Concluyeron las negociaciones entre el Patronato de la Feria y el Gobierno del Estado para definir los apoyos para la edición de enero próximo. Los acuerdos llegan en un contexto en el que el organismo aún resiente las consecuencias de un deficiente manejo de la comunicación en los últimos meses, que propició percepciones equivocadas y una opinión pública adversa que persiste hasta ahora.
Recientemente se instaló la idea de que la Feria está casi quebrada. La realidad es que desde hace más de 40 años el organismo ha sido autosuficiente y deja remanentes, incluso durante la pandemia.
Todo este barullo lo generó el Gobierno del Estado al ofrecer 200 millones de pesos al Patronato para que organizara conciertos masivos que nadie había solicitado, generando una necesidad que no se tenía y afectando el enfoque popular, cultural, comercial y ganadero que siempre había tenido nuestra feria.
Hoy, la crítica se centra en el ejercicio de los recursos públicos, cuestionando la pertinencia de ciertos egresos y el manejo de las cifras. El actual Consejo Directivo enfrenta las consecuencias de decisiones heredadas, como los 18 millones de pesos destinados a las conferencias Inspira, sin beneficios medibles identificados y la entrega de boletos VIP a consejeros para conciertos financiados con recursos públicos; y decisiones de inversión cuestionables como la contratación de Solareón, cuya renta costó 20 millones de pesos.
Lo interesante es que, producto de ese debate, se ha planteado la necesidad de que el Patronato se ponga creativo y busque nuevas fuentes de ingresos, pero cuando el organismo busca comercializar los espacios disponibles por los cuales no obtiene ninguna renta, recibe una rechifla generalizada, pues esos espacios los ocupa el Gobierno del Estado para ubicar a expositores de la Marca GTO.
Dichos espacios representan aproximadamente 14 millones de pesos que el Patronato podría obtener si los comercializa. El Gobierno del Estado, en las negociaciones, por un lado se niega a pagar por esos espacios que son apoyo directo para los emprendedores, pero por el otro ofrece un sexto concierto que costará entre 15 y 20 millones de pesos, concierto con capacidad de máximo 15 mil personas, que además nadie pidió, ni es necesario.
La pregunta es: ¿qué es más productivo? ¿Apoyar a los microempresarios pagándoles su renta en la feria que dura 28 días, o destinar la misma cantidad de dinero —o incluso más— para generar un espacio de entretenimiento que solo dura dos horas? La respuesta desde el punto de vista económico-productivo es sencilla: socialmente es más redituable apoyar empresas que generen empleos; pero la respuesta desde el punto de vista político-electoral no es la misma, pues un concierto puede generar miles de votos, más que un centenar que le darían los micro y pequeños empresarios.
Si al Patronato se le exige —con razón— avanzar hacia la autosuficiencia financiera, los gobiernos municipal y estatal deben brindarle las condiciones para lograrlo. Esto implica reducir la dependencia de los subsidios públicos, pero también evitar solicitarle organizar eventos de acceso gratuito o a bajo costo, sin que exista una retribución adecuada por los gastos que representan.
El Patronato debe contar con autonomía para fijar tarifas a expositores y comerciantes conforme a criterios técnicos y de mercado, evitando decisiones políticas que distorsionen el valor comercial de los espacios. Al tratarse de actividades lucrativas, sus costos no deben trasladarse injustificadamente a la institución. La autosuficiencia requiere reglas claras y libertad de gestión para equilibrar la vocación social de la Feria con su sostenibilidad financiera.
El Gobierno del Estado parece haber aprovechado el deficiente manejo de las crisis acumuladas del Patronato para obtener los beneficios que quiere durante la feria leonesa, que es pintar de azul una buena rebanada del pastel, y no dejarla toda naranja.
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