Guanajuato capital.- La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) apelará la decisión del juez de no vincular a proceso a los elementos de FSPE que detuvieron a buscadoras en 2020 durante una manifestación en Guanajuato capital.
El lunes se reanudó la audiencia contra Atzimba, Josefina, Alejandra y Elizabeth, oficiales de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), a quienes la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAIV) y el Ministerio Público intentaban que se les vinculara a proceso penal por de abuso de la fuerza pública.
Tras una audiencia que duró más de ocho horas, el juez de manera oficiosa determinó estudiarlo como imputación objetiva; es decir que el Ministerio Público debía determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos para la imputación del delito.
Lo que no ocurrió, por lo que si el juez hubiera dictado la vinculación a proceso, hubiera violentado los derechos humanos de las agentes. Y es que hace seis años cuando empezó la investigación penal, el agente no precisó esas circunstancias.
CEAIV presenta apelación
En entrevista exclusiva para AM, el titular de la CEAIV, Francisco Javier Juárez León, informó que ya presentaron la apelación correspondiente para velar porque se haga justicia para las buscadoras y que ellas estuvieron de acuerdo con la decisión.
Cuestionado sobre el actuar del Ministerio Público, mencionó que es importante coordinarse con las demás instancias a fin de cuidar el debido proceso, pues el fin es que las víctimas en todos los casos puedan tener acceso a la justicia y se respeten sus derechos.
“Defendemos lo que de acuerdo a nuestras facultades nos da la ley. El derecho de las víctimas, que se ha ejercido, que se ha respetado, la Fiscalía, pues, acreditar el delito, y siempre con que haya un diálogo entre todas las instituciones. Eso yo creo que sería el llamado a que haya diálogo entre todos. Como en todos lados hay nuestras diferencias de criterios”.
Piden capacitar a policías
Sobre los protocolos que las autoridades deben seguir para garantizar el derecho a la libre manifestación, mencionó que han impulsado con los municipios capacitaciones y que es necesario que las personas que intervengan tengan el conocimiento y la sensibilidad. Y es que no es la primera ocasión en Guanajuato que los elementos policiales reprimen, detienen o hasta agreden a quienes se manifiestan por diferentes causas.
“Desde la Comisión y el trabajo que nosotros estamos haciendo es sensibilizar a las autoridades capacitándolas por el derecho de las víctimas, este libre derecho a la manifestación, que haya esta apertura, nosotros y aprovecho para comentarte desde la Comisión estamos impulsando unidades municipales de atención víctima, donde haya personal capacitado para para poder atender estos temas, que tenga la sensibilidad y el conocimiento técnico.
Policías señalan órdenes de superiores
En una audiencia previa, dos de las cuatro oficiales declararon su versión de los hechos y aseguraron que la detención fue por “órdenes de arriba” y que las obligaron a firmar todos los documentos como la lectura de derechos y la puesta a disposición.
Atzimba dijo que formaba parte de la policía urbana y que ese 10 de julio de 2020 estaba en el cuartel cuando les avisaron de la manifestación de colectivos de búsqueda en glorieta Santa Fe, supuestamente su superior, el comandante Miguel Belmonte, le habría ordenado el apoyo a sus compañeros para llevar a cabo la puesta a disposición de Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez, Karla Verónica Martínez Jiménez, Verónica Durán Lara y María del Carmen Ramírez Mercado.
Lo anterior, pese a que aseguró que no realizó la detención; su compañera Josefina declaró que el mismo Belmonte les ordenó dejar el armamento en la patrulla por ser una manifestación pacífica y que se quedaron en la parte de arriba de la glorieta. Después habrían regresado al cuartel.
Presuntamente les ordenaron después que fueran al MP a “ayudar a los del Infospe con la documentación de la detención”, que según su versión habrían sido quienes detuvieron a las buscadoras. Cuando le pidieron su número de registro se negó, pero aseguró que fue obligada “que eran órdenes de arriba”.
Seis años de proceso
Seis años después de la detención de buscadoras en Guanajuato capital, la Fiscalía ejerció acción penal contra cuatro policías estatales por presunto abuso de autoridad.
El caso comenzó el 10 de julio de 2020, durante una protesta de familiares de personas desaparecidas. Integrantes de colectivos rechazaban el nombramiento de Héctor Díaz Ezquerra al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. La manifestación llegó a la glorieta Santa Fe, donde los participantes bloquearon la vialidad.
Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) desplegaron 141 agentes. Durante el operativo fueron detenidas tres buscadoras: Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez, Karla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, además de la activista María del Carmen Ramírez Mercado.
Incluso fue detenido Jorge Francisco Rubio Salgado, visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien quedó libre poco después.
Las cuatro mujeres permanecieron retenidas durante varias horas. Los agentes las acusaron de ataques a las vías de comunicación y lesiones a policías. El entonces secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, defendió el operativo policial y reportó cuatro policías lesionados.
Documentan violaciones a derechos humanos
El 29 de junio de 2021, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato acreditó violaciones a derechos humanos, entre ellos la libertad personal y la seguridad jurídica. Recomendó procedimientos disciplinarios y capacitación para los agentes.
