Guanajuato.- Distintas voces ciudadanas exigieron a las autoridades claridad luego del anuncio de un decomiso de 59 millones de litros de combustible en una planta de almacenamiento en el municipio de San José de Iturbide, cuyos permisos siguen en revisión.
Además de claridad, pidieron transparentar el operativo conjunto que se divulgó el pasado 17 de septiembre, así como justificar, dentro de los límites del debido proceso, que se haya realizado con base en una investigación seria.
Entre las personas consultadas hay exfuncionarios de seguridad, especialistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que vigilan la actuación de los gobiernos de los tres niveles en rubros como el empresarial, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
“Hay que exigir que quien haya rebasado o actuado sin atribuciones legales, asuma responsabilidades y se le finquen responsabilidades” si faltaron a los protocolos, afirmó Juan Miguel Alcántara Soria, exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero fue más allá en su exigencia de deslinde de responsabilidades, al asegurar que, ante esta y otras “pifias” por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), no bastaba la remoción del delegado estatal, Juan Francisco Vera Ayala: “Hay que pedir la remoción de la Fiscal de la República (Ernestina Godoy Ramos)”.
Esto, dijo, “porque se está saltando toda la normatividad constitucional que le rige (a su cargo)”.
En entrevista con AM, urgió a que dichas autoridades “respondan de haber hecho investigación y que antes de anunciar tanto en lo local como en lo federal que había huachicol y que había decomisos, y además, anunciados precipitadamente desde Guanajuato, luego a nivel federal, se revise con pulcritud las fallas en todo este proceso, lo que elegantemente es llamada ‘la cadena de custodia’”.
El caso se refiere al aseguramiento de la terminal de almacenamiento de hidrocarburos de Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., instalada en la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, sobre la carretera federal 57, rumbo a San Luis Potosí.
Aunque el 17 de septiembre se informó del cateo realizado por autoridades federales y estatales, desde el día 3 habían iniciado las revisiones.
Desde el anuncio, la empresa ha emitido varios comunicados en los que asegura tener en regla su documentación, pero las autoridades, incluida la gobernadora Libia García, insisten en que aquella no ha presentado la carta de importación o las facturas de Pemex que avalen la trazabilidad legal del combustible.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el caso.
Trump nos observa: Alcántara
Juan Miguel Alcántara Soria también advirtió que estas “pifias” se visualizan “no solo desde Guanajuato, desde el país, también internacionalmente, y (el presidente de Estados Unidos, Donald Trump) va a estar encima de esta ineptitud y corrupción en las instancias que persiguen a la delincuencia en nuestro país”.
Su conclusión preliminar, dijo, “es que hay una serie de ineptitudes, a partir de estas deficiencias, de que no se ha investigado antes de decomisar, aunque sea preliminarmente, sino que se ha anunciado como si ya hubiese una situación aquí para judicializar, que no se hizo correctamente”, esto en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato, el 18 de septiembre, un día después del anuncio del operativo.
El exfuncionario federal también advirtió que, si la FGR lanzó una acusación de este calibre —de “huachicol fiscal”— contra una empresa con ese tamaño, qué puede esperar un ciudadano ante la acusación de poseer un arma prohibida o portar droga, sin tener esas capacidades de defensa. “Es de terror lo que estamos viviendo”.
Huachicol suma variable política: Capella
Para Alberto Capella, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano para la Construcción de la Paz en Guanajuato, la presión para dar resultados en el combate a los delitos y a la inseguridad está llevando a las instituciones y los gobiernos a realizar anuncios de golpes espectaculares, más que a realizar una buena investigación.
Esta celeridad, dijo, muchas veces lleva a que los mensajes no sean comunicados adecuadamente, sembrando dudas en la ciudadanía sobre la legalidad y el alcance de dichos operativos, que, reconoce, representan un reto de principio a fin en su investigación, sobre todo en cuestiones de protección civil.
“El huachicol es un fenómeno criminal, fiscal y ya también de orden político, por las figuras que particularmente en los dos últimos años se han venido señalando. Es un tema sumamente grave, pero lamentablemente no hay investigaciones que nos puedan señalar que los expedientes y los hechos que se plantean son verdaderamente sólidos”, por lo que muchas veces surgen cuestionamientos y los casos terminan convertidos en un tema de golpeteo político.
