Guanajuato.- Guanajuato es uno de los pocos estados que ofrece a los jóvenes que egresan del sistema de justicia penal adolescente servicios post externación, es decir, atención presencial, individualizada y multidisciplinaria que contribuye a su proceso de desarrollo personal, social, familiar, laboral, intelectual, formativo y psicoemocional.
Así lo anunció Luis Felipe Razo Ángeles, director general de Reintegración Social para Adolescentes en Guanajuato, durante su participación en el segundo y último día del Primer Congreso Internacional sobre Reinserción y Prevención de la Justicia Penal en Adolescentes, organizado por la Secretaría de Seguridad y Paz, en el Centro Fox.
El funcionario aseguró que el objetivo de la política pública estatal en atención a este sector de la población es que haya 0 % de reincidencia, algo que se ha logrado en el caso de quienes voluntariamente se suman a este programa.
El Estado debe implementar políticas públicas de empleo juvenil y programas de capacitación profesional que brinden a los adolescentes las habilidades y oportunidades necesarias. Se dice fácil, pero aquí, en Guanajuato, implementar el programa postexternación nos costó trabajo, porque hay sesgos y desafíos”.
Entre ellos están que estos chicos carecen de redes de apoyo, tienen bajo historial académico y poca o nula capacitación laboral.
Además de las adicciones -porque el 100% de quienes reciben medidas de internamiento consumen drogas-, “otro obstáculo son los ambientes criminógenos: salen de externación o del centro de internamiento y llegan a su mismo entorno. Tenemos que buscar otras alternativas, desde trabajar con la comunidad o decirles a los chicos que salgan de ese entorno para lograr una adecuada reinserción”.
Y lo hemos logrado: hay quienes ya no regresan a su ambiente, están en otros municipios y satisfactoriamente tenemos chicos que siguen estudiando o están trabajando”, celebró el especialista.
Reinserción social juvenil
En entrevista previa, Luis Felipe Razo informó que actualmente el sistema tiene a 36 menores internados y se da seguimiento a unos 200 que están bajo medida cautelar de suspensión condicional del proceso o de sanción, y que participan en el programa post externación, con quienes se trabaja en atención a su salud, el acceso a la educación o de inclusión laboral.
Durante la mesa “Modelo Guanajuato y diálogo internacional”, también participó Sofía Cobo Téllez, especialista en derechos humanos e investigadora, quien recalcó que debe quedar claro que “la justicia juvenil debe estructurarse en estándares, reglas y criterios de actuación diferenciados respecto de la Justicia Penal Ordinaria”.
Mencionó que la evidencia empírica también ha demostrado que la privación de la libertad en personas menores de edad tiene enormes efectos negativos, entre ellos la pérdida de identidad y de la autopercepción, que sufren daños irreversibles.
Y destacó que, en el tema, hay falta de perspectiva de género, pues no existen centros de internación para mujeres adolescentes, lo que incluye atención de la salud menstrual y ginecológica.
A la mesa también aportó reflexiones y datos el abogado penal y académico Fernando Falconi Muzquiz, quien pidió valorar adecuadamente “los contextos de poder y de significado desde los cuales se interpreta una norma para darle una aplicación, que puede ir de lo más restrictivo a lo más garantista”.
Esta valoración la deben aplicar no solo las personas juzgadoras, también quien legisla y quien aplica las leyes, o sea, diputados y funcionarios.
El caso Brasil
En otra charla, Pedro Rolo Benetti, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro e investigador del Centro de Estudios sobre la Violencia de la Universidad de Sao Paulo, abordó la evolución en ese país del tratamiento a la infancia y adolescencia en conflicto con la ley, bajo el llamado “Menorismo”.
Explicó que Brasil tiene casi 100 años con una justicia especializada en este grupo etario y que actualmente se utiliza el llamado “Sistema Nacional de Socioeducación de Brasil”, para generar data y política pública, donde se sustituye la noción de “pena” por “medida socioeducativa”.
Que se cuenta con seis medidas para responsabilizar a los adolescentes ante un daño: advertencia, obligación de reparar el daño, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, régimen de semilibertad e internamiento.
Comentó que las Unidades (centros) de internamiento en Brasil dependen de la organización de cada gobierno estatal, en algunos casos están bajo jurisdicción de Educación y en otros, de Seguridad.
El especialista brindó algunas cifras: los principales delitos cometidos por adolescentes en 2024 en Brasil fue el robo, 31.7%, el Tráfico de Drogas 27.9 %, Homicidio 12.6%, Hurto 4.5 % y Tentativa de Homicidio 2.6%.
Comentó que en su país han estado haciendo un gran esfuerzo por descriminalizar las poblaciones, específicamente, las que habitan en favelas para que sepan que pueden acceder cualquier espacio público, sean parques, museos, universidades (como estudiantes), porque muchas veces consideran que no tienen ese derecho, cuando por ser ciudadanos, por supuesto que lo tienen.
SS
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