El 23 de abril, la administración emitió un decreto que reforma el Reglamento de Insumos para la Salud y establece un plazo de 180 días para que Cofepris autorice medicamentos innovadores y biotecnológicos. En papel, esto representa un avance regulatorio importante. Sin embargo, la letra pequeña revela una paradoja cruel: estos nuevos medicamentos autorizados no necesariamente estarán incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Es decir, Cofepris puede aprobarlos, pero el sector público no está obligado a comprarlos ni distribuirlos. Para los pacientes del sistema público, esta modernización regulatoria es irrelevante si los medicamentos siguen fuera de su alcance.
Quizás la medida más preocupante proviene del Secretario de Salud, David Kershenobich, quien el 30 de marzo anunció la reducción del catálogo de medicamentos del sector público de 2,753 a 1,929 claves. La justificación oficial habla de priorizar los tratamientos más eficaces, seguros y disponibles, y de optimizar el uso de los medicamentos. La eliminación de más de 800 claves de medicamentos se presenta como una modernización, cuando en realidad constituye una restricción sin precedentes del arsenal terapéutico disponible para los médicos y pacientes del sector público.
Esta reducción no se basa en evidencia clínica robusta ni en los consensos de la comunidad médica, sino en una racionalidad administrativa que ignora la heterogeneidad de las necesidades de salud de millones de mexicanos. Mientras el secretario insiste en que las personas recibirán cada vez más y mejores tratamientos, la realidad es que los médicos tendrán menos opciones terapéuticas para atender la diversidad de condiciones clínicas que enfrentan a diario.
Como si lo anterior fuera insuficiente, los pacientes mexicanos enfrentan un obstáculo adicional: la extensión artificial de las patentes farmacéuticas, que mantiene los medicamentos fuera del alcance de la población. El decreto del 23 de abril establece que, si Cofepris se retrasa injustificadamente en otorgar un registro sanitario, las farmacéuticas pueden solicitar un certificado complementario que extienda la vigencia de la patente por hasta 5 años. Esta disposición, lejos de compensar las demoras administrativas, crea un incentivo perverso para prolongar los monopolios. A esto se suma que, para 2026, el gobierno dejó de comprar 415 millones de piezas de medicamentos, en comparación con el último año del gobierno del presidente Peña Nieto.
Con un detalle que apunta a la corrupción franca, el precio promedio por pieza de medicamento en 2018 fue de 38.72 pesos, y con la presidenta Sheinbaum, en 2026, de 91.83 pesos (un 23.2 % más que en 2025).
La megalicitación anunciada terminó con más de 381 procedimientos de adquisición publicados, más de 10,400 contratos, solo dos licitaciones y una invitación a tres proveedores; el resto (fuente de corrupción) fue adjudicado directamente.
La acumulación de estas decisiones —reclamos ignorados, estadísticas infladas, innovación inaccesible, recortes de medicamentos y patentes extendidas— dibuja un panorama sombrío para el derecho a la salud en México.
RAA
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