Chowell y Héctor, dos aspirantes

El Poder Judicial de Guanajuato busca Presidente para el periodo 2020-2022.

Claudia Barrera Rangel no tiene la opción de repetir por otros dos años, pues su periodo como Magistrada termina en junio del siguiente año (ya no tiene opción a ratificación, sería su retiro).

Todo puede pasar de aquí a la sesión donde lo votan (en enero), pero hoy, hoy, son dos los perfilados con más posibilidades, ambos magistrados penales: Héctor Tinajero y Daniel Federico Chowell.

El segundo va por la revancha luego de que su aspiración se ha visto frustrada en otros periodos pues, les guste o no, se trata de un Poder cuyos procesos internos están a la sombra del Gobernador en turno.

Desde el despacho de Miguel Márquez se operó la llegada de Miguel Valadez Reyes en 2016, un respetado jurista que “apagó el fuego” en ese momento en el Poder Judicial; y luego su relevo con Claudia Barrera, a quien se identificó con el compadre de 3M, el empresario Rafael “Gallo” Barba.

Hoy desde Palacio de Gobierno parece no han enviado señales de intervención, hay que estar atentos.

Daniel Chowell fue Procurador de Justicia del Estado y luego tuvo una aventura fallida como candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato, por el PAN. En abril 2017 fue reelecto como Magistrado.

Hace dos años Daniel empujó a Diego León Zavala, otro panista que brincó de la Secretaría de Finanzas del Estado al Poder Judicial, parecía traer “canicas” pero reculó ante la línea oficial a favor de Claudia. Diego termina su primer periodo en junio y debe esperar para saber si lo ratifican, así que no puede aspirar.

Ahora que parece no haber favorito en Palacio puede ser una buena oportunidad para Chowell Arenas.

No tiene precisamente la mejor relación con el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, lo que puede verse como una desventaja, pero también como una oportunidad para el Poder Judicial y el Ejecutivo de fortalecer los contrapesos frente a un todopoderoso Fiscal, a quien le regalaron nueve años más en esa silla.

Por otro lado está el maestro Héctor Tinajero Muñoz, electo magistrado en Cuarta Sala en 2016 y hombre de toda la confianza de Miguel Valadez (en su Presidencia fungió como Secretario General del Consejo del Poder Judicial), cuya influencia tiene un peso específico en la institución.

Tiene carrera amplia como Juez Penal en León, San Francisco del Rincón, Juventino Rosas. A su favor juega que es una figura que no polariza dentro y fuera del Poder Judicial. No es un militante panista.

Ya sabemos que en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado no les gusta eso de las contiendas internas, así sea a regañadientes aparecen siempre todos alineados para ratificar en enero a una sola propuesta. Así que de aquí a diciembre cada aspirante intentará amarres y ya veremos quién suma más canicas.

El que sea asumirá un Poder Judicial que, si bien luce sólido y en evaluaciones presenta buenos indicadores, tiene varios pendientes por resolver en lo interior y le urge tomar el protagonismo hacia afuera como uno de los tres Poderes del Estado (hoy la atención está en el Ejecutivo y Legislativo).

En los siguientes dos años un gran reto es la implementación de la Justicia Laboral. Ya hay algunos avances en la definición de terrenos donde estarán los juzgados y por presupuesto no tendrán problema, pero lo más complejo es la operación del nuevo modelo y la carga de trabajo que les va a implicar.

También urge fortalecer el Sistema de Oralidad Familiar que tiene una alta demanda en varias zonas.

En un ejercicio de autocrítica deben estar preocupados por los resultados del estudio “Hallazgos 2018, seguimiento y evaluación al Sistema de Justicia Penal en México”, que presentó México Evalúa. Si bien Guanajuato es el menos peor, resulta que el 87.6% de los delitos denunciados no se castigan.

En el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal Guanajuato está en segundo lugar, sólo detrás de Querétaro. Pero con 584 puntos sobre 1,000 es una nota reprobatoria.

