Israel Martínez Martínez, secretario de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable; Laura Elena Becerra García, directora de Obra Pública, y Gerardo Ortiz Chávez, subdirector general de Ejecución de Obra y Mantenimiento. Foto: Daniel Villaseñor
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León.- Tres empresas vinculadas a funcionarios de la actual Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable de León, recibieron 7.5 millones de pesos en contratos directos del gobierno leonés a través de la Dirección General de Obra Pública. Los funcionarios involucrados negaron que exista conflicto de intereses en estas asignaciones.
Se trata de las empresas Pixis, S.A. de C.V. y Bypixis, S.A. de C.V., las cuales, hasta 2024 pertenecieron a Gerardo Ortiz Chávez, quien cedió sus acciones en la empresa para asumir el cargo de subdirector general de Ejecución de Obra y Mantenimiento de la Dirección de Obra Pública, responsable de la planeación de proyectos de edificación, vialidades, mantenimiento y supervisión de las obras en el municipio de León.
La tercera empresa es Proyectos, Supervisión y Construcciones Somar, S.A. De C.V., una firma de reciente creación que es propiedad de Gerardo Gabriel Sosa Martínez, ex funcionario del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y primo del secretario de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable, Israel Martínez Martínez.
La secretaría a cargo de Martínez Martínez coordina las direcciones de Obra Pública, Movilidad, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Parques y Espacios Públicos, se creó en 2024, al inicio del segundo trienio de la presidenta Alejandra Gutiérrez Campos.
En entrevista con AM, tanto Israel Martínez como Gerardo Ortiz, reconocieron el vínculo familiar y con los socios de estas empresas pero negaron que exista un conflicto de intereses en la contratación, ya que aseguran que ellos no participaron en los procesos de selección o adjudicación de los contratistas. En el caso de Gerardo Ortiz aseguró que ya no pertenece a la empresa.
Estas tres empresas recibieron, desde octubre del 2024, fecha en la que ambos funcionarios asumieron el cargo, 7.5 millones de pesos en 8 contratos, sin pasar por un concurso de licitación y sin necesidad de ser aprobados por el Comité de Obra Pública, fueron adjudicaciones directas autorizadas por Laura Elena Becerra García, directora de Obra Pública.
En el mismo periodo Pixis recibió también tres contratos por un monto de 1.8 millones de pesos a través del Sapal.
La presidenta municipal Alejandra Gutierrez afirmó que ella no tiene la facultad para determinar si hay o no un conflicto de interés en estas contrataciones.
Quien determina si hay conflicto o no ahora sí que son los entes encargados de hacer las revisiones, como es la Contraloría. Ni siquiera me corresponde a mí prejuzgar, entonces, que lo revisen de manera íntegra”, declaró.
Pero la contralora municipal Viridiana Márquez Moreno evitó pronunciarse respecto, AM solicitó en varias ocasiones desde el 23 de julio una entrevista con ella, sin embargo la funcionaria no accedió a la entrevista y a través del área de comunicación social de la Presidencia Municipal, envió un comunicado en el que señala que sería poco responsable dar una postura de la existencia o inexistencia de un conflicto de interés en este momento. Tampoco confirmó si ya hay una investigación al respecto.
Pixis, S.A. de C.V. y Bypixis, S.A. de C.V. fueron constituidas por Gerardo Ortiz Chávez y Luis Alberto Gárate Álvarez en San Francisco del Rincón ante el notario público Erik Javier Torres Hernández. La primera el 30 de septiembre del 2014 y la segunda el 2 de abril del 2024.
Desde enero del 2019, cuando Gerardo Ortiz Chavez era socio, Pixis ya era proveedor del Municipio. De 2019 al 14 de octubre de 2024 recibió 46 contratos de supervisión de obra, la mayoría vía adjudicación directa a través del Sapal y Obra Pública, sumando un total de 13 millones 174 mil 60 pesos.
