León.- Para exponer la agenda urgente de derechos humanos en Guanajuato, más de 30 personas de la sociedad civil y activistas, convocados por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, se reunieron con Maia Campbell y Ricardo Neves, representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) México.

Entre los temas que se expusieron están la crisis forense para identificar a las personas desaparecidas encontradas sin vida; agresiones a periodistas; la negativa de legislar la despenalización del aborto y el rechazo del proyecto del Acueducto León-Solís.

Durante la reunión, que tuvo como sede la Universidad Iberoamericana León, Patricia Erre, de la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato capital, manifestó que la negativa de legislar para despenalizar el aborto en Guanajuato persiste.

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Maia Campbell y Ricardo Neves, representantes de la ONU-DH México. Foto: Cortesía Facebook Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato

El aborto

En entrevista con AM, la activista señaló que a finales del año pasado, por segunda ocasión en 2025, el grupo parlamentario del PAN y sus aliados rechazaron tres iniciativas de ley para despenalizar el aborto.

“Gracias al trabajo encabezado por la Red de Acompañantas de León, GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) y otras compañeras, el Congreso de Guanajuato tiene como fecha límite el 15 de mayo de 2026 para despenalizar el aborto en el estado.

“Celebramos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 27 de enero de 2026 invalidó los artículos del Código Penal estatal que criminalizan la interrupción del embarazo, otorgando un plazo de 90 días naturales (a partir del 15 de febrero) para que los diputados locales modifiquen la legislación”, apuntó.

Criminalización

Agregó que se sabe por algunas organizaciones civiles y reportes oficiales que no ha habido mujeres encarceladas por el delito de aborto en Guanajuato desde el 2010; sin embargo, la criminalización persiste a través de la apertura de expedientes, ya que entre 2018 y 2025 se abrieron aproximadamente 180 carpetas de investigación por este delito.

“Las acompañantes seguiremos siendo las garantes del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo mientras el estado siga siendo el principal obstáculo, y cuando se les otorgue el servicio, cuidaremos que no haya revictimización o criminalización.

“La despenalización será apenas el primer paso en una ruta mucho más amplia hacia el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, concluyó.

Otras problemáticas de Guanajuato expuestas ante ONU Derechos Humanos

A través de sus redes sociales, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato compartió que esta reunión se realizó a petición de la ONU-DH México y que se dará seguimiento a la agenda presentada.

En la reunión, familias buscadoras de desaparecidos denunciaron la crisis forense, la falta de un plan de exhumación y los obstáculos en la reparación del daño; exigieron justicia para la desaparición forzada.

Periodistas y familiares expusieron agresiones, desplazamiento forzado interno y denuncias de acoso sexual contra un exdirectivo de una empresa de comunicación; asimismo, organizaciones rechazaron el Acueducto Solís-León.

Finalmente, se exigieron políticas que reduzcan la brecha educativa en contextos de desigualdad en la entidad.

Registra ONU 89 periodistas y 181 activistas mexicanos asesinados en una década

De enero de 2016 a diciembre de 2025, en México fueron asesinados al menos 89 periodistas, ocho trabajadores de medios de comunicación y 181 defensores de derechos humanos en posible relación con la labor que realizaban.

Adicionalmente, la ONU Derechos Humanos documentó que 14 periodistas, trabajadores de medios y 13 defensores sufrieron intento de homicidio. Además, 25 periodistas, un trabajador de medios y 43 defensores fueron desaparecidos en este mismo periodo.

Así lo informó Ricardo Cancela Neves, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, al dar el informe de buenas prácticas y desafíos en materia de investigación de delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos. Este documento pretende ser una herramienta para todas las Fiscalías, dijo.

RAA

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