Guanajuato.- Funcionarios del Parque Agrotecnológico Xonotli desviaron recursos públicos e incurrieron en otras irregularidades por un monto total de 21 millones 27 mil pesos, reveló una auditoría de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC)

Marisol Ruenes Torre, titular de la dependencia, confirmó que el caso se turnará al Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción para que definan las sanciones administrativas y los procesos penales que corresponden.

Señaló que no es posible informar aún los nombres de los funcionarios involucrados para no entorpecer las investigaciones.

AUDITORÍA A LA FUERZA

La auditoría inició el 8 de octubre de 2018 y contempla la revisión de información del Parque Xonotli de enero de 2017 a diciembre de 2018 y la STRC nombró a dos comisarios para darle seguimiento.

Ruenes Torres explicó que hubo una negativa de las autoridades del Parque Xonotli para entregar la información y por primera vez la dependencia estatal pidió el apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE)para poder llevar a cabo la auditoría.

Debido a que no se tenía la información que se requería para la auditoría, la STRC informa al Gobernador (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo) que se va a hacer uso de la Fuerza Pública en las instalaciones de Xonotli para hacer la toma de la documentación correspondiente. Eso ocurrió el 21 de diciembre de 2018.

El Gobernador dice adelante, está bien, se le informa y nos da todo el apoyo. La obligación y el compromiso de la STRC es que se haga lo correcto, caiga quien caiga y hasta donde tope, apegado a la legalidad. Entonces en diciembre del 2018 aseguramos las instalaciones con el uso de la fuerza pública", recordó la titular de la Secretaría de Transparencia.

Con el apoyo de las FSPE los auditores pudieron respaldar la información contenida en los equipos de cómputo, así como la información contable y financiera de los meses de enero de 2017 a diciembre de 2018.

Se tuvo acceso a las cuentas bancarias y saldos líquidos al 21 de diciembre del 2018, se respaldó la contabilidad y contratos vigentes en ese momento y se aseguraron las instalaciones y el equipo de cómputo. Además se nombró como depositario de la documentación resguardada a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.

LAS IRREGULARIDADES

Al revisar la información los auditores detectaron irregularidades como la contratación de 10 empresas, sin acreditar que estas garantizaron las mejores condiciones en favor del Parque; se detectaron pagos sin factura o con facturas de años anteriores.

Se detectó la participación de un servidor del Xonotli en otra entidad e inconsistencias en los contratos por actividades de vigilancia, mantenimiento y servicios agrícolas de 2018 por un monto de 12 millones 78 mil pesos con discrepancias entre el objeto de los contratos y los servicios pagados, y no se localizó evidencia documental de la entrega de los servicios.

En total los auditores realizaron 17 observaciones y concluyeron que hubo al menos ocho faltas graves como el desvío de recursos por un monto de 17 millones 4 mil 369.26 pesos, conflicto de interés por la cantidad de 3 millones 698 mil 416.95 pesos y falta de disciplina financiera por un monto de 286 mil 300.26 pesos.

Los resultados de la auditoría fueron notificados el 27 de marzo de 2019, (a los directivos de Xonotli), se respetaron los tiempos establecidos de acuerdo al reglamento de procedimiento de auditoría, se concluyó el cierre el 4 abril de 2019.

La dirección general del parque ejerció su derecho de reconsideración del informe de cierre sin embargo no procedió ya que no tenían elementos a su favor", explicó Marisol Ruenes.

La Dirección de Asuntos Jurídicos será la encargada de turnar el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa y presentará las denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso de las faltas no graves las sanciones van desde una amonestación pública o privada, la suspensión o destitución del empleado hasta la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de tres meses a un año.

Mientras que en el caso de las faltas graves las sanciones van desde la suspensión del empleo, cargo o comisión de 30 a 90 días naturales, destitución del empleo, sanción económica que en este caso sería de 42 millones 54 mil 172.94 pesos y la inhabilitación de 10 a 20 años.

