En tiempos de lluvias inmensos socavones se abren en las ciudades. Lo mismo pasa en la política, pero ahí no hay consecuencias.
El sinaloense Rubén Rocha Moya es “gobernador con licencia temporal”. Sus cuentas fueron congeladas, pero se ignora el alcance de las investigaciones. La elección que lo llevó al poder estuvo plagada de abusos, secuestros y amenazas que apuntaban al crimen organizado. Estados Unidos pidió su extradición, diciendo que sólo presentaría pruebas durante el juicio (cláusula difícil de entender pero que, como tantas rarezas legales, se basa en un acuerdo). Aceptar un proceso de ese tipo sentaría un precedente de alto riesgo; otros mexicanos podrían ser llevados sin pruebas ante tribunales extranjeros. Con todo, mientras el asunto no se aclare cabalmente en México, la protección a Rocha Moya no representará una defensa de la soberanía sino de la impunidad. ¿Qué podemos esperar? “La aplicación de la justicia federal del caso Rubén Rocha está en manos de sus compañeros de luchas políticas y electorales”, escribió hace unos días Omar Garfias, en el semanario sinaloense Ríodoce.
Mientras tanto, en Zacatecas, aparecieron diez cadáveres, cinco de ellos colgados de un puente. Fue una masacre con firma y destinatario. En un video el Cártel de Sinaloa y la fracción controlada por uno de los hijos del Mayo Zambada, Ismael Zambada Sicarios, Mayito Flaco, se dirigieron al gobernante del estado en estos términos: “Le pedimos a usted, señor gobernador David Monreal, que cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización, ya que por nuestra parte estamos cumpliendo, y para muestra, ahí está lo que nos encargó. Queremos dejarle claro que si usted nos traiciona, en los pactos que tenemos no solo con usted, también con sus corporaciones, usted y toda su descendencia van a acabar igual o peor”. El mensaje no demuestra la existencia de un pacto, pero sí de un poder alterno que el gobierno local no puede contener.
Pasemos a Baja California, región castigada por los cuestionables gobiernos del priista Xicoténcatl Leyva Mortera y el panista Francisco Vega de Lamadrid, que ahora padece la incompetencia de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, primera gobernante del país a la que se le niega una visa de turista a Estados Unidos. Tres audios revelaron que se reunió con funcionarios del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional con el fin de ofrecerles apoyo a cambio de una visa. Al enterarse de que había sido grabada, afirmó que se trataba de un montaje hecho por el ex gobernador Jaime Bonilla, también morenista. Con trampa o sin ella, su promesa de cooperar en forma clandestina con mandos extranjeros violó la Ley de Seguridad Nacional.
Según informa Adela Navarro Bello, directora del semanario Zeta, el ex esposo de Ávila Olmeda, Carlos Torres, político panista, y su hermano, Luis Torres, fueron mencionados por un testigo como cómplices del contrabando de huachicol (cabe señalar que Luis Torres dirigió la Administración de la Aduana en tiempos de Felipe Calderón).
En este contexto, sorprende que el único mandatario detenido desde que Morena llegó al poder sea el ex panista Ernesto Ruffo, primer político de oposición que gobernó Baja California. Al enterarse de las acusaciones por delincuencia organizada y huachicol, no escapó ni tramitó amparo y se ofreció a declarar. Su estilo de vida está lejos de ser ostentoso y es respetado en Ensenada, donde fue alcalde y donde barrió las calles cuando el gobernador Xicoténcatl Leyva le negó apoyo presupuestal. Dedicado a sus empresas, Ruffo no abandona la política y participa en la creación del partido Somos México, de orientación socialdemócrata.
La orden de aprehensión en su contra fue negada por un juez de carrera y otorgada por una “jueza de bienestar” que estaba de guardia. Es imposible no ver en esta captura, y en la ostentosa exhibición mediática que se hizo de ella, un sesgo extrajudicial. “En la FGR de Morena el caso político avanza más rápido que el criminal”, escribe Navarro Bello.
De manera encomiable, lo primero que Ernestina Godoy dijo al llegar a la Fiscalía General de la República fue que no fabricaría culpables. Ignoro si hay bases reales para acusar a Ruffo. Por el momento, su detención en medio de tantos ilícitos que no son perseguidos apunta a un uso parcial de la justicia.
ÁTICO
Entre tantos ilícitos no perseguidos, es imposible no ver en la captura de Ernesto Ruffo un sesgo extrajudicial.
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