El de mayor monto les fue otorgado por Sapal en el 2022, para la supervisión y el cierre administrativo de la modernización de la subestación de potencia para el módulo de desbaste municipal de la planta de tratamiento municipal por 2.5 millones de pesos más IVA.
El 2 de septiembre de 2024, Gerardo Ortiz Chávez vendió sus acciones de ambas empresas a Marcela Méndez Moreno y dejó de formar parte de las sociedades para asumir el puesto de subdirector general de Ejecución de Obra y Mantenimiento en la Dirección de Obra Pública, el 18 de octubre de ese mismo año.
Sapal fue la primera dependencia que le volvió a adjudicar un contrato a Pixis, S.A. de C.V., 21 días después de que Gerardo Ortiz dejó la empresa, la cual está ahora bajo la representación de Luis Garate. El contrato fue para la supervisión y cierre administrativo de la obra: construcción de cárcamo de bombeo e interconexión de agua regenerada, por 680 mil 558 pesos.
El 2 de diciembre del mismo año, cuando Gerardo Ortiz ya era funcionario de la Dirección General de Obra Pública como subdirector, esta dependencia le otorgó un primer contrato directo a Pixis, por 464 mil 790 pesos para la supervisión de la construcción del cruce a nivel de la línea México – Ciudad Juárez.
En ese documento quienes firmaron en representación de la dependencia fueron: Laura Elena Becerra García, directora general de Obra Pública; Claudia Abúndez López, directora de Administración y Control Financiero de Obra; y Efrén García Ayala, director de Supervisión de Obra y subordinado de Gerardo Ortiz.
Durante el periodo en el que Gerardo Ortiz ha sido servidor público, se han adjudicado ocho contratos de supervisión de obra a Pixis, S.A. de C.V. y a Bypixis, S.A. de C.V., los cuáles suman un total de cuatro millones 59 mil pesos. De los cuales dos millones 193 mil 567 fueron por contrataciones de Obra Pública, y un millón 865 mil 539 por contrataciones de Sapal.
El 29 de julio, AM acudió el domicilio registrado a nombre de ambas empresas en la colonia Brisas del Lago para solicitar una entrevista con Luis Garate sobre su relación con el ahora subdirector de Ejecución de Obra y Mantenimiento, Gerardo Ortiz y los contratos que le han adjudicado a la empresa.
Los reporteros que acudieron de AM fueron recibidos por Luis Garate, quien confirmó que el funcionario ya no formaba parte de la empresa, pero cuando se le preguntó si seguía manteniendo contacto con el subdirector y qué relación tenían con Marcela Méndez Moreno, declaró que: “no tenía nada que comentar”.
Domicilio de Pixis. Foto: Mary Ochoa.
Al día siguiente él contactó con el periódico pidiendo que se le enviaran las preguntas por correo para dar una declaración, sin embargo, se le ofreció realizar una entrevista de manera presencial, virtual o telefónica, pero indicó que de ser así no daría comentarios.
El 4 de agosto envió un oficio a este medio en el que señala: “El Ing. Gerardo Ortiz Chávez formó parte de las empresas; sin embargo, derivado de la venta de la totalidad de sus acciones, desde el 02 de septiembre de 2024 dejó de formar parte de Pixis y ByPixis, por lo que desde septiembre de 2024 dejó de participar total y definitivamente con las empresas”.
“En consecuencia, mi empresa no mantiene relación societaria, administrativa o de dirección con dicha persona, por lo que si pretenden señalar que existe un posible conflicto de interés u otro señalamiento respecto de las actividades que actualmente desarrollamos, se incurre en un error”, refiere el documento firmado por Luis Alberto Garate Álvarez, como representante legal de ambas empresas.
Dan 5 millones en obra a familiar
Gerardo Gabriel Sosa Martínez es socio y administrador de la empresa Proyectos, Supervisión y Construcciones Somar, S.A. de C.V., trabajó en Sapal por 20 años y también es primo del secretario de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable, Israel Martínez Martínez.
