La historia política suele incurrir en un viejo vicio: convierte a los personajes en mártires o perseguidos políticos. Rara vez los contempla como lo que son en un Estado de derecho: ciudadanos sujetos al imperio de la ley.
Eso es precisamente lo que ocurre con Ernesto Ruffo Appel. Apenas se conoció su detención, el PAN y Somos México enarbolaron la bandera de la persecución política; así, el exgobernador, de inmediato, pasó de imputado a mártir. Para unos, el asunto es solo un distractor, para otros, la Fiscalía General de la República simplemente está cumpliendo con su ministerio de ley.
Como ocurre en la política mexicana, ambas interpretaciones contienen una dosis de cálculo político. No sería extraño que el Gobierno federal buscara enviar un mensaje a Somos México sobre la vulnerabilidad de sus santones, aunque la investigación se inició hace más de un año. Tampoco resulta casual que una organización que apenas rompe el cascarón haya decidido convertir a Ruffo en mártir y elevarlo a los altares de la patria.
Pero ya una juez vinculó a proceso al exgobernador, a su socio Ricardo Thompson y siete personas más. Son acusados por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, por lo que deberán permanecer en prisión mientras se desarrolla el proceso penal y la investigación se amplía a otros involucrados.
El personaje es demasiado importante para que la FGR corriera una aventura. Por lo tanto, las pruebas conocidas hasta hoy son duras y relevantes. Durante la audiencia inicial, la FGR expuso el esquema de defraudación atribuido a Ruffo y a su socio: la organización habría introducido millones de litros de combustible al país mediante contrabando, ocasionando un daño superior a cuatro mil millones de pesos al erario por concepto del IEPS.
La Fiscalía investiga los permisos de importación de combustible otorgados a Ingemar, muy escasos a nivel nacional, por 500 millones de litros de derivados petrolíferos para la empresa de Ernesto Ruffo. De acuerdo con la acusación, los hidrocarburos ingresaron como aceite para evitar el pago del IEPS. La investigación también señala diferencias entre los volúmenes declarados y los realmente transportados.
Entre los aseguramientos figuran 36 ferrotanques localizados en Ramos Arizpe y otros en Saltillo; suman 129, cargados con diésel. Se habla de millones de litros de diésel de contrabando que ingresó como aceite y que no pagó IEPS. Uno de los mayores casos de huachicol fiscal…
Ruffo sostiene que desconocía esas operaciones y que jamás participó directamente en las importaciones realizadas por Ingemar. Sin embargo, ¿puede uno de los dos accionistas, que además era secretario del consejo, ignorar las generosas utilidades que la empresa obtuvo al no pagar el IEPS?
Llama la atención el cambio de opinión del expresidente Calderón sobre Ruffo. Hoy encabeza las voces que denuncian una persecución política. Habla de él como si hubiera olvidado las acusaciones que le formulaba en 2017.
Ese año escribía: “Ruffo y su hermano Claudio, entregaron Baja California al cártel de los Arellano Félix”. No era una observación menor; era una acusación política de enorme gravedad. Calderón responsabilizaba a Ruffo de haber pactado con el cártel de los Arellano Félix el control de Baja California. ¿Qué cambió entre aquel Ruffo señalado con índice flamígero y el Ruffo de hoy convertido en mártir político? La respuesta parece evidente: cambió el adversario político.
Por su parte, Somos México enfrenta una contradicción incómoda. Ruffo forma parte de su Consejo Consultivo y, antes de conocerse el contenido del expediente, Acosta Naranjo metió las manos al fuego por él, comprometiendo el nuevo partido. ¿Y qué pasará si resulta culpable? Defender el debido proceso constituye una obligación democrática; decretar la inocencia por afinidad política, como lo hace Acosta Naranjo, es algo muy distinto.
Pero ni los gritos destemplados de Fox ni las lagunas mentales de Calderón resolverán este caso. Lo hará un juez, con base en evidencias como la dispersión de recursos, el material declarado y el encontrado en los ferrotanques, los manifiestos ferroviarios, las facturas, las declaraciones fiscales, la participación accionaria del 48 % de Ruffo y 48 % del socio en Ingemar, y el destino de los millones de litros de combustible cuya ruta intenta reconstruir la Fiscalía.
Porque los discursos producen aplausos. Las pruebas producen sentencias.
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