La Procuraduría de Hidalgo utiliza un sistema de rastreo de armas de fuego del gobierno de Estados Unidos para identificar el origen de armamento asegurado en homicidios y delitos de alto impacto, lo que fortalece las investigaciones contra el crimen organizado.
Durante su comparecencia en el Congreso local y el posterior encuentro con medios de comunicación, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo informó que el laboratorio de armamento y balística forense está conectado a una plataforma internacional de rastreo de armas, operada por autoridades estadounidenses.
La directora de Servicios Periciales, Yasmín mencionada por el propio procurador explicó que, desde noviembre del año pasado, el laboratorio está acreditado bajo una norma internacional, lo que permitió el ingreso al sistema conocido como I-3, especializado en identificar armas de fuego a partir de sus características técnicas.
De acuerdo con lo expuesto, en este sistema se han registrado casi 400 armas desde su puesta en marcha, muchas de ellas aseguradas en investigaciones de homicidio, delitos de alto impacto y operativos contra células criminales. El sistema permite verificar matrícula, país de fabricación y otros datos individuales del arma, así como su posible relación con hechos delictivos previos.
Las armas rastreadas provienen de distintos países, entre los que destacan Estados Unidos y naciones europeas como Alemania, Italia y Francia, además de México. La mayoría de este armamento, subrayó la funcionaria, es de fabricación extranjera, lo que confirma el uso de redes internacionales de tráfico para introducirlo al país.
Una vez que el laboratorio obtiene la información técnica, agentes del Ministerio Público y policías de investigación realizan las labores de campo para precisar la ruta del arma y su vínculo con carpetas de investigación abiertas en Hidalgo. Con ello se busca robustecer las pruebas ante los jueces y avanzar en la judicialización de casos ligados al crimen organizado.
La Procuraduría sostuvo que el uso de esta tecnología forma parte de la estrategia para golpear las estructuras criminales que operan o intentan operar en el estado, al cerrarles el paso al armamento que utilizan para homicidios, extorsiones y otros delitos de alto impacto.