Logo de Proyectos, Supervisión y Construcciones Somar, S.A. de C.V. Foto: Whatsapp de Gerardo Sosa.
Este último asumió el cargo de secretario el 10 de octubre del 2024. Dos meses después, el 25 de diciembre, su familiar, creó Proyectos, Supervisión y Construcciones Somar, S.A. de C.V. en León ante el notario público Alfonso Gutierrez Pontón.
Siete meses tras la constitución de la empresa, el primero de julio del 2025, Gerardo Sosa recibió un contrato por adjudicación directa para la construcción y rehabilitación de banquetas en el centro histórico de León por un millón 779 mil 420 pesos.
Entre septiembre y noviembre de ese mismo año, le asignaron de manera directa dos contratos más para la pavimentación en diversas colonias del municipio, sumando entre las tres adjudicaciones cinco millones 389 mil 421 pesos.
AM acudió el 29 de julio a la dirección que la empresa señala en los contratos públicos, ubicada en la colonia Villanueva para solicitar una entrevista a los familiares del secretario sobre los contratos celebrados con el Municipio.
Sin embargo, en el lugar se encontró otra constructora llamada Sandar, Servicios y Obras. Tanto vecinos, como los socios de Sandar y una persona que se identificó como arrendador del inmueble desconocieron la existencia de Proyectos, Supervisión y Construcciones Somar, S.A. de C.V., y negaron tener relación con esta.
Domicilio de Sandar, Servicios y Obras. Foto: Mary Ochoa.
Al no poder localizar y confirmar el domicilio de Proyectos, Supervisión y Construcciones Somar, S.A. de C.V. AM solicitó vía telefónica una entrevista con Gerardo Sosa para conocer dónde se ubican sus oficinas y los contratos que le otorgaron en el Municipio.
Declaró que hace dos años dejó de trabajar en Sapal y creó su propia constructora para desarrollar proyectos privados y con el municipio. Y aunque reconoció que sabía de la posición de su primo como secretario de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable no consideró que su contratación fuera conflicto de interés ya que aseguró que no se frecuentan.
Sostuvo también que las oficinas de su empresa sí se encuentran en la colonia Villanueva y que renta oficinas junto con la empresa Sandar. Vía whatsapp envió un recibo de servicios de telefonía para mostrar que la dirección sí está vinculada con la empresa.
“Es muy normal que las empresas de construcción, cuando somos empresas pequeñas, pues nos juntemos en un mismo espacio para pagar rentas, pagar sueldos y dividir (…) las autoridades cuando saqué todo lo necesario para la empresa, si les comprobé que aquí estaba, pero no tengo por qué comprobarle a usted que aquí estoy”, afirmó.
Niegan conflicto de intereses pero reconocen vínculos
Israel Martínez, Laura Becerra y Gerardo Ortiz. Foto: Daniel Villaseñor.
En entrevista con AM, tanto Israel Martínez, como Gerardo Ortiz Chávez, negaron que la contratación de las tres empresas vinculadas a sus familiares y ex socios supone un conflicto de intereses, pues ellos no participaron en los procesos de contratación y selección.
En el caso de Pixis, S.A. de C.V. y Bypixis, S.A. de C.V., el secretario de Infraestructura, Israel Martínez, reconoció que ya conocían la relación de Gerardo Ortiz con estas empresas, por lo que para asumir el cargo se le solicitó renunciar a su participación en ambas sociedades.
Ortiz Chávez reveló además que previo a asumir funciones como subdirector de Ejecución de Obra y Mantenimiento, la Dirección de Desarrollo Institucional le solicitó documentos y realizó una entrevista donde se constató que ya no formaba parte de las empresas.
Gerardo Ortiz Chávez, subdirector general de Ejecución de Obra y Mantenimiento en la Dirección de Obra Pública. Foto: Daniel Villaseñor.