El Poder Judicial de Guanajuato tiene asignado este año un presupuesto de mil 759 millones de pesos.  El fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas debe ser bandera del nuevo Presidente. 

Zapateros, en ascuas

Los empresarios zapateros están en ascuas con la respuesta Federal de sostener aranceles.

La reunión y visita a Sapica de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, sirvió para sensibilizarla sobre la importancia del sector en la economía local, pero no, al menos todavía, para la noticia que están esperando: la de mantener los aranceles al calzado importado de manera indefinida.

Fue una visita cordial, todos de muy buen ánimo, pero sin respuestas definitivas. La reunión privada con la élite zapatera y autoridades duró una hora con diez minutos y el recorrido otra hora más.

El 2 de noviembre termina la prórroga de seis meses que el Gobierno Federal les concedió. La última palabra de la política arancelaria que se habrá de seguir está en la cancha del presidente López Obrador.

El origen es diciembre de 2018, cuando en el gobierno de Felipe Calderón se apostó a la reducción gradual de aranceles en diferentes bienes manufacturados en México, como calzado y textil (una villana favorita del sector era la entonces subsecretaria de Industria y Comercio, Lorenza Martínez).

La promesa fue ser más competitivos y reducir el costo-país para enfrentar el mercado global. Los industriales sostienen que el Gobierno no les cumplió. Que se entregó el mercado a cambio de nada. Y juran que no quieren proteccionismo gubernamental, únicamente la cancha pareja para poder competir.

Desde el Gobierno hay quienes piensan que muchos industriales quieren ganar “nadando de muertito”.

“Lo que se va a proponer les va a gustar”, les dijo la Secretaria. Pero no dio pista alguna. Les dice que será una solución sexenal para evitar la incertidumbre, en la que precisamente hoy se encuentran.

Pero los zapateros no se hacen ilusiones que eso sea un “sí” a mantener aranceles. No cantan victoria.

Hoy el arancel máximo de la Organización Mundial del Comercio para los países con los que no se tiene tratado comercial es entre 25% y 30% (eso cubre el 70% de las importaciones asiáticas de calzado) y, de no haber nuevo decreto, a partir del 3 de noviembre el máximo de arancel bajaría a 20%.

Los zapateros estiman que esa reducción provocaría que el primer año las importaciones de calzado aumentarán entre 15 y 20% (este año a julio crecieron en 8%), y perder hasta 15 mil empleos de inicio.

E insisten que con la medida no ganará el consumidor con zapatos a mejor precio sino los grandes comercializadores.

En el encuentro estuvieron unos 30 empresarios afiliados a la Cámara del Calzado que encabeza Luis Gerardo García. Algunos nombres: Roberto Plascencia (Flexi), Javier Plascencia (Elefante), Fernando Márquez (Tropicana), Chava Sánchez (Berrendo), Rafael León (Pirma), Martha Torres (marroquinera).

El alcalde de León, Héctor López, y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez llevaron el mensaje político enfocado a la importancia de esa industria de la que dependen 220 mil familias en el país.

Los zapateros hicieron una presentación de tres puntos a la Secretaria. El primero la “Transformación de la Industria”, el diagnóstico que les está realizando el despacho alemán Roland Berger. Le recordaron que ya inscribieron el proyecto para recibir apoyo en su segunda etapa, que consiste en definir el desarrollo de alternativas estratégicas enfocadas a cada uno de los tipos de empresa.

Quisieron mostrarle una industria echada para adelante, y no solamente estirando la mano al Gobierno.

Le hablaron de las iniciativas de formación laboral que tienen en marcha con universidades e institutos.

Y finalmente sobre la gran preocupación por el tema de la desgravación y el combate a la ilegalidad. También el temor de que se retomen las negociaciones de acuerdos comerciales con Brasil y Argentina, y se quejaron de las grandes cadenas comerciales que aprietan y aprietan a los fabricantes locales.

Hoy uno de cada tres pares que se venden en México (sin contabilizar el contrabando) es importado.

Lo cierto es que hoy la industria nacional del calzado liga cuatro trimestre consecutivos en caída. Está en recesión.