Las afectadas impugnaron la recomendación por considerarla insuficiente. Según Amnistía Internacional, la CNDH concluyó el recurso en 2022 al estimar adecuada la resolución estatal. La Procuraduría dio por cumplidas las recomendaciones, pero las víctimas siguieron exigiendo reparación y una disculpa pública.
Investigación tuvo varios cierres
La denuncia penal contra las policías enfrentó reiterados cierres. La Fiscalía determinó no ejercer acción penal en 2020, 2022 y 2023. Tras las impugnaciones de las víctimas, una jueza federal ordenó reabrir el expediente, según informó AM en agosto de 2025.
En julio de 2026, el Ministerio Público ejerció acción penal por presunto abuso de autoridad contra Atzimba Delgado Coronel, Elizabeth Rosales Estrada, Josefina Escobar Peinado y Alejandra Alcocer López.
El abogado de las víctimas, Roberto Saucedo Pimentel, cuestionó que la investigación no alcanzara a los mandos que pudieron ordenar el operativo.
La audiencia inicial, prevista para el 21 de agosto de 2026, fue aplazada pues solo compareció una de las cuatro policías y hubo dificultades para notificar a las otras tres. Fue así que se reprogramó para el 21 de octubre.
Morena exige investigar abusos atribuidos a las FSPE
La diputada Hades Aguilar, de Morena, presentó un punto de acuerdo para exigir a una investigación exhaustiva, imparcial y con enfoque de derechos humanos sobre los señalamientos de abusos y un asesinato cometidos presuntamente por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en contra de Abraham Rodríguez, Iván López y Leonardo Reyes Cayente.
La petición va dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y a la Procuraduría de Derechos Humanos del estado.
Mencionó los dos últimos casos de acusaciones contra las FSPE por supuestamente agredir a dos jóvenes en San Felipe, uno muerto y otro que está en coma.
En la tribuna del Congreso, retomó el caso de Abraham Rodríguez, de San Felipe, cuyo papá acusó a las FSPE de que se lo llevaron, lo golpearon y lo encontraron con una herida grave en la cabeza. Ahora está en coma, intubado.
Refirió que su padre escribió una carta dirigida a las autoridades, pidiéndoles que tomen cartas en el asunto, acusó que su hijo fue torturado y golpeado sin motivo. “Los que deben de cuidar al pueblo son los que los matan”, acusó la diputada
Relató que en esos días integrantes de las FSPE mataron a un joven llamado Iván que iba en su motocicleta en la carretera Silao-San Felipe, rumbo a una comunidad del segundo municipio.
Por eso exigió que se investigue la muerte de Iván. “Y le decimos a la Gobernadora, basta de policías que matan y encubren. No es posible que la Policía siga así, mientras las familias entierran a sus hijos”.
Recordó que en 2015 los agentes de las FSPE mataron a Leonardo Reyes Cayente, en San Miguel de Allende.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la diputada indicó que la propuesta busca que se esclarezca lo ocurrido, garantizar la atención y protección de las víctimas y sus familias, preservar las evidencias y determinar, conforme a derecho, las posibles responsabilidades, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Aguilar Castillo señaló que la seguridad pública debe garantizar la protección de la vida y la integridad de las personas, por lo que las actuaciones policiales que deriven en lesiones graves o pérdida de la vida deben investigarse con objetividad, transparencia y respeto a los derechos humanos, sin vulnerar la presunción de inocencia.
La congresista destacó que la revisión administrativa debe contemplar tanto la actuación de los elementos como la de sus mandos, además de verificar los protocolos de uso de la fuerza, las comunicaciones, los informes policiales y la preservación de evidencias.
También subrayó la importancia de garantizar la continuidad de la atención médica de Abraham y facilitar a sus familiares el acceso a servicios psicológicos, asesoría jurídica y medidas de protección.
Finalmente, la legisladora señaló que la Fiscalía debe agotar las líneas de investigación y contrastar los informes policiales con las pruebas científicas, documentales y testimoniales, a fin de determinar conforme a derecho si los hechos pudieran constituir delitos, sin anticipar conclusiones sobre las responsabilidades individuales.
La propuesta plantea exhortar también a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado para que inicie de oficio un expediente de queja por los hechos relacionados con Abraham, valore y solicite las medidas precautorias o cautelares necesarias.
También para que brinde a las familias de Abraham e Iván orientación jurídica, acompañamiento institucional y canalización a servicios de atención psicosocial y protección.
Finalmente, a la Fiscalía General del Estado para que continúe y fortalezca las investigaciones relacionadas con la muerte de Leonardo Reyes Cayente, la muerte de Iván López y las lesiones de Abraham Rodríguez, de manera inmediata, exhaustiva, objetiva, profesional e independiente.
Que agote todas las líneas de investigación, contraste los informes policiales con la evidencia científica, documental y testimonial, y determine conforme a derecho si los hechos pueden constituir lesiones, homicidio, abuso de autoridad, tortura, encubrimiento, alteración de evidencia u otros delitos
AAK
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