En todo momento se le pidió al ingeniero (Gerardo Ortiz) que desistiera de cualquier encomienda comercial o de sociedad y bueno, tan es así que presenta la evidencia ante el acta constitutiva de la empresa”, indicó el Secretario.
Asimismo, Israel Martínez aceptó que la firma Proyectos, Supervisión y Construcciones Somar pertenece a su familiar, Gerardo Gabriel Sosa Martínez, pero afirmó que inicialmente desconocía este hecho y que “desde hace años” no se ven.
Israel Martínez Martínez, secretario de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable. Foto: Daniel Villaseñor.
En 2025, me percaté precisamente de esta empresa denominada Somar, en la cual también desconocía totalmente quién era el representante legal. No tengo ningún vínculo tampoco y dejarlo bien claro, desde hace años que no veo a esta persona (Gerardo Sosa)”
“Me percato del nombre de esta persona y me salta, a mí personalmente me salta el tema y es cuando empiezo a revisar con Obra Pública y bueno, sí, me percaté que hay un parentesco”, reconoció.
Ambos funcionarios argumentaron que no incurrieron en un conflicto de intereses ya que de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, pese a que existen relaciones familiares o de negocios, ellos no forman parte de los procesos de adjudicación, lo que les exime de responsabilidad.
Este artículo señala en su fracción primera que los servidores públicos que intervienen en los procedimientos de contratación se abstendrán de celebrar actos jurídicos y administrativos con:
“Aquellas (personas físicas o morales) con las que el servidor público que decida la adjudicación del contrato tenga un interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de cuya relación pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civil”.
La responsabilidad de la asignación de contratos por licitación es del comité de Obra Pública, el cual está conformado por:
La directora de Obra Pública, Laura Becerra; el director de costos y presupuestos, José Morales; la coordinadora jurídica, Ana García, los regidores del PAN Hidelberto Moreno y de Morena Guillermo Medina, Ruth Rizo como representante de la CMIC, Gabriel Falcón del Colegio de Ingenieros, Norma Díaz del Colegio de Arquitectos y José Méndez como representante de la Contraloría Municipal, en adición de dos jóvenes representantes ciudadanos.
AM solicitó vía Ley de Transparencia las cartas de no conflicto de intereses entregadas por las tres empresas, en las cuales manifiestan bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en los supuestos que prevé el artículo 16. Estas sí fueron entregadas, pero los nombres de los representantes legales que firman y dan fe fueron testados sin justificación.
Israel Martínez declaró que cuando se percató del parentesco emitió un oficio el 16 de junio del 2026 a la Contraloría Municipal informando de este hecho para que inicie una investigación y deslindarse de las contrataciones.
Este oficio fue posterior a que un ciudadano pidió información al municipio vía solicitudes de transparencia y acceso a la información en mayo de este año.
El funcionario mostró el documento, sin embargo, debido a que sigue en proceso de investigación en la Contraloría dijo que no era posible proporcionar una copia.
Defienden contrataciones
La directora de Obra Pública, Laura Elena Becerra García, defendió la legitimidad de los contratos adjudicados a las tres empresas argumentando que se siguió el procedimiento según la ley y fue ella quien se encargó de las contrataciones.
Explicó que como Dirección de Obra Pública no se rigen por la misma normativa de contratación que otras instancias municipales, se basan en la Ley de Obra Pública y el Padrón Único de Contratistas del Estado de Guanajuato.
Este último es gestionado por la Secretaría de Obra Pública estatal, y detalló que ellos solo cuentan con información limitada sobre las empresas registradas.
Laura Elena Becerra García, directora de Obra Pública. Foto: Daniel Villaseñor.
Nosotros como Municipio no tenemos toda la documentación, únicamente una pequeña cédula donde viene el representante legal, el capital contable, si cuenta con alguna maquinaria, su responsable técnico y la especialidad” explicó.
