“Bruto” proviene del latín “brutus” y se refiere a algo pesado, torpe, tosco y sin refinamiento. No es necesariamente un insulto referido a la inteligencia, sino a aquello que aún carece del trabajo necesario para convertirse en una obra terminada. De ahí las expresiones como “fuerza bruta” o “diamante en bruto”, es decir, algo que existe, pero que todavía no ha sido transformado mediante conocimiento, técnica y refinamiento.
Quizá esa sea una de las mejores metáforas para describir algunos procesos legislativos actuales en materia de salud, enfatizando que, además de lo peligroso que puede ser el legislar de mala fe, también es de alto riesgo el legislar en bruto, pues cuando una iniciativa de ley llega al Congreso sin haber pasado por el refinamiento de la evidencia científica, el análisis económico, la experiencia operativa, la evaluación del impacto regulatorio y el consenso técnico, estamos frente a un problema de gran calado.
Una ley sanitaria redactada en bruto puede sonar convincente, es más, puede ser políticamente popular, pero sigue siendo una pieza sin terminar y cuando esa pieza incompleta se convierte en norma obligatoria, los que terminan pagando el costo no son los legisladores, son los pacientes.
Hay otra imagen que ayuda a comprender el problema: el coloso de pies de barro. Una estructura monumental que impresiona por su tamaño, por la grandiosidad de su diseño y por la nobleza de las ideas que pretende representar. Sin embargo, toda esa magnificencia descansa sobre una base incapaz de soportar su propio peso y algo similar ocurre con algunas leyes sanitarias.
En salud, una ley o norma no es solamente un conjunto de artículos publicados en un diario oficial. Son decisiones que condicionan cómo se previenen enfermedades, cómo se financian los servicios, qué tecnologías pueden utilizarse, cómo se organizan los sistemas de atención y en última instancia a quién tendrá acceso a tratamientos oportunos y quién no.
Por eso, resulta preocupante observar iniciativas construidas sobre diagnósticos incompletos, premisas discutibles o conceptos que ya no corresponden a la realidad científica y operativa. Se legisla sobre la idea del sistema de salud que quisiéramos tener, pero no sobre el sistema que realmente existe. Se privilegia el discurso sobre la evidencia, la aspiración sobre la factibilidad o la narrativa política sobre los datos.
Citando como ejemplo la legislación relacionada con la sangre y los medicamentos derivados del plasma, observamos como una política pública puede perseguir objetivos legítimos y, sin embargo, fracasar al partir de supuestos equivocados. Cuando no se comprende la complejidad del abastecimiento, la disponibilidad de plasma para fraccionamiento, la economía de la producción de hemoderivados o la experiencia internacional, existe el riesgo de construir un marco jurídico que limite precisamente aquello que pretende fortalecer.
Desafortunadamente, las malas leyes sanitarias suelen ser silenciosas y sus consecuencias aparecen lentamente: retrasan inversiones, dificultan la innovación, fragmentan responsabilidades, generan desabasto, desalientan nuevos modelos de atención y perpetúan ineficiencias que tardan años en corregirse y, mientras tanto, el costo humano comienza a acumularse, desde una cirugía suspendida por falta de componentes sanguíneos, un paciente que no accede a un medicamento derivado del plasma, un laboratorio obligado a operar bajo restricciones técnicamente injustificadas o un hospital que no logra implementar tecnologías que el resto del mundo ya considera estándar. Entendámoslo: las consecuencias de legislar en bruto no se miden únicamente en expedientes administrativos, también se traducen en sufrimiento, discapacidad y muerte.
Por ello, la elaboración de una ley sanitaria debería parecerse mucho más a la construcción de un puente que a la redacción de un discurso. Antes de colocar la primera piedra debería haber cálculos, simulaciones, pruebas de resistencia, revisión por especialistas y múltiples mecanismos de control, pues nadie aceptaría inaugurar un puente sustentado únicamente en buenas intenciones, pero, ¿por qué entonces aceptamos leyes sanitarias construidas sin el mismo nivel de rigor?
México necesita menos monumentos legislativos y más arquitectura institucional. Menos colosos y mejores cimientos. Menos normas redactadas en bruto y más legislación refinada por la evidencia, la experiencia y la discusión técnica, porque las leyes pueden parecer gigantes durante el debate parlamentario, pero si descansan sobre pies de barro, tarde o temprano terminarán por desplomarse. La diferencia es que, en salud, sus escombros no caen sobre edificios, caen sobre pacientes.
Dr. Juan Manuel Cisneros Carrasco, Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor universitario y promotor de la donación voluntaria de sangre.
