León.- En un hecho sin precedentes, el Gobierno Municipal de León, que encabeza la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, decidió ocultar datos relevantes de los contratos de obra pública, lo que representa un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información.
Bajo el argumento de que se trató de una solicitud de los empresarios afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato (CMIC), el Gobierno leonés decidió clasificar como información reservada los nombres de los representantes legales de las empresas constructoras que tienen contratos con el Gobierno Municipal, un dato que era público desde 2002, cuando el Gobierno federal encabezado por Vicente Fox promovió la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Lo anterior contradice lo que en reiteradas ocasiones ha declarado la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, al señalar que uno de los principios que rigen su Gobierno es la transparencia.
“Creo que lo más importante es la transparencia. Les comentaba que una de las cosas que nos han reconocido a nivel nacional es que el Municipio es transparente, que tiene procesos que no se tienen en otros lugares. Estamos abiertos a que se revise absolutamente todo sin ningún miramiento”, afirmó el pasado 23 de junio durante una entrevista en la que se le cuestionó respecto a un posible conflicto de interés en la asignación de contratos públicos a Fernanda García en 2022, a pesar de su relación conyugal con Allan León Aguirre, entonces director del SIAP.
Pero en el caso de los contratos de obra pública, desde el pasado mes de julio, el Municipio decidió que los datos que corresponden al nombre del representante legal, domicilio fiscal y medios de contacto de las empresas contratistas ya no serán públicos, lo que limita el seguimiento del destino de los recursos públicos y los ejercicios de vigilancia ciudadana.
La decisión del Gobierno leonés de reservar el nombre de los representantes legales ocurre después de que AM publicó diversas investigaciones que revelaron que el representante legal de empresas proveedoras de uniformes e impresos está vinculado a empresas propiedad de la familia de Allan León Aguirre, exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses.
También ocurre después de que AM publicó que las empresas de Gerardo Gabriel Sosa Martínez, primo del secretario de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable de León, Israel Martínez Martínez, y una empresa que había sido propiedad de Gerardo Ortiz Chávez, subdirector general de Ejecución de Obra y Mantenimiento de la Dirección de Obra Pública, recibieron contratos en la actual administración.
De acuerdo con el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 2026 de León, publicado el 7 de mayo en el Periódico Oficial, el Municipio contempla una inversión de mil 728 millones 728 mil 222 pesos en infraestructura para la ciudad, distribuida en 13 áreas y 468 obras.
En entrevista el jueves 17 de septiembre, Alejandra Gutiérrez Campos afirmó que está a favor de la transparencia e indicó que debe ser la titular de la Unidad de Transparencia, Luz Araceli Andrade, quien dé mayor información respecto a la decisión de clasificar esta información que antes era pública.
Pero Andrade se deslindó al señalar que ella solo siguió el procedimiento establecido por la ley, de acuerdo con lo presentado por la Dirección de Obra Pública.
“Creo que se ha avanzado mucho, hay muchísimas cosas que León sí da la información y en ningún otro lado la dan”, expresó la presidenta.
Fue solicitud de la CMIC
Gabriel Zermeño Flores, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato (CMIC), presentó el 29 de mayo un oficio a la Dirección de Obra Pública en el que solicitó la reserva de datos personales de los representantes de las empresas constructoras debido a extorsiones y cobros de piso contra los empresarios.
Sin embargo, la información ahora clasificada ya era pública y puede ser consultada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y de las obligaciones comunes del Municipio, en sus fracciones XXVII, sobre contratos y convenios, y XXVIII, sobre resultados de licitaciones y adjudicaciones directas.
La CMIC argumentó que la decisión responde a una medida preventiva de seguridad que no reduce la transparencia, ya que la versión pública permite transparentar información sobre los contratos y recursos.
El Gobierno Municipal aceptó la solicitud y decidió que esos datos serán clasificados en todos los contratos de obra pública.
A partir de la fecha en que se ingresa este oficio (el presentado por la CMIC) y con el debido proceso llevado por el Comité de Transparencia, todos los documentos se testan de la misma forma”, respondió el Municipio a una petición sobre contratos de obra pública presentada por AM mediante la Ley de Transparencia.
Desde inicios de julio, AM ha documentado que la Dirección de Obra Pública ha reservado información y limitado su entrega sin explicar inicialmente los argumentos que justificaban la clasificación. Hasta el 2 de septiembre presentó sus motivos a través de un Acuerdo de Clasificación de Reserva Parcial de Información.
