Abasolo.- “Fue algo exagerado, aproximadamente 40 elementos entre Agentes de Investigación (de la Fiscalía del Estado), Guardia Nacional y Ejército Mexicano; sacaron a los muchachos, los pusieron en fila, los hincaron y les apuntaron con los rifles“, demandó Aldo Giovanni Crivelli Canchola, representante del centro de rehabilitación Grupo Fe y Esperanza del municipio de Abasolo.
Hoy denunció inconsistencias y abusos por parte de las autoridades durante un cateo efectuado en su centro de rehabilitación la mañana del pasado jueves 30 de julio.
Hubo muchas irregularidades en la orden de cateo, tomaron entrevistas a personas que no se las tuvieron que haber tomado”, expresó Giovanni.
Durante una reunión junto a más representantes de la asociación Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Crivelli presentó su denuncia ante el fiscal regional B, Jesús Alejandro Jiménez Álvarez, por inconsistencias en la orden de cateo efectuada por el personal ministerial en su clínica de rehabilitación Grupo Fe y Esperanza, ubicada en la zona centro de Abasolo.
De acuerdo con la versión de Giovanni Crivelli, el pasado 30 de julio, un aproximado de 40 uniformados, entre los que se encontraba personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Agentes de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE), llegaron al anexo ubicado en la colonia Centro, presentando una supuesta orden de cateo.
Hace aproximadamente 15 días llegaron con una orden de cateo por venta de narcóticos, al parecer dentro del centro de rehabilitación”.
“Llegaron, se presentaron con una orden de cateo con las características de la casa, más no con el domicilio. Nos dan la orden y empiezan a tumbar la puerta, abrieron con herramientas, ingresaron a la fuerza cuando ya se le había permitido el acceso”, denunció.
Informó que todavía dentro del centro se les comentó que ahí estaban las llaves para que no rompieran nada: “y pues, les valió”, platicó Crivelli en entrevista para AM y Al Día.
Giovanni dijo que en la orden se mencionaba un domicilio con las características del inmueble donde opera el anexo, pero que la dirección era totalmente diferente.
Agregó que durante el cateo los agentes ministeriales rompieron puertas y candados, además de causar daños estructurales en el inmueble.
“A pesar de ello no lograron encontrar sustancias ni indicios de la presunta labor de investigación por la que iban.
“Ingresaron con los perros, empezaron a checar todo, checaron oficina, checaron consultorios, dormitorios y no encontraron nada.
“Solo dijeron que tenían que efectuar la orden, que ya se había hecho una averiguación, cuando en realidad nunca hicieron una averiguación”, platicó el dueño del centro de rehabilitación.
Después del cateo que, aseguran, se efectuó con mucha fuerza policial y con violencia, un agente de investigación quería empezar a revisar interno por interno.
Un ministerial quería revisar muchacho por muchacho, pero el abogado no lo permitió, les dijo: ‘¿sabes qué? Tú venías a una orden de cateo, no a checar nombres o a checar si alguien tenía otro delito, así que retírate'”, platicó Crivelli Canchola.
Aseguró que las autoridades sacaron a los jóvenes, los colocaron en una fila y los hicieron hincarse mientras les apuntaban con rifles.
Indicó que fue el mismo abogado de la clínica quien encaró a los agentes recordándoles que estaban violentando los derechos de los internos.
El Fiscal regional nos dijo que iba a poner cartas sobre el asunto, pero también nos comentó que era su trabajo. Que ellos traían en la orden dos entrevistas de dos personas que encontraron al exterior, quiero creer que por quitarse la bronca, dieron un domicilio cualquiera y fue como tomaron la orden de cateo”, expresó.
Fiscalía, sin postura
Al cuestionar a la Fiscalía General del Estado por los hechos antes descritos, el departamento de Comunicación Social en un primer momento solo comentó que solicitarían información.
Sin embargo, en una segunda ocasión el mismo departamento de Comunicación Social dijo que no tuvieron respuesta. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no ha compartido su postura o algún informe acerca de este cateo.
Más cateos en anexos de Guanajuato
Lo único que nos dijo el fiscal fue que hubo cinco órdenes de cateo para todo el estado, dos en Abasolo, una en Pénjamo y las otras dos no nos las mencionó”, indicó Nicolás Pérez Ponce, representante de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB).
Manifestó que ese mismo día en Abasolo, catearon otro centro de rehabilitación a las 6:00 de la mañana, era exactamente la misma orden de cateo, nada más cambiaban el domicilio.
Agregó que el caso sigue bajo investigación, aunque no compartieron una fecha exacta, compartieron que en el transcurso de la siguiente semana volverán a reunirse con el fiscal regional B (con sede en Irapuato), para conversar sobre cuál será el proceder legal.
En cuanto a la carpeta de investigación, solo el abogado de la clínica ha tenido acceso a ella.
Mi abogado solo ha comentado que hubo muchas irregularidades en la orden de cateo, que tomaron entrevistas a personas que no se las tuvieron que haber tomado, es decir, no son personas justificadas; ¡violaron los derechos de los muchachos!”, agregó el dueño y representante del centro de rehabilitación Grupo Fe y Esperanza.
Protestan en Fiscalía
El pasado miércoles 5 de agosto los integrantes de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) se manifestaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía Regional B, ubicada en el complejo del Cereso en Irapuato.
La intención era reunirse con el fiscal regional para exigir que los cateos en anexos se realicen conforme a la ley.
La movilización surgió tras los operativos realizados en entidades como Jalisco, Nuevo León y Nayarit, donde, de acuerdo con la organización, fueron clausurados 16 centros de rehabilitación en Jalisco, 14 en Nuevo León y 13 en Nayarit.
“No estamos en contra de las revisiones o de las investigaciones. De hecho, nosotros somos de los primeros que hemos alzado la voz para dignificar esta labor.
Lo único que pedimos es que las revisiones se hagan conforme a la ley”, pidió Nicolás Pérez Ponce, dirigente del CRUB.
AAK
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