La propuesta presidencial para limitar jubilaciones de altos mandos revive la discusión sobre privilegios, finanzas públicas y prioridades del gasto.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional para establecer un tope a las pensiones de exfuncionarios de alto nivel, bajo el argumento de eliminar privilegios financiados con recursos públicos. La propuesta plantea que dichas jubilaciones no superen 50 por ciento del salario de la persona titular del Ejecutivo federal.
De acuerdo con el planteamiento, la modificación al artículo 127 constitucional busca frenar casos de pensiones consideradas “excesivas” en organismos públicos, empresas del Estado y banca de desarrollo.
El gobierno sostiene que la medida no afectaría derechos laborales adquiridos mediante contratos colectivos, sino únicamente esquemas de retiro vinculados a cargos de confianza.
¿AUSTERIDAD SELECTIVA?
Si bien el discurso oficial insiste en que se trata de un acto de justicia y congruencia salarial, la iniciativa también ocurre en un contexto de presión presupuestal.
El gasto en pensiones representa uno de los rubros más elevados del presupuesto federal y su crecimiento sostenido ha reducido el margen de maniobra financiera del Estado.
En ese escenario, la pregunta es inevitable: ¿se trata exclusivamente de combatir privilegios o también de contener un gasto que se ha vuelto cada vez más difícil de sostener?
Aunque el gobierno niega una crisis de liquidez, el ajuste apunta a una estrategia de control del gasto en momentos donde los compromisos sociales y de infraestructura demandan recursos crecientes.
¿POR QUÉ NO ANTES?
El debate sobre pensiones elevadas no es nuevo. Durante décadas, distintos sectores señalaron la existencia de jubilaciones superiores incluso al salario presidencial. Sin embargo, pocos gobiernos avanzaron en reformas estructurales en este terreno.
Que la propuesta surja ahora responde tanto a una mayoría legislativa favorable como a la narrativa de continuidad con la política de austeridad impulsada en el sexenio anterior.
No obstante, críticos advierten que limitar pensiones sin una revisión integral del sistema podría ser una medida parcial que no atienda el problema de fondo: la sostenibilidad general del régimen de retiro en México.
IMPLICACIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS
En lo político, la reforma refuerza el mensaje de combate a privilegios, un eje central del actual proyecto federal.
En lo económico, podría representar ahorros relevantes, aunque modestos frente al tamaño total del gasto en pensiones.
El desafío será evitar que la discusión se reduzca a un tema simbólico. Mientras se debate el tope a jubilaciones de altos mandos, millones de trabajadores enfrentan pensiones bajas bajo el esquema de cuentas individuales.
Así, la reforma abre una conversación más amplia: ¿es un ajuste correctivo o una respuesta necesaria ante finanzas públicas cada vez más presionadas?
El Congreso tendrá la última palabra, pero el fondo del debate trasciende el discurso político: se trata de definir hasta dónde puede sostenerse el modelo actual sin comprometer estabilidad fiscal ni derechos laborales.
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