Los mexicanos recordarán, en 2014, a Hilario Ramírez, mejor conocido como Layín, cuando alcanzó notoriedad al reconocer públicamente, con enorme cinismo y frescura, que había robado recursos municipales. “Sí robé, pero nada más poquito”, dijo entre risas. Aquella escena terminó convirtiéndose en una metáfora de un problema mucho más profundo: la corrupción municipal como práctica tolerada y normalizada.

La corrupción en México suele asociarse al Gobierno federal. Sin embargo, los datos más recientes de la Auditoría Superior de la Federación cuentan una historia distinta. El informe de la Cuenta Pública 2024 reveló observaciones por alrededor de 65 mil millones de pesos. De esa cifra, cerca de 59 mil millones corresponden a municipios. Dicho de otra forma, más del noventa por ciento de las irregularidades detectadas se concentra en los gobiernos locales.

La estadística es contundente. Seis de cada diez pesos de recursos federales transferidos a los municipios presentan problemas de comprobación, documentación o aplicación. Ello no significa necesariamente que todo el dinero haya sido robado, pero sí que las autoridades responsables no pudieron demostrar cómo fue gastado o fue utilizado para fines distintos a los autorizados.

Pero ¿por qué ocurre esto? Entre la cultura de la deshonestidad y en la propia estructura del poder municipal están las principales causas del fenómeno de la corrupción. Los ayuntamientos administran miles de millones de pesos con sistemas de vigilancia débiles y contralorías subordinadas políticamente; también, la fracción del cabildo del partido del alcalde funciona más como órgano de ratificación que de supervisión. Muchos gobiernos locales se han convertido en plataformas para escalar proyectos políticos personales.

Recordemos que el deseo mueve al ser humano, sobre todo en política. Cuando un gobernante busca trepar hacia un cargo superior o impulsar a su criatura, la tentación de utilizar el presupuesto público en su beneficio político se vuelve irresistible.

En León se vive esta situación. Mientras la alcaldesa aparecía de manera recurrente en espectaculares y diversos espacios de promoción pública, negaba ser ella, y afirmaba que se trataba de una modelo que se le parecía y, al mismo tiempo, fortalecía la presencia política de Alan León, su criatura, como su sucesor.

Así las cosas, el periódico AM documentó varios casos que levantaron dudas sobre el manejo de recursos municipales. Entre otras, las empresas Marketing TLGR y Office and Publicity, presuntamente vinculadas al secretario Allan León, recibieron respectivamente, 35 y 12 contratos del Municipio por varios millones de pesos. La investigación periodística encontró elementos relevantes. Una de las fundadoras aseguró desconocer que figuraba como socia de la empresa. Otra persona incluida en los registros tampoco era identificada por sus familiares como empresaria.

El caso refleja patrones recurrentes: vinculación con funcionarios, domicilios inoperantes, documentación inconsistente, contrataciones opacas y recursos cuyo destino final resulta difícil de rastrear. La regidora independiente, Norma Zuñiga, solicitó al síndico Román Cifuentes, del PAN, presentar denuncia penal. También, la diputada de Morena, Hades Aguilar, pide que se llegue hasta las últimas consecuencias: “León merece justicia”.

El problema de fondo no es únicamente la posible existencia de empresas fantasma. El verdadero riesgo es la ausencia de controles eficaces que impidan que recursos públicos terminen alimentando redes políticas o estructuras de beneficio personal. Cuando los sistemas de vigilancia fallan, el presupuesto deja de servir al ciudadano para servir a quienes controlan el poder.

La corrupción municipal posee además una característica especialmente peligrosa: es cercana al ciudadano y, al mismo tiempo, difícil de detectar. Mientras tanto, miles de contratos menores, adjudicaciones directas y servicios no prestados pasan prácticamente inadvertidos. La fragmentación del gasto y la limitada información permiten que numerosas irregularidades y abusos permanezcan ocultas.

Es necesario replantear seriamente la fiscalización municipal. Contralorías autónomas, transparencia en tiempo real, auditorías preventivas, vigilancia ciudadana efectiva y sanciones podrían reducir un problema que consume miles de millones de pesos anuales.

Porque cuando seis de cada diez pesos transferidos a los municipios no pueden comprobarse, la pregunta ya no es si existe corrupción, es una verdad de Perogrullo. La verdadera pregunta es cuánto de ese dinero termina financiando beneficios, casas, lujos y proyectos políticos que nada tienen que ver con las necesidades de la población. Ahí se encuentra, precisamente, la caja negra de la corrupción. Mientras, la alcaldesa permanece en silencio…