No existe país perfecto. Toda sociedad, incluso en ascenso, atraviesa periodos de retroceso y revisión. A largo plazo, su capacidad para corregir el rumbo definirá las oportunidades para las siguientes generaciones. De ahí la importancia de la democracia.
Todo electorado comete errores. En Hungría, por ejemplo, Viktor Orbán fue electo en 2010, gozando de una mayoría parlamentaria de dos tercios suficiente para modificar la Constitución. Después de 16 años, de apoderarse del Poder Judicial, de poner medios de comunicación en manos de empresarios cercanos, de cambiar el sistema electoral para dificultar sacarlo del poder y de demoler a la sociedad civil, su flagrante y excesiva corrupción llevó a una clara victoria de Tisza, el partido de Péter Magyar, que obtuvo 53% del voto (contra 39% para Fidesz de Orbán), con 80% de participación.
Nueva Zelanda también abandonó un modelo económico que por décadas recurrió a subsidios, controles de precios, control de cambios e intervención estatal, votando –en 1984– por un gobierno laborista que eliminó subsidios, dio independencia al banco central y fomentó apertura comercial, a pesar de ser “de izquierda”. La democracia no garantiza que lleguen los mejores al poder, pero sí permite que los peores se vayan. Por eso es tan nocivo atentar contra instituciones democráticas, impidiendo enmendar rumbo o castigar ineptitud.
Estados Unidos enfrenta una elección crucial este martes. Lo es a pesar de no ser presidencial. La gran pregunta es si el electorado está dispuesto a castigar la Presidencia de Donald Trump que, más allá de temas electoralmente trascendentes –inflación, costo de atención médica, migración– es hoy percibida como “corrupta” por 89% del electorado.
Según Reuters la familia Trump declaró ingresos por más de 1,400 millones de dólares por su negocio de criptomonedas en 2025. El Presidente influyó, además, sobre la regulación de esa industria que le benefició. Inversionistas vinculados con los Emiratos Árabes adquirieron 49% de una de las empresas familiares relacionadas con ese negocio, pagando 500 millones de dólares. Ese es sólo uno de muchos excesos. Trump destituyó a 17 inspectores generales en 2025. En el gobierno de EU, éstos son los responsables de investigar corrupción, fraude y abuso administrativo. Incumplió, además, con órdenes judiciales en al menos 31 litigios relacionados con excesos de su gobierno.
Es difícil entender que los electores en la democracia más antigua del mundo hayan otorgado un segundo mandato a un Presidente que intentó revertir el resultado de una elección –que perdió– mediante presiones ilegítimas y alentando una movilización que desembocó en violencia. En mi opinión, eso debió bastar para inhabilitarlo políticamente de por vida. Ya había sido declarado responsable de abuso sexual en un juicio civil y condenado por 34 delitos relacionados con su campaña presidencial de 2016. La integridad importa.
Sin embargo, Trump supo capitalizar el rechazo a los sofocantes excesos de un wokismo obsesionado con políticas identitarias, e incapaz de comprender por qué amplios sectores de la sociedad rechazan posiciones radicales en cuestiones transgénero, que volvieron centrales, a pesar de afectar a una porción minúscula de la población; el rechazo a un progresismo que antepuso sus prioridades culturales a las preocupaciones económicas de millones marginados de la prosperidad.
Los demócratas siguen sin ofrecer una alternativa atractiva para un electorado en búsqueda de un gobierno que vuelva a la sensatez y sea capaz de concentrarse en resolver los problemas de carestía que le aquejan. Su apoyo a candidatos que defienden posiciones de extrema izquierda, el creciente –e ignorante– antisemitismo que se ha vuelto estandarte del partido y la evidente falta de autocrítica les hará difícil aprovechar que Trump tiene el menor nivel de aprobación jamás visto en una elección de medio término.
El martes sabremos si Estados Unidos empieza el largo camino para recuperar el respeto que en algún momento mereció del resto del mundo, o si su deterioro continúa.
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