Pongámonos serios para analizar la reciente decisión de cambiar la naturaleza de la colaboración estatal en la contratación de artistas para la Feria de León. Por instrucciones de la gobernadora, se resolvió otorgar “apoyos en especie” en lugar de realizar una simple transferencia de fondos desde la Secretaría de Finanzas del Estado al Patronato de la Feria de León.
El contexto de esta decisión es el repentino interés de los gobiernos de toda índole por reforzar diversos eventos con programas de espectáculos musicales. De pronto, inspirados en la vieja Roma, concluyeron que la mejor forma de mantener mínimamente contentos a sus gobernados es mediante la política de “Panem et circenses” (pan y circo). De esta milenaria forma el pueblo es embrutecido mediante espectáculos populares, juegos mecánicos y comida tradicional mexicana. No requiere más para sentirse bien gobernado y votar por quienes le ofrezcan la mejor cartelera. Se puede llegar muy lejos, como en el sonado caso de Guanajuato Capital, donde un conocido politicastro para clientelizar ciudadanos regaló elotes en una plaza pública el pasado jueves.
La gobernadora Libia Dennise García, mediante su secretaria de Turismo, Guadalupe Robles, canceló los subsidios líquidos directos al Patronato de la Feria de León. En sustitución de ello, ha decidido “apoyar en especie” con la finalidad de lograr el uso eficiente de los recursos públicos. Así cambia el modelo de subvenciones desde Turismo y Economía. La idea es el pago de los conciertos desde el Gobierno de la Gente. Esto significa la contratación de artistas y de la producción del espectáculo. Buscarán a los mejores proveedores estatales y locales. Piensan en cuatro o cinco fechas cubiertas por artistas nacionales e internacionales y aún no tienen definido el monto; el año pasado consistió en un apoyo de 200 millones de pesos. Doña Guadalupe declara enfática: “la gobernadora quiere regalar esto a León”. Los siempre agradecidos leoneses deberán reconocer el regalazo que recibirán desde Palacio de Gobierno, sufragado, eso sí, con dinero público. ¡Son tan primitivos nuestros políticos para montar un engaño!
Pero enfoquémonos en la seriedad del análisis. Concentrémonos en desentrañar los motivos de tan sesuda decisión administrativa, que presenta rasgos temerarios, ya que la resolución de doña Libia replantea la relación jurídica, competencial y de control del gasto público estatal. Las contrataciones de artistas han tenido dos orígenes administrativos: desde la vía cultural, con instituciones como el INBA y el FIC, por ejemplo; y por medio del fomento turístico y económico desde 1990, en competencia entre las ferias de Aguascalientes, Puebla, León y Texcoco.
La transición hacia la contratación directa de servicios artísticos como gasto centralizado del Estado significa una mutación operativa que traslada íntegramente la carga de cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas a la entidad estatal. Ojo con las ocurrencias.
La Secretaría de Turismo se rige por el principio de legalidad (artículo 16 de la Constitución). Esto significa que solo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultada por ley. En su caso: diseño, coordinación e implementación de políticas de atracción turística, promoción del estado y fortalecimiento de eventos que generen afluencia nacional e internacional. La validez jurídica de lo que pretenden hacer para que la gobernadora entregue un bonito regalo a los leoneses requiere de una campaña oficial de promoción turística integral que pueda ser medida y verificada con exactitud en el Programa Presupuestario y en el Plan Estatal de Desarrollo.
También demanda de un nuevo Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa con el Municipio, en donde sean debidamente formalizados los espléndidos obsequios de la gobernadora. De otra forma, estaríamos ante la invasión del ámbito local (artículo 115 constitucional).
Aparte de quedar condicionadas estas acciones al debate parlamentario, también se sujetarán a las normas de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato sobre legalidad de las contrataciones, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el desempeño del programa, así como sobre la relación entre el gasto público y los beneficios comerciales que se buscan obtener.
Hay que ser serios, pues, y crear el Convenio Intergubernamental Formal, el Expediente Único de Contratación, Estudios de Costos, la Alineación Programática Presupuestal y las Actas de Entrega-Recepción del servicio, que constaten el cumplimiento, en tiempo, forma y con las especificaciones técnicas, del espectáculo “regalado” al pueblo de León.
Reflexión final: ¿No es más sencillo una transferencia que toda esta carga de trabajo que deberá realizarse con exactitud milimétrica para cumplir las instrucciones de la titular del Ejecutivo y consolidar el “apoyo en especie”? ¿O solo se trata, finalmente, de administrar los contratos para pactar sobreprecios y obtener moches para, desde allí, fondear las próximas campañas electorales? Advertencia: Los riesgos que correrán Guadalupe Robles y su equipo serán muy altos.
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