Señaló que los contratos de adjudicación directa pueden ser otorgados sin necesidad de revisión del Comité de Obra Pública y únicamente por la persona titular de la Dirección de Obra Pública, siempre y cuando se apeguen a los montos autorizados por el Congreso, es decir, menores a tres millones 583 mil 667.50 pesos.
En el caso de Pixis, S.A. de C.V. y Bypixis, S.A. de C.V. indicó que no veía problema en seguir contratando sus servicios, ya que si bien pertenecieron en su momento al subdirector de Ejecución de Obra y Mantenimiento, él ya no forma parte y no participa en los procesos de adjudicación. Además advirtió que no puede negarle el derecho a la empresa de participar.
El ingeniero (Gerardo Ortiz) deja de ser parte de esa empresa, y a sabiendas de que hay otro ingeniero a cargo de Pixis (Luis Garate), pues él continúa como cualquier otra empresa local, estatal o federal con sus servicios. Porque tampoco se les puede coartar el derecho a seguir laborando”, indicó.
También aseguró que no existen irregularidades en la contratación de Somar. Y aunque inicialmente indicó que se basan en la trayectoria de las empresas dentro de la Dirección de Obra Pública para seleccionarlas como contratistas, posteriormente refirió que solo consideran la especialización que tienen registradas en el Padrón de Contratistas.
“No nada más ha sido la única empresa a la que se le ha considerado asignación directa y que sea nueva empresa. Ahora sí que tratamos de invitar a más empresas para poder repartir más lo que es el trabajo y tener varias opciones en cuanto al tema de asignación”, apeló.
Se le solicitó una lista de estas empresas con estas mismas características que han sido contratadas, pero al cierre de esta edición dicha lista no fue entregada.
A través del área de comunicación social, también se solicitó una entrevista con los directivos del Sapal que firmaron en los contratos asignados a la empresa Pixis, S.A. de C.V., y aunque comentaron que revisarián el tema, no dieron fecha para la entrevista ni enviaron postura sobre las contrataciones.
“Sería poco responsable dar una postura”
Desde el 22 de julio AM solicitó una entrevista con la contralora municipal, Viridiana Marquez Moreno, para corroborar si es que estas contrataciones realizadas a familiares y ex socios de los funcionarios incurrió en un conflicto de intereses, sin embargo, el área de Comunicación Social argumentó que por la carga de trabajo no sería posible.
En su lugar emitieron un comunicado donde señalaron que:
Sería poco responsable de nuestra parte dar una postura de la existencia o inexistencia de la falta, esto ya que cada asunto tiene circunstancias particulares; jurídicamente para poder determinar la existencia de un conflicto de interés sólo puede efectuarse después de analizar un caso concreto, dentro de una investigación, revisando la documentación, las actuaciones y las pruebas que existan.”
Detallaron además que el conflicto de intereses se define, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, como: “la posible afectación al desempeño imparcial y objetivo de las funciones de un servidor público derivada de intereses personales, familiares o de negocios”
Indicaron que el artículo 58 de esta ley señala que los servidores públicos incurren en actuación bajo conflicto de interés cuando: “interviene, con motivo de su empleo, cargo o comisión, en la atención, tramitación o resolución de un asunto en el que tenga un conflicto de interés o un impedimento legal”.
Y en dado caso de ser así, los funcionarios tienen la obligación de informarlo y excusarse de participar en dichos procesos.
Urge reformas
El regidor Guillermo Medina Plasencia (Morena), integrante del Comité de Obra pública , reveló que ya tenía conocimiento de esta situación y planteó el mismo cuestionamiento en su momento al secretario de Infraestructura, Israel Martínez, respecto a un posible conflicto de interés.
Detalló que ha presentado al menos cuatro iniciativas que buscan reformar tanto el Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados, como el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, para evitar dichos conflictos de interés y la contratación de empresas fachada, pero lamentó que estas no han prosperado.
