La realidad en México, tristemente, es que la educación privada sigue rebasando a la pública. Nuestro sistema educativo es decadente y poco eficaz, pues lo consumen los gastos operativos de la nómina docente y tiene poco margen para la inversión en equipamiento e infraestructura. Los indicadores de salida por eso son tan pobres: sin movilidad social, sin competencias académicas como las del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de la OCDE, donde México obtuvo puntajes bajos y un retroceso generalizado por debajo del promedio de los países miembros, en matemáticas, lectura y ciencias.
Aunque la calidad educativa es un resultado multifactorial -pues son muchos los factores que inciden en ella- sí sabemos que depende de una combinación de elementos socioeconómicos, desempeño docente, infraestructura escolar y políticas públicas. Las diferencias en el nivel de ingreso familiar, el contexto regional y los recursos disponibles marcan de forma directa el nivel de aprendizaje de los alumnos.
El tamaño del grupo es un factor relevante, pero no actúa de forma aislada ni es el más determinante por sí solo. Su impacto real se manifiesta en cómo altera la dinámica diaria del salón y en cómo puede ayudar a aliviar las carencias del sistema. La realidad de las aulas mexicanas es que tenemos una de las proporciones más altas de alumnos por profesor único entre los países miembros de la OCDE; en educación primaria, el promedio ronda los 15 alumnos por docente, mientras que en las escuelas públicas de México está alrededor de 30 estudiantes por grupo (en las privadas, tienen más de un profesor).
Esta semana, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, mediante la cual se establece que en las instituciones de educación básica el número máximo de educandos por grupo no debe exceder de veinticinco. En el dictamen se subraya que la disminución del número máximo de educandos por grupo de treinta y cinco a veinticinco busca la excelencia educativa, aunque como digo, no hay evidencia de que esta acción realmente pueda cambiar nuestra realidad educativa. Esto representaría miles de aulas nuevas y de docentes, y financieramente no veo cómo se pudiera hacer. Claro que es deseable y necesario, pero es una utopía. Agregó que la ley ya dice “menos de 35 alumnos”, por lo que existe la posibilidad de que puedan ser 25, y no se deben generalizar las distintas realidades.
Es clara la pertinencia de la disminución del número de estudiantes por grupo, pues nadie duda de los beneficios de los grupos pequeños, pero sería una cantidad monumental. No creo que haya un diagnóstico estatal que mida la realidad actual y cuánto significaría en inversión estatal pública. Desde luego que una decisión así tendría el respaldo de los sindicatos magisteriales, pues aliviaría su trabajo.
Se requerirían cambios de manera progresiva y en dos grandes rubros estratégicos: infraestructura escolar por uso 20,000 millones de pesos destinados a la construcción y equipamiento para miles de nuevas aulas en el estado. A esto se sumaría el gasto operativo anual, unos 2,000 millones de pesos necesarios para financiar la contratación y nómina de unos 20,000 nuevos docentes. ¿De dónde se sacaría esto? ¿Qué se sacrificaría?
En educación el dilema cantidad-calidad siempre ha existido. De concretarse, se perdería la inversión en esto, con el riesgo de disminuir la cobertura, pues fijar este tope de 35 por ley, sin tener el presupuesto etiquetado podría dejar a miles de alumnos sin un espacio disponible en las escuelas. Los mejores sistemas educativos en el mundo tienen políticas públicas como la evaluación docente y los estímulos basados en resultados; la inversión consistente en infraestructura pedagógica y en mejora de espacios.
Reducir la matrícula escolar por aula no garantiza por sí sola la excelencia académica. La literatura especializada ha documentado que es uno de tantos factores, no el determinante. Considero que muchas veces tomar decisiones que son buenas se hacen sin lógica presupuestal, pues la realidad nacional es que, si el País no crece en su PIB, no hay impuestos, y sin éstos no hay retorno de nuestro ISR a los estados, y así no hay manera de cubrir ideas como esta.
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