El decomiso de 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide es, sin duda, monumental por su volumen. Para dimensionarlo: supera casi cuatro veces los 15.48 millones de litros asegurados en 129 carrotanques en Coahuila y casi seis veces los 10 millones decomisados en el buque Challenge Procyon, en Tamaulipas.
Pero una cifra gigantesca no convierte por sí sola un aseguramiento en delito probado. La propia Fiscalía General de la República señala que todavía se investiga el origen y la trazabilidad del combustible. Por eso, el dato histórico está en los litros asegurados; la calificación de huachicol todavía tendrá que sostenerse con pruebas, no con adjetivos.
Y aquí aparece Grupo SIMSA, cuya empresa Gas Natural del Noroeste se dice que opera la terminal. La compañía sostiene que cuenta con los permisos para almacenar petrolíferos, que presta el servicio a terceros y que entregó en su momento la documentación a las autoridades para acreditar la legalidad de las operaciones y de los productos almacenados.
Entonces, ni absolución anticipada ni condena mediática. La ciudadanía debe conceder el beneficio de la duda a la empresa y, exactamente por la misma razón, a las autoridades que realizaron el aseguramiento. La verdad jurídica deberá surgir de la trazabilidad, los permisos, las facturas, las aduanas y los peritajes, no de quién grite más fuerte, muchas autoridades involucradas, además de empresarios y hasta terceros
Ahora bien, si de huachicol fiscal hablamos, la lupa debe alcanzar a todos. En 2025 la Procuraduría Fiscal estimó un posible impacto de hasta 600 mil millones de pesos, aunque posteriormente la Presidencia aclaró que esa cantidad era una estimación y que no existía entonces una cifra oficial consolidada, para evitar más el escándalo.
También está el caso Deer Park. Según documentos judiciales citados por El País, diez carrotanques vinculados a la red investigada en el caso Ruffo fueron enviados desde Deer Park y posteriormente se determinó que transportaban un millón 32 mil 680 litros, pese a que documentalmente se habían declarado 100 mil. Pemex es propietario de Deer Park desde 2022.
La comparación resulta incómoda: los 59 millones de Guanajuato equivalen a unos 371 mil barriles, prácticamente un día de la capacidad de procesamiento de Deer Park, que alcanza 340 mil barriles diarios. No significa que sean operaciones equivalentes, pero sí demuestra la dimensión industrial del problema.
Y si la investigación del huachicol fiscal alcanzó incluso a una instalación propiedad de Pemex, entonces nadie debería quedar fuera de la investigacion: empresarios, funcionarios, aduanas, Pemex y, desde luego, cualquier elemento de la Marina que resulte involucrado mediante pruebas.
Lo mismo debe aplicarse a Ernesto Ruffo. Tiene 74 años y su defensa ha solicitado prisión domiciliaria; la ley contempla esa posibilidad, pero no la convierte en automática. La edad no determina culpabilidad ni inocencia, y tampoco debe existir una justicia distinta por apellido, partido o posición política. Sin embargo, la edad y la condición de salud, son motivo para un trato en el que dé prioridad al sentido humanitario.
El verdadero golpe histórico, entonces, no será acumular millones de litros en una fotografía espectacular. Será demostrar de dónde salieron, quién los compró, quién los almacenó, quién los trasladó, quién dejó pasar lo que no debía pasar y quién se benefició, quien se está enriqueciendo con gigantesco monstruo de almacenamiento y de ser ilícito quienes son sus padrinos políticos. Ahí estará la verdadera medida del operativo.
jmto231967@gmail.com
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