La dependencia ha evitado dar más explicaciones sobre las implicaciones de estas acciones en el acceso a la información. Desde el 4 de septiembre se solicitó una entrevista con la titular, Laura Elena Becerra García, pero la oficina de Comunicación Social indicó que solo se emitirá un comunicado con la postura de la dependencia.
Crónica de la opacidad
El 21 de agosto, AM solicitó al Municipio, vía transparencia, copia en versión pública de los contratos celebrados para la construcción del Parque Metropolitano Oriente.
En respuesta, el 2 de septiembre el Gobierno leonés entregó tres contratos celebrados con las empresas Remodelart Inmobiliaria, S.A. de C.V.; Enlace Constructivo, S.A. de C.V., y con el ingeniero Luis Demetrio Pérez Cuellar.
Sin embargo, el nombre de los representantes y los medios de contacto, así como las direcciones de las empresas, fueron eliminados de los contratos.
El Municipio anexó también el Acuerdo de Clasificación de Reserva Parcial de Información, con el que justifica la reserva para que estos datos no sean públicos durante los próximos cinco años.
En el documento se explica que el presidente de la CMIC, Gabriel Zermeño, presentó el oficio número DG/PRE/289/2026 para solicitar la reserva de información de: “números telefónicos, domicilios particulares, nombres de los representantes legales, socios y otros datos de identificación de las empresas que puedan ser utilizados para fines ilícitos”.
El Gobierno Municipal accedió a la solicitud de los constructores argumentando que el artículo 107, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información determina que la información reservada podrá clasificarse si su publicación puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.
Esto pese a que la información ya es pública y, según el artículo 115, fracción I, de la misma ley: “No se requerirá el consentimiento de quien sea titular de la información confidencial cuando: I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público”.
Según el acuerdo, solo se testa el nombre del representante y su domicilio particular, pero no números telefónicos, correos electrónicos u otros medios de contacto, por lo que estos últimos fueron eliminados sin que el acuerdo señale expresamente su reserva.
Araceli Andrade argumentó que se debe a una “vinculación de homogeneidad”: “La podemos ligar con el tema de la solicitud”, aunque no se mencione o contemple explícitamente en el acuerdo.
Además, los domicilios fiscales declarados por las empresas fueron clasificados, ya que, supuestamente, “coinciden plenamente con su domicilio particular (el del representante), se pone en riesgo su seguridad y la de su familia”. Sin embargo, en diversos casos se trata de domicilios de oficinas que pueden localizarse mediante búsquedas en internet o en los sitios web de las propias empresas.
Se le preguntó a la Dirección de Obra Pública cómo saben si el domicilio de la empresa y el del representante es el mismo, pero no respondieron. Tampoco aclararon si en todos los casos es así ni por qué se eliminaron los medios de contacto si no se contemplan en el acuerdo de reserva.
Araceli Andrade se deslindó de la decisión respecto a la aprobación de este acuerdo de reserva, pese a presidir el comité responsable, pues indicó que solo siguió el procedimiento establecido por la ley, ya que la Dirección de Obra Pública presentó la solicitud con los requerimientos necesarios.
Lo anterior ocurrió pese a que no se mostraron pruebas de daños concretos contra empresarios ni denuncias que sustenten esos supuestos, y a que no se verificó la congruencia de la reserva de la información al considerar que ello “no está en sus facultades”.
“Yo no puedo impedir lo legal”
En entrevista con AM, el presidente de la CMIC, Gabriel Zermeño, señaló que entregó el oficio tras el anuncio del programa anual de obra pública, ante el riesgo del aumento de robos, extorsiones y cobros de piso, los cuales ya han afectado a empresas afiliadas a la Cámara.
“En León es donde ha sucedido más. Se han estado robando equipo ligero, maquinaria pesada. Aunque ha bajado el tema del robo de maquinaria pesada, en algunas colonias han llegado a pedir dinero para dejarlos trabajar”, manifestó.
Relató que algunos miembros de la Cámara, incluido él mismo, han recibido llamadas solicitando información personal o sufrido extorsiones telefónicas y, aunque se reportaron los números, vio necesario presentar el oficio requiriendo al Municipio reservar datos que pudieran facilitar estas prácticas.
