Guanajuato.- La diputada Hades Aguilar de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora Libia Dennise García a que deje de posponer la entrega de recursos de la pensión a personas con discapacidad en Guanajuato y cumpla el mandato judicial que ya existe en la materia, gracias a amparos interpuestos.
Sabemos que todavía pueden impugnar, pero sería no tener vergüenza”, exclamó la legisladora de Morena.
La diputada le recordó a los panistas que en la mayor parte del país la pensión para personas con discapacidad ya se garantiza de forma universal mediante la concurrencia de recursos federales y estatales, pero en Guanajuato los gobiernos emanados del PAN han negado este derecho en diversas ocasiones, al no asignar presupuesto suficiente, rechazar reformas y archivar iniciativas de Morena.
El punto de acuerdo plantea a la Gobernadora abstenerse de litigar contra las personas con discapacidad y de emprender acciones para dilatar el ejercicio de este derecho; así como a emitir de forma inmediata las normas y medidas administrativas que permitan el acceso efectivo a la pensión.
Recientemente un juez federal resolvió un juicio de amparo a favor de una persona con discapacidad, ordenando al Congreso del Estado y a la Gobernadora emitir las disposiciones normativas necesarias para garantizar la entrega y operatividad de la pensión para personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
El punto de acuerdo también plantea que la gobernadora Libia García debe informar al Congreso sobre las acciones realizadas por su administración para dar cumplimiento a la Constitución y a la sentencia de amparo.
Durante la presentación del punto de acuerdo, el diputado David Martínez mostró la portada del diario AM, donde se publicó la nota del amparo que consiguió pensión para los discapacitados.
Tres personas ganan amparo
Tres personas con discapacidad ganaron un amparo contra el Congreso del Estado y contra la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, mediante el cual se les ordena a ambos que aprueben y publiquen las reformas legales necesarias para garantizar la entrega de una pensión a personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Para ello, les ordenan que deberán iniciar el proceso legislativo correspondiente “a la brevedad posible y de manera prioritaria”, durante el periodo de sesiones que se encuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario, que inicia el 15 de febrero.
Aunque el Congreso del Estado le demostró al juez que sí hizo una reforma al artículo 1 de la Constitución Federal que obliga a la entrega de esta pensión, no hay otras leyes o reglamentos que materialicen este derecho, es decir, que hagan posible la entrega física de las mismas.
Aún sigue el proceso
El diputado Jorge Espadas Galván, coordinador de la bancada del PAN, afirmó que hay un proceso jurisdiccional no concluido.
“Este proceso tiene que agotarse y posteriormente revisar, cuando quede firme la resolución, qué acciones tomaríamos como grupo parlamentario para legislar en materia de esta pensión contributiva”, señaló Espadas, al responder si el PAN acataría o no la resolución.
Pensión para personas con discapacidad en Guanajuato debe ser obligatoria
Un juez federal dictó una sentencia que cambia las reglas de programas sociales en Guanajuato. La resolución ordena otorgar, de forma obligatoria, la pensión para personas con discapacidad de entre 29 y 64 años.
Previamente, la cobertura para este rango de edad en Guanajuato era discrecional. La autoridad judicial determina ahora que este apoyo es un derecho que no está sujeto a la voluntad política o presupuestal del gobierno estatal.
Esta determinación es un avance para la inclusión en Guanajuato. Colectivos celebraron la medida, señalando que miles de personas quedaron desprotegidas legalmente al superar la mayoría de edad sin acceso a seguridad económica.
El cumplimiento de la orden requerirá que el Congreso local realice ajustes financieros inmediatos. En Guanajuato, se estima que el padrón de beneficiarios potenciales aumentará para cumplir el carácter universal exigido.
La sentencia subraya que el estado debe coordinarse con la Federación para asegurar el beneficio. La obligatoriedad del apoyo busca homologar los derechos sociales mínimos en todo el territorio de Guanajuato.
Expertos consideran que el fallo sienta un precedente para otros programas sociales. La sentencia del juez federal es de ejecución inmediata para el ejercicio fiscal 2026 en la entidad.
Finanzas estatales deberá informar cómo se fondeará este nuevo rubro de gasto público. En Guanajuato, la protección de derechos fundamentales debe prevalecer sobre criterios de austeridad gubernamental.
AAK
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