Capella advirtió que, de cierta manera, poner los reflectores en el huachicoleo fiscal está desviando la atención del robo físico del combustible desde los ductos, algo que sigue pasando. “Una distracción bastante conveniente para los grupos criminales”, especialmente en Guanajuato, entidad que más conflictos ha sufrido en términos de violencia debido al huachicoleo “físico”.
Para Alejandro Armando Ramírez Zamarripa, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, es comprensible que haya cierta secrecía en la investigación y se guarde el debido proceso; sin embargo, sí hay un margen para mejorar la transparencia con la que se informan estos operativos, para no deteriorar aún más la confianza en las instituciones.
“Ahí, el error de comunicación en esta idea de rendición de cuentas, entendida como el que le expliquen a los ciudadanos qué se entiende, ahí es donde pudiera centrarse, que se genera como esta desconfianza, porque lo anuncian como una gran noticia y (…) luego que salgan a explicar qué fue lo que sucedió”.
Darle trazabilidad a las decisiones eliminaría muchas dudas, aseguró. También consideró necesario revisar los alcances de los convenios de colaboración entre corporaciones.
Para Raúl Calvillo, director del “Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?”, es muy importante que en el combate a la impunidad no se cometan excesos que conviertan una buena noticia en un deterioro de la confianza en las instituciones.
Planteó que las autoridades aclararan que la planta está “bajo investigación”, en tanto se deslinda la responsabilidad de los dueños del combustible bajo sospecha, y que no se difundiera casi como un hecho el presunto huachicol.
En tanto, el analista David Saucedo responsabilizó a Juan Francisco Vera Ayala, exdelegado de la FGR, pues, dijo, mostró una falta de pericia en la investigación policial y un interés mediático en el operativo antes que en una integración correcta de la carpeta.
Advirtió que la carga de la prueba no recae en el presunto responsable, sino en la autoridad, que debe comprobar la responsabilidad del delito.
También señaló que fue un error por parte de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato haber secundado el anuncio sin cerciorarse de la solidez del caso y que alguna otra persona decidió validar el caso ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, encabezada por Omar García Harfuch.
El primero, dijo, fue un error técnico; el otro, un error político.
Siguen revisando permisos: Sheinbaum
Durante la conferencia “mañanera” de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que “se siguen revisando los permisos” de la empresa investigada por presunto huachicol en San José de Iturbide y, al mismo tiempo, dejó sin desmentir las versiones sobre la salida del delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala.
Esto, después de que una reportera le preguntara sobre qué actualización le había dado el Gabinete de Seguridad sobre este aseguramiento de presunto huachicol “que ahora parece que finalmente no fue huachicol en Guanajuato y que fue cesado el delegado de la FGR en esa entidad”.
“Entiendo que siguen trabajando en los permisos que tenía esta o que tiene esta empresa y ya tendrá que informar en su momento la Fiscalía. Pregunté a la fiscal (Ernestina Godoy) y me dijo que siguen revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento”, respondió la Presidenta.
La reportera insistió en si no se puede descartar aún el presunto “huachicol” en la planta.
“Pues hasta que la Fiscalía no cierre la revisión de todos los permisos”.
Espera indicaciones de superiores
Aunque no desmintió las versiones sobre su salida, Juan Francisco Vera Ayala estará en funciones hasta que haya una instrucción diferente de sus superiores. Esta fue la última postura que emitió a través de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato.
La salida de Vera Ayala fue difundida desde el miércoles 23 de septiembre, después de que surgieran cuestionamientos sobre el aseguramiento de los 59 millones de litros de combustible de la terminal de almacenamiento involucrada en San José de Iturbide, operada por la empresa Gas Natural del Noroeste (GNN).
Esta versión, que AM confirmó con fuentes estatales, también fue difundida por medios nacionales que incluso señalaron a la funcionaria de la FGR Norma Quevedo Vázquez como su reemplazo.
AM insistió en buscar la postura del hasta ahora titular de la delegación de la FGR en Guanajuato; sin embargo, no hubo respuesta vía mensaje. Fue a través de la delegación que se solicitó una respuesta, en la que se precisó que esperaría indicaciones de sus superiores.
“Él está en funciones hasta que haya una instrucción diferente de la superioridad”, informó un funcionario de la FGR.
Cabe señalar que Vera Ayala ha sido señalado como uno de los principales responsables de que no se sustentara el aseguramiento del combustible de una empresa que, al día de hoy, opera sin mayores restricciones.