Aseguró que no es la primera vez que la CMIC se pronuncia a favor de clasificar información sobre las empresas, sino que desde hace años han abogado incluso por la posibilidad de que no sean públicos el importe ni el nombre de las obras.
“Inclusive nosotros estamos buscando otros temas. Hemos pedido durante ya muchos años que quiten el importe y el nombre de la obra por temas de seguridad”, expresó.
Tanto el Municipio como el presidente de la Cámara se negaron a entregar una copia de la solicitud; únicamente mostraron el documento a la reportera de AM.
Gabriel Zermeño indicó que el oficio solo se ha presentado en León, pero que tiene intención de replicarlo en otros municipios donde tienen presencia y ante el Gobierno estatal, para reducir los riesgos de las empresas de la construcción, aunque por el momento no hay nada concreto.
Reconoció que su “carta de Santa Claus” presenta un escenario ideal para los intereses de los empresarios y sostuvo que la decisión final queda en los municipios, de acuerdo con lo que dicta la ley.
“Yo no puedo impedir lo legal. Si meto un escrito, pues qué autoridad tengo yo para solicitar algo que sea ilegal. Si la ley dice que se tiene que publicar todo, pues yo no soy quién para decir qué sí y qué no. Simplemente yo me estoy acercando con el municipio: oye, estamos teniendo estas situaciones, por favor, ayúdanos, porque no queremos poner en posición de riesgo a las empresas”, declaró.
“Debe ser pública”
La síndica Ma. Esther Santos de Anda señaló que las acciones tomadas por la administración municipal implican un retroceso para la transparencia. Expresó que, aunque entiende la preocupación de las empresas, es importante que la ciudadanía conozca con transparencia los procesos mediante los cuales se asignan las obras.
Destacó que toda la información presentada por los proveedores es pública, así como la información generada por las comisiones y los comités, para que pueda ser consultada por la ciudadanía y aclarar dudas particulares de manera puntual y pertinente.
Entiendo perfectamente la preocupación de la Cámara por todas las empresas por temas de seguridad (…) pero es importante que la ciudadanía conozca los programas o las obras que se están asignando con toda transparencia. Uno de los grandes cánceres de los que hemos hablado en México es la opacidad, la falta de transparencia y de rendición de cuentas; entonces, no podemos retroceder”, manifestó.
Por su lado, Ramón Cifuentes Negrete, también síndico municipal, consideró que la clasificación de información no necesariamente representa un retroceso, siempre y cuando se atienda a lo que establece la legislación en materia de protección de datos personales.
“No tiene que ser un retroceso, tiene que aplicarse la ley de protección de datos personales. Si ese dato no corresponde o se tiene que seguir proporcionando. Aquella información delicada o que pudiera comprometer datos que son estrictamente muy personales son los que no se tienen que proporcionar, pero la obligación de transparencia está como tal y se tiene que atender”, declaró.
Guillermo Medina, regidor de Morena y miembro del Comité de Obra Pública, apoyó la iniciativa de salvaguardar a las empresas contratistas ante estos problemas de seguridad, pero indicó que los nombres de los representantes legales deben ser públicos.
Máxima publicidad
Transparencia para la Gente, dependencia estatal que vigila que los municipios cumplan en materia de transparencia y acceso a la información, se pronunció a favor de la máxima publicidad.
Por escrito, Arcelia María González, secretaria de Honestidad, y José Andrés Rizo Marín, titular de Transparencia para la Gente, señalaron que la regla general en materia de transparencia y acceso a la información es la máxima publicidad y que cualquier limitación a su acceso debe estar señalada en la ley.
Por ello, señalaron que si una cámara u organización como la CMIC presenta una solicitud de reserva de datos, esto no implica que la información se reserve automáticamente, especialmente en obra pública, donde “existe un deber reinforced de transparencia debido a que se encuentra involucrado el ejercicio de recursos públicos”.
Indicaron que no toda la información de un documento debe ser pública, como datos bancarios, fiscales, secretos comerciales o industriales.
En el caso de los representantes legales, la información necesaria para “identificar quién interviene en representación de una empresa puede estar vinculada con la publicidad del procedimiento de contratación”, pero no identificaciones, poderes o documentos anexos, los cuales requieren protección.
Informaron además que la clasificación no debe realizarse de manera general sobre una empresa, una persona o un expediente completo, pues debe identificarse la información concreta a proteger y justificar la restricción de acuerdo con los requisitos establecidos por la ley.
AAK
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