Guanajuato.- La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado respaldó la propuesta de reforma en materia de transparencia presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, la cual plantea aumentar el plazo ordinario de respuesta de 5 a 8 días a las peticiones de información, y prórroga de hasta 10 días más.
Esta opinión es consolidada con la Secretaría de la Honestidad, -dependencia que aplicará la norma-, y la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con Vicente Vázquez Bustos, representante de la Consejería, aún y con esta ampliación Guanajuato sigue siendo el estado con menor tiempo de respuesta a las peticiones de información.
Esto ocurrió durante una mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para analizar dos iniciativas, una del PAN y una de Morena, que buscan expedir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer un esquema de simplificación orgánica.
Alberto Estrella, de la Procuraduría de Derechos Humanos, en contraparte, se manifestó en que los tiempos de respuesta deben de ser los que están vigentes.
En entrevista por separado, el diputado Jorge Espadas Galván defendió la propuesta del PAN de aumentar de 5 a 8 los días para dar respuesta, recalcando que el término que finalmente se acuerde, será inferior al que se estableció en la legislación federal.
En esa iniciativa que presentamos en diciembre el Grupo Parlamentario del PAN, se establece no duplicar, hoy tenemos 5 días para dar respuesta, duplicar serían 10. Son 8 los que se está proponiendo, no es el doble, y hay un periodo de ampliación de 5 a 8, ahora se propone de 5 a 10, lo que sí puedo garantizarles es que en este análisis que se hace en la comisión de Gobernación, el término será inferior al que se estableció en la legislación federal”, dijo.
“¿Cuántos días? Los que sean necesarios: 5, 8 o 10, pero será inferior, no nos vamos a ir por encima de lo que se están haciendo en el país en materia de transparencia, vamos a ir abajo”, enfatizó.
El diputado Rodrigo González Zaragoza, dijo que: “tenemos que hacerlo lo más ágil posible para el ciudadano, no pensar en partidos, no pensar en gobiernos, pensemos en el ciudadano de a pie”.
Rodrigo González aceptó que no necesariamente ampliar los plazos sea un retroceso, ya que también es una carga administrativa fuerte para los contralores de los entes obligados.
Por otro lado, está la visión del sistema estatal anticorrupción, y el IACIP, que no deben ser mayor los plazos de impugnación a los días de la solicitud.
“Habrá que armonizar, pero entre más rápido mejor”, destacó González.
PAN “busca orden”
La diputada Susana Bermúdez Cano, del PAN, precisó que la iniciativa de su partido tiene la finalidad de contar con un texto normativo ordenado y una mejor estructura normativa que facilite a los usuarios de la ley su manejo.
Vicente Vázquez de la Consejería reiteró que el objeto de ambas iniciativas se encuentra alineado en lo medular con las disposiciones de la reforma constitucional federal, que son coincidentes en más de un 85%.
Rodrigo González Zaragoza enfatizó esta reforma constitucional implica un retroceso y ahora se debe tratar de moldear lo más posible que el ciudadano pueda tener un acceso útil, rápido y accesible para no regresar a la época de la opacidad.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Yari Zapata, señaló que la propuesta debe fortalecer la garantía efectiva del derecho de acceso a la información mediante bases, procedimientos claros y mecanismos de cumplimiento alineados con la Ley General.
En su análisis, advirtió que se puede definir aún más las atribuciones de las unidades de transparencia, así como en los requisitos para designar a las personas titulares de la autoridad garante.
Por su parte representantes del Sistema Estatal Anticorrupción SEA y del Comité Ciudadano del mismo sistema, propusieron que ambos proyectos consideren tres pilares fundamentales para garantizar que la nueva legislación sea funcional y no represente un retroceso para la ciudadanía: principio de progresividad, claridad competencial y coherencia normativa.
El riesgo del ‘copy paste’
Alejandro Rocha Pedraza, exconsejero del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), destacó que Guanajuato era el único estado que tenía como plazo cinco días de respuesta.
Mencionó que en la Ley General también se aumentaron los plazos de respuesta. Antes eran 15 días hábiles, es decir, tres semanas. Ahora son 20 días hábiles como máximo, los cuales se pueden ampliar 10 días. Es decir, un total de 30 días, que serán un mes.
Desde que era comisionado advertí el riesgo de que (la ley estatal) fuera un copia y pega, además de que es mala la ley federal porque acota muchas facultades del Estado. Así que habría que hacer una ley que no sea tan mala. Sí es cierto que están limitados, pero algo se podría hacer”, afirmó.
En otro punto, Alejandro Rocha señaló que una de las deficiencias en la Ley General y en la iniciativa del PAN es que no se fija el tiempo durante el cual van a funcionar los integrantes de los órganos garantes. De tal manera que podrán despedirlos en cualquier momento.
Los órganos garantes son las oficinas que sustituirán al IACIP, que resolverán todas las inconformidades que presenten los ciudadanos cuando no les entreguen la información solicitada o se las entreguen parcialmente o de una forma que no se pueda analizar.
Y ya no será uno solo en el estado, sino que habrá uno por cada Poder o cada organismo autónomo. Es decir, serán juez y parte, señaló Rocha Pedraza.
HLL
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