Adicional a los boquetes materiales que la pésima administración de Guadalupe Taddei le pudo haber dejado al INE, la Presidenta reconoció ayer que el huachicol fiscal le abrió a nuestras finanzas públicas un boquetón de SESENTA Y UN MIL MILLONES de pesos tan solo en el 2025. Aplaudimos que la Presidenta RECONOZCA la magnitud del problema y su efecto detrimental en nuestras finanzas públicas, pero al mismo tiempo lamentamos que los RESPONSABLES de este cuantioso QUEBRANTO no hayan sido aún llamados a cuentas.
Sí, lo sabemos, han detenido a delincuentes de menor nivel, pero los CABECILLAS de este negocio tan lucrativo para los bolsillos de los delincuentes -y a la vez tan perjudicial para nuestras finanzas públicas- andan sueltos. Ello pese a que existen testimonios de algunos involucrados explicando el papel y la naturaleza de su implicación en esta nociva actividad.
Nos queda claro que mientras el Gobierno no llame a cuentas a todos los involucrados, sean quienes sean, no cesará el delito y tampoco se frenará el considerable daño al erario que genera el contrabando de combustible.
Un castigo ejemplar constituye la única opción disponible de la autoridad para ESCARMENTAR a los responsables y disuadir la proliferación de esta actividad, que de otra manera fomentará la impunidad, misma que constituye un problema de gran magnitud y que sin duda favorece la actividad criminal que de por sí ya prolifera en demasía en nuestra sociedad.
Aparte de constituir un delito grave, las actividades relacionadas con el huachicol, tanto el fiscal como el robo directo de combustible, son una variante de CORRUPCIÓN en el servicio público, cáncer del cual ya existe en nuestro sistema de Gobierno amplísima evidencia que, de no combatirse, logrará como lógica consecuencia agravar el problema, que de por sí amenaza ya a la justicia como institución. Debiendo ésta ser confiable, debiendo otorgar certeza y generar CONFIANZA, logra todo lo opuesto cuando el Gobierno permite que los delitos cometidos, los más graves por cierto, permanezcan impunes.
Tomó la Presidenta el PRIMER PASO que conduce a la solución de un problema y que es nada menos que el reconocimiento de su EXISTENCIA. Siendo esto bueno, por sí solo no basta; se requiere el siguiente paso una vez detectado e identificado el problema: SOLUCIONARLO.
Nuestro argumento es que mientras NO ACTÚEN contra los responsables NO SOLUCIONARÁN el problema ni lograrán erradicarlo, pues la IMPUNIDAD es entendiblemente el mayor incentivo conocido por el hombre para violar la ley. La mayor responsabilidad que atañe a un gobernante en el desempeño de su cargo es precisamente “respetar y hacer respetar la ley”.
Casi simultáneamente al reconocimiento presidencial del daño causado al erario por el huachicol HUBO OTRO reconocimiento de un ROBO igual de grave. La Presidenta ADMITIÓ que MEDICINAS adquiridas por el Gobierno para su sistema de salud habían sido desviadas para venderse en el mercado negro. Esto también resulta gravísimo y, por lo mismo, intolerable. ¿Quiénes son los responsables? ¿Ya fueron acusados?
Resultaría irresponsable informar al pueblo mexicano que carece de medicinas porque la burocracia oficial se las ROBA en lugar de entregarlas a las clínicas para atender a los enfermos que acuden a ellas. Sobre todo si NO se les aplica la justicia a los responsables y -de nueva cuenta- se les cubre con la amplia cobija de la impunidad.
Esta sustracción de medicinas apunta a sólo dos cosas: una falta de control administrativo criminal que amerita CESES MASIVOS de los altos mandos, o bien, una CORRUPCIÓN generalizada en el sistema de salud que requeriría CÁRCEL para todos ellos.
Si por clausurar laboratorios a los cárteles de las drogas encarcelan al ex Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ¿cómo explicar que quienes matan a derechohabientes privándolos de medicinas que requieren para sus tratamientos merezcan algo menor que aquél?
Los casos de extrema corrupción que han aflorado requieren servir -mediante el castigo apropiado- de ESCARMIENTO dentro y fuera del sector público. No sólo es un deber, sino OBLIGACIÓN ineludible de nuestros gobernantes imponer -o restaurar- el imperio de la ley en México, antes de que asiente aquí sus dominios la más primitiva de las BARBARIES.
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