DE REFINERÍA A AGROPARQUE

El Parque Xonotli opera en los terrenos que el Gobierno del Estado adquirió en el 2009 para una nueva refinería que nunca se construyó.

La autoridad estatal compró poco más de 900 hectáreas que pagó a sobrepecio y a través de un intermediario que hizo uso de recursos públicos como si fueran particulares.

Este parque es una empresa de participación estatal mayoritaria con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada mediante el decreto guberantivo 182 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 7 de octubre de 2011.

El 10 de agosto de 2012 el Estado realiza la autorización del uso para producción agrícola y desarrollo de esa zona, y el 30 de agosto de 2013 se decreta que el polígono queda a cargo de la Secretaría de Educación del Estado.

El 14 de febrero de 2014 se publica otro decreto y se hace una ampliación al objeto para contemplar que la propia empresa de participación estatal así como por las instituciones educativas, centro de capacitación o investigación o las empresas y organismos públicos privados que operan en las instalaciones podían realizar operaciones comerciales.

Fue a raíz de ese decreto que un grupo de campesinos formó la empresa Productores Agro Tecnológicos de Guanajuato (PATG), sociedad rural que utilizó las tierras del Xonotli para cultivar granos y hortalizas por dos años.

Tras el inicio de la auditoría, el 31 de octubre de 2018 el Parque Xonotli se sectorizó a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.

En noviembre del año pasado AM publicó la denuncia de un grupo de agricultores de Villagrán y Salamanca que aseguraron que directivos del Parque Xonotli les cobraban "moche" a cambio del uso de estas tierras.

En sus denuncias los agricultores también revelaron que directores e integrantes del consejo de administración dobletaban con empleos y puestos, debido a que cobran en la nómina estatal y al mismo tiempo obtuvieron contratos a través de una empresa, constituida por los campesinos, para sembrar las tierras en 2014 y 2015.

Uno de los funcionarios involucrados en estas irregularidades denunciadas por los campesinos es el ex director del Xonotli, Héctor Manuel León Gallego, quien fue inhabilitado el 18 de octubre del 2017.

También está el encargado de despacho de Xonotli, Jonatan Rincón Navarro, y Juan José Vega Guerra, actual presidente del Consejo Administrativo del agroparque.

Los tres funcionarios también tenían cargos en la sociedad rural que formaron los campesinos, quienes aseguraron que las denuncias las presentaron ante el entonces gobernador, Miguel Márquez Márquez.

17 OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA 

1. Hubo contrataciones con 10 empresas, sin acreditar que ofrecían las mejores condiciones en favor del Parque en cuanto a la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

2. Detectaron pagos en 2017 sin tener previamente la factura, y pagos en el mismo ejercicio, con soporte documental de facturas expedidas en el 2016 por un importe asociado de $666,077.08

 

3. Se detectó la participación de un servidor del Xonotli en otra entidad.

4. Hubo inconsistencias en el registro contable de los ingresos.

5. Cargo presupuestal y pago indebido de factura por $24,556.02.

6. En contratos por vigilancia, mantenimiento y servicios agrícolas de 2018 se detectaron pagos por $12,078,711.08 con discrepancias entre lo contratado y los servicios pagados, así como falta de evidencia documental de la entrega de los servicios.

7. Contratos con convenios modificatorios con excesivo incremento.

8. Incumplimiento de la meta establecida en el pronóstico de cosecha, diferencias entre cantidades facturadas y producidas, así como deficiencias en el cobro a clientes.

9. Inconsistencias en la comprobación de gastos.

10. Falta de autorización para el suministro de combustible a vehículos oficiales.

11. Pagos indebidos por concepto de servicios de administración, manufactura, comercialización, finiquitos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y vigilancia.

12. Incremento en nivel tabular de una plaza sin autorización de SFIA.

13. Falta de identificación de bienes con etiquetado de SFIA.

14. Falta de seguimiento a ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración.

15. Falta de razonabilidad en la información financiera.

16. Falta de evidencia documental que acredite las acciones realizadas de cobranza a deudores.

17. Incumplimiento a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.