“Cambios en esa área”
Ante la salida de Juan Francisco Vera Ayala de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, el secretario de Gobierno del estado, Jorge Jiménez Lona, evitó confirmar oficialmente el relevo, aunque reconoció que “sí hay un cambio en esa área”.
Dijo que hasta el momento el Gobierno del Estado no ha recibido información oficial y pidió esperar el comunicado de la FGR.
“De manera oficial no hemos recibido esa información. Sabemos que sí hay un cambio en esa área, pero yo les pediría que esperemos la información oficial”, señaló.
Jiménez Lona reconoció el trabajo realizado por Vera Ayala durante los ocho meses que permaneció en el estado y destacó la coordinación alcanzada para realizar cateos y aseguramientos.
También rechazó especular sobre las razones del cambio y sostuvo que será importante que quien llegue mantenga la coordinación con las autoridades estatales.
“Él es un colaborador federal, no depende del Gobierno del Estado y sería irresponsable de mi parte hacer un señalamiento. Yo creo que aquí lo importante es que quien llegue se sume y aporte esta coordinación, que es fundamental”, afirmó.
Anuncio compartido
La primera instancia en difundir el enorme decomiso en todas sus plataformas digitales fue la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato. El mismo día del anuncio, AM entrevistó a su titular, Juan Mauro González Martínez, después de las 5:30 de ese 17 de septiembre.
El funcionario explicó a detalle la manera en que iniciaron las investigaciones que desembocaron en el hallazgo del inmueble que almacenaba más de 59 millones de litros de combustible en la comunidad La Fragua, del municipio de San José de Iturbide.
“Es producto de un trabajo, de un aseguramiento previo de una gasolinera ahí en San José Iturbide, posteriormente se sigue esta esta línea de investigación lo cual nos permite hacer un cateo que nos otorga un juez y se da también el aseguramiento de una gasera”, platicó en entrevista.
Este jueves, AM solicitó a la misma dependencia una postura para conocer si sostenían lo que declaró previamente sobre el origen y desarrollo del caso de San José de Iturbide: que el aseguramiento de una pipa llevó a otras diligencias hasta llegar a la terminal, así como la información difundida sobre el aseguramiento de 59 millones de litros.
Por medio de su enlace de prensa, la Secretaría respondió: “Las actualizaciones son con FGR, el caso lo tiene FEMDO. Nosotros no tenemos nada adicional a lo que ya se les dijo en la entrevista pasada”.
Aquel 17 de septiembre, la FGR agregó que el 3 de julio de 2026 se detuvo a una persona cuando descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera en San Luis de la Paz. De ahí, la investigación apuntó a una gasolinera y a un inmueble de despacho de gas L.P., del mismo propietario, pero en el municipio de Dolores Hidalgo.
Al día siguiente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que habría detenciones relacionadas con el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible.
“En este caso no va a ser la excepción, va a haber detenidos”, afirmó García Harfuch.
AM planteó ayer la misma pregunta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respecto de las declaraciones de su titular sobre el origen del caso, el aseguramiento y las detenciones que señaló que podrían derivarse de la investigación.
A través de su enlace de prensa, la dependencia respondió: “Es una investigación que realiza la FGR. Es la instancia correspondiente, en tanto no concluyan las indagatorias”.
Ante la pregunta específica de si García Harfuch mantiene lo que declaró públicamente sobre el caso, la respuesta de la dependencia no abordó ese punto de manera directa. “Es parte de la investigación”, contestó su enlace de prensa.
Empresa responde
Días después de las declaraciones de ambas fiscalías, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la FGR de Guanajuato que informara si era ilícito el almacenamiento del combustible asegurado.
Esto luego de que la terminal de Grupo SIMSA informara que opera desde hace nueve años con los permisos federales correspondientes y que no es propietaria del combustible almacenado, sino que presta ese servicio a empresas que deben acreditar ante ella la propiedad y procedencia legal de los productos.
“La Fiscalía tiene que informar de si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades o qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar, pero lo tiene que hacer la Fiscalía”, dijo la mandataria.
Luego, durante la conferencia, se cambió de tema y ya no hubo más referencias al caso del delegado.
Por su parte, la empresa SIMSA continúa sus operaciones con normalidad, como lo pudo constatar AM en sus instalaciones.
HLL
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