¿Se han dado cuenta de que, durante cada elección, la calidad y la honradez de nuestros gobiernos, lejos de mejorar, empeoran? Si acudimos a la teoría democrática, deberíamos esperar exactamente lo contrario: que el ejercicio de la democracia produzca mejores gobiernos, fortalezca la organización de las comunidades y permita atender con mayor eficacia los problemas públicos, generando paz y prosperidad. Sin embargo, sucede algo que trastoca esa lógica y provoca que, elección tras elección, todo vaya de mal en peor. Veamos.
En los últimos tres sexenios, y en lo que va del actual, los guanajuatenses hemos presenciado un deterioro institucional cada vez más preocupante. Desde 2006 comenzó a desmantelarse el profesionalismo del servicio público al abandonar la construcción de un verdadero servicio civil de carrera para sustituirlo por un grosero mecanismo de reparto de empleos entre los integrantes del grupo político ganador. En la capital del estado fueron despedidas incluso secretarias con muchos años de experiencia para abrir espacios a los cuates, ansiosos por ocupar un puesto dentro del gobierno.
Durante las administraciones siguientes el problema no solo no se corrigió, sino que se agravó. Fue necesario multiplicar la burocracia para crear más posiciones destinadas a los vencedores de cada proceso electoral. Los perfiles, la experiencia y los conocimientos dejaron de ser importantes; lo imprescindible pasó a ser la lealtad absoluta al gobernador en turno y a su grupo político. La eficiencia y la eficacia fueron desplazadas por la obediencia incondicional.
Ese modelo terminó generando nuevas distorsiones. La selección de gobernadores y alcaldes dejó de procesarse mediante auténticas elecciones internas, porque la disciplina del grupo exigía candidatos plenamente confiables para garantizar la continuidad del sistema. En los últimos sexenios simplemente imperó el dedazo. Así logró mantenerse el mismo grupo de control, convertido con el paso del tiempo en una auténtica mafia política.
Pero el deterioro no termina ahí. Las nuevas condiciones electorales en el ámbito nacional han llevado a muchos políticos desesperados a pactar con el crimen organizado con tal de conservar el poder. Para estos mentecatos, cualquier alianza resulta aceptable si les garantiza el triunfo. Guanajuato se encuentra en el filo de esa realidad. Basta recordar que el exgobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo reveló, en junio de 2024, que ocho candidatos electos entre alcaldes y diputados tenían presuntos vínculos con el crimen organizado. Los expedientes fueron enviados a las autoridades federales y, hasta la fecha, nada sabemos de ellos. Esa puerta permanece abierta.
En materia de combate a la corrupción también hemos retrocedido. Se trata de una política pública fundamental porque constituye el mecanismo más eficaz para depurar la administración y fortalecer la confianza ciudadana. Sin embargo, las instancias responsables permanecen inmóviles frente a revelaciones de corrupción de dimensiones gigantescas.
Ahí está el descubrimiento del sofisticado modus operandi que habría funcionado durante el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El periodismo de investigación de “PopLab” analizó miles de registros fiscales, contratos públicos, actas corporativas y documentos financieros en el reportaje “La rentabilidad del miedo”. Sus hallazgos describen la estrecha relación entre Seguritech y los gobiernos panistas de Guanajuato. La investigación documenta cómo fueron transferidos 33 mil millones de pesos mediante contratos adjudicados de forma directa. Todo ocurrió en lo oscurito, mientras las comisiones fluían discretamente. Incluso la residencia de Woodland del exgobernador quedó al descubierto.
Al mismo tiempo estalló otro caso igualmente delicado: el otorgamiento de una cuestionada concesión carretera a otra empresa consentida, VISE. Mediante una licitación simulada, que dejó fuera a trece competidores y convirtió a VISE en el único postor, se entregó la concesión de la carretera Silao-San Miguel de Allende, acompañada de un regalo multimillonario: la explotación del derecho de vía de la supercarretera Guanajuato-Silao. Un paquete que representará un flujo cercano a los 22 mil millones de pesos para el consorcio concesionario. El daño al erario resulta enorme; las transferencias a un particular, monumentales, y los beneficios para el exgobernador y sus operadores, simplemente millonarios.
Las elecciones de 2027 nos colocan frente a dos caminos. El primero consiste en refrendar el esquema de compra generalizada de votos que cancela la libertad del sufragio, fortalece a las cúpulas políticas y preserva sus inagotables fuentes de ingresos obtenidos con malas artes. Solo les falta un socio todavía más poderoso dispuesto a perfeccionar y escalar ese modelo.
La segunda opción consiste en recuperar las elecciones limpias como una verdadera oportunidad para corregir el rumbo de nuestros gobiernos. Debemos postular candidatos potables, respaldados por ciudadanos libres, y excluir de una vez por todas a los impresentables de siempre, esos que solo conciben la política como un negocio para abusar del poder y saquear el patrimonio público.
La corrección no vendrá de un partido, de un caudillo ni de un mesías. Tendrá que surgir de la ciudadanía. Solo nosotros podremos erradicar los vicios que hoy corroen nuestras instituciones. No hay salvadores providenciales. La oportunidad está frente a nosotros y la herramienta sigue siendo la misma: un voto libre, consciente y verdaderamente ciudadano.
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