El problema que tenemos es que yo propongo la iniciativa con proyecto de decreto para modificación y de repente la tienen en el cajón. ¿Por qué de repente unas suben rápido y otras que desde la oposición ponemos las van pateando el bote? Ahí se nota la preferencia”, apuntó.
La primera de estas reformas plantea modificar el artículo 13 del Reglamento de Obra Pública para indicar que los miembros del Comité de Obras no pueden participar directa o indirectamente como licitantes, socios, representantes, asesores o mediante cualquier tipo de vínculo de interés económico o de negocios en los procesos de licitación relacionados con la obra pública durante el tiempo en que desempeñen dicho cargo.
Además busca integrar como requisito de inscripción al padrón de proveedores los datos biométricos de los representantes legales de las empresas para verificar su identidad y que estos sean comprobados tras cada contratación.
AM buscó contactar con los ediles que conforman la comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial, Implan y Obra Pública, Hildeberto Moreno, Luis González, Ma. Esther Santos, Ramón Hernández, Luz Anguiano, Guillermo Medina, Dessire Ángel Rocha y Norma López para conocer si es que estos sabían de estas empresas y su relación con los funcionarios.
Con Luis González y Norma López no se llegó a concretar una entrevista sobre el tema. El resto de ediles no respondió a la solicitud de AM.
Ma. Esther Santos, no se pronunció sobre el tema debido a que indicó que es responsabilidad de la Dirección de Obra Pública y su comisión interna, de la cual ella no forma parte.
Por otro lado, Hildeberto Moreno Faba (PAN), quien forma parte tanto de la Comisión como del Comité de Obra Pública, señaló que desconocía de la relación entre los funcionarios y las empresas, por lo que no podía dar más declaraciones.
Ocultan información de contratos
La Dirección de Obra Pública ocultó los nombres de los representantes legales de las empresas Pixis, ByPixis y Somar —vinculadas a familiares y socios de directivos municipales— al responder con retraso a solicitudes de acceso a la información realizadas por AM a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Algunos de estos contratos ya eran públicos con los nombres sin testar y estaban disponibles en bases de datos del Gobierno Municipal, pero en la respuesta de la solicitudes de transparencia, el Gobierno decidió quitar de los documentos los nombres de Luis Alberto Gárate Álvarez de Pixis y ByPixis y de Gerardo Gabriel Sosa Martínez.
En su respuesta que entregó vía la Ley de Transparencia, el gobierno municipal tampoco incluyó la justificación legal requerida para ocultar estos datos.
Aunque funcionarios prometieron entregar el acuerdo del Comité de Transparencia, finalmente condicionaron su entrega a un nuevo trámite. Además, los reporteros intentaron revisar los documentos de manera presencial, pero se les negó el acceso argumentando que aún debían ser digitalizados.
Respecto al motivo de la reserva de datos, Luisa Paula Rodríguez Oliva, subdirectora jurídica de la dependencia, indicó:
Se solicitó la reserva de información de datos personales por seguridad, porque lamentablemente no nada más las personas que desean utilizarlas para bien desean esa información, lamentablemente pues todos tenemos acceso (…) es un tema delicado, los extorsionan”, señaló.
Por su parte, la titular de la Unidad de Transparencia, Luz Araceli Andrade Cifuentes, explicó que las dependencias deben presentar argumentos válidos para reservar información (artículos 107 y 108) y que el acta de reserva y la prueba de daño son documentos abiertos que debieron entregarse con la respuesta.
Finalmente, al ser cuestionada sobre si esta acción contradice el discurso de un gobierno abierto y transparente, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos declaró:
“Es importante destacar que hay leyes que señalan qué datos se tienen que testar. Todo lo que la ley nos señala lo vamos a cumplir, pero también siempre apostándole a la transparencia. Entonces, si hubiera algo que estuviera fuera de lugar con mucho gusto lo revisamos”, puntualizó.
AAK
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