Guanajuato.- Por el delito de daño a la biodiversidad en el fraccionamiento de La Cucursola, los administradores pagarán una multa de 136 mil pesos y deberán cumplir con un plan de reforestación y compensación ambiental. Ello luego de llegar a un acuerdo de reparación con la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, el caso La Cucursola sigue sin tener el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Durante la audiencia intermedia, el juez Efraín Frausto Pérez informó que el Tribunal de Apelaciones determinó la no vinculación a proceso de Mónica “N”, administradora de Lomas de Irapuato. Sin embargo, para Sergio “N” ratificó el delito contra la biodiversidad por el cambio de uso de suelo en usos forestales sin autorización con la agravante de que fue para beneficio propio y con fines de lucro.
El fiscal Juan García dijo que la intención era más que un juicio alargado que podría durar años, la recuperación del medio ambiente. Por lo que puso sobre la mesa un acuerdo de reparación del daño sustentado en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este lo prevé para delitos patrimoniales, según el juez en este caso aplica porque el medio ambiente es un patrimonio compartido.
La defensa del imputado trató de solicitar la suspensión condicional del proceso, pero no aplicaba en este caso. Razón por la que la vía para acabar con el asunto fue un acuerdo de reparación.
Mismo que estuvo pactado con Profepa y Semarnat desde las oficinas centrales de la Ciudad de México. Aunque es importante decir que Semarnat sigue sin otorgar el permiso para el cambio de uso de suelo, así que quienes compraron un lote del fraccionamiento, tendrán que tramitarlo antes de comenzar cualquier construcción.
En este, los administradores de Loma de Irapuato y desarrolladores de La Cucursola, tienen siete días para pagar una multa de 136 mil 317. 54 pesos. Además de un periodo de seis meses para cumplir con un plan de compensación ambiental.
Este plan incluye la implementación de pasos de flora y fauna mediante la adecuación de la barde de tabique colindante al Camino Real que va de Santa Rosa de Lima a Guanajuato, la conservación de cobertura vegetal en accesos y el monitoreo semestral del funcionamiento.
También incluye la limpieza y recuperación de bocaminas con el retiro de residuos sólidos, estabilización de taludes; la reforestación alrededor de la cisternas y área común con plantación de especies forestales nativas y la incorporación de especies arbustivas con un mantenimiento de 12 meses y deberá construir 10 zanjas trinchera.
Además, el imputado se comprometió a un programa de reforestación en la Cuenca de la Esperanza con un total de 2 mil árboles distribuidos en cinco hectáreas. El plazo de ejecución es de seis meses para lo que se fijó una audiencia de verificación para el próximo 22 de octubre.
Gustavo Lozano de Acción Colectiva consideró que el acuerdo se quedó corto para el grado de daño a la Sierra de Santa Rosa por lo que adelantó que presentarán una denuncia de responsabilidad ambiental contra todos los actores que por acción o por omisión participaron en el desmonte del predio La Rosita de manera directa o de manera indirecta a través del otorgamiento de permisos o de la omisión de actos de vigilancia e inspección.
Lo anterior, involucra a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Presidencia Municipal de Guanajuato, la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del municipio de Guanajuato.
“Sí nos parece bastante poco el acuerdo al que llegó, al menos en la parte que nos tocó escuchar. Y hacer énfasis en que en la audiencia inicial el juez fue reiterativo en que debía retirarse el concreto hidráulico con el que se urbanizó el predio, porque ese es el efecto de los caminos, la urbanización del predio, el cambio de uso en los hechos, el cambio de uso de suelo forestal a un uso urbano. Y el juez en la audiencia anterior fue muy enfático al señalar que el concreto hidráulico lo que impedía era la reproducción de la vida. Así tal cual lo comentó y que lo quitaran de inmediato. Y hoy eché de menos que se mencionara el tema del concreto hidráulico. No me queda claro si lo van a retirar o lo van a mantener allí”, declaró el activista.
Cabe recordar que el 30 de julio de 2025 agentes de la FGE llevaron a cabo un cateo en el fraccionamiento La Cucursola. Ahí encontraron desmonte y tala en un área de 6 mil 871 metros cuadrados, vías de acceso y caminos de concreto, construcción de oficinas, sanitarios e instalación de agua y electricidad.
Colectivos ven histórico juicio por daño ambiental en caso del Fraccionamiento La Cucursola
El pasado 8 de enero se publicó que integrantes de colectivos ambientalistas celebraron la vinculación a proceso de los dueños de este desarrollo inmobiliario por delitos contra la biodiversidad. El caso del fraccionamiento La Cucursola escala judicialmente al confirmarse que se construyeron y vendieron lotes sin los permisos federales correspondientes para cambio de uso de suelo forestal.
Francisco Javier Centíes Laborde, líder de Acción Colectiva, señaló que la resolución es histórica para el contexto de Guanajuato, especialmente por los años que ha tomado litigar la denuncia por daño ambiental en la Sierra de Santa Rosa.
Rogelio García, del Consejo Ecologista, calificó este paso como uno de los más acertados para la conservación del “pulmón” de los guanajuatenses.
HLL
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