Diputados en Madrid

Siete diputados locales del PAN ya aterrizaron en Madrid para tomar un Seminario de Gestión Pública.

La bancada azul en el Congreso del Estado es de 19 legisladores y los siete que viajaron a España son: los leoneses Rolando Alcántar, Libia García y Lupe Vera. Los celayenses Paulo Bañuelos y Emma Tovar; Katya Cristina Soto, de San Miguel de Allende, y Germán Cervantes, de Salvatierra.

Estarán del 1 al 6 de septiembre en la Universidad José Camilo Cela, en Madrid, España.

Cada diputado cuenta con un monto anual para capacitación por 55 mil 212 pesos que puede utilizar como disponga, cumpliendo con ciertos lineamientos que marca el Congreso. En este caso los siete decidieron aplicar esa partida en el Seminario. Si los gastos son más deberán pagarlos de su bolsa.

Uno de los ponentes es Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos a la Presidencia de Argentina (quien fuera jefe de Gabinete de Cristina Fernández y hoy el principal opositor de Mauricio Macri).

Las ponencias que tomarán se refieren a los siguientes temas (según la página del Instituto Mejores Gobernantes, que promueve el curso): “Construcción de una imagen pública”, “Coaching político”, “Gobierno efectivo”, “Comunicación de Medios”, “Taller de crisis de Gobierno”, “Gobernanza emocional”; “Liderazgo”, “Eventos de Gobierno”, “Mensaje y persuasión”, y “Taller de crisis”.

En su gira también está previsto que Francisco Carrillo, senador de España, los reciba en el recinto legislativo para charlar sobre desafíos de la política y los congresos en un marco global de cooperación.

Cada Legislatura diputados viajan a España para capacitarse con el dinero público. Suertudotes.

El Legislativo está en periodo de receso e iniciará su segundo año el próximo 25 de septiembre.

De los siete que van a España cuatro presiden comisiones: Rolando Alcántar, la de Seguridad Pública y Comunicaciones; Libia García, Gobernación; Lupe Vera, Desarrollo Urbano y Obra Pública; y Paulo Bañuelos, Fomento Agropecuario. Pues que aprendan y regresen muy motivados para su chamba.

SAPAL, el “regaño”

El diputado local Miguel Salim “regañó” a SAPAL por no acelerar una obra y funcionó.

El sábado 24 de agosto el legislador local subió a sus redes sociales un video desde el sitio de la obra en el bulevar Clouthier en el que manifestó lo siguiente: “Son las tres de la tarde, estamos en el bulevar Clouthier, obra que afecta a más de diez mil que circulan por aquí todos los días y ya no está trabajando nadie. Le hacemos un llamado a SAPAL a que trabajen sábados, domingos, inclusive en la noche”.

“SAPAL pónte las pilas”, remató el panista, y como fondo la fila de vehículos en la zona dorada de León.

El 5 de agosto SAPAL inició la segunda etapa del colector sanitario Clouthier. La obra consiste en la instalación de 1,182 metros lineales de tubería de concreto, los trabajos son sobre dos carriles centrales y el de alta velocidad de Clouthier en sentido Las Torres -Morelos, y se habilitó un carril de contraflujo.

El martes 27 de agosto SAPAL informó que a partir del día 29 los horarios se amplían: lunes a sábado de 7 de la mañana a las 9 de la noche, y el domingo de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. A excepción de hoy 1 de septiembre por la carrera atlética Suzuki Palmas y otras fechas especiales que hubiere.

El hecho deja claro que el acelerar obras con horarios ampliados y fines de semana es posible. Eso implicará desde luego un costo para el contratista por la carga laboral, pero al terminar en un menor también ganan los constructores, las autoridades, y sobre todo el ciudadano harto de obras leeentas en toda la ciudad.

El detalle es que no todos los ciudadanos son legisladores ni viven en esa zona de la ciudad. Por eso hay que exigirles a nuestros representantes que levanten la voz y a la autoridad escucharnos a todos.

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