Guanajuato.- El panista Jorge, exdirector de Transporte Estatal, recibió una segunda vinculación a proceso por el presunto delito de cohecho.

En la audiencia de vinculación a proceso por cohecho del 7 de febrero pasado, la juez Paulina Medina Manzano recordó los hechos que originaron el proceso de Jorge, quien fue director General de Transporte del Estado. 

Los apellidos del acusado, aún tratándose de un personaje público, se omiten de acuerdo a la ley.  Así mismo se debe ocultar parte de su rostro.  

Los mismos fueron retomados de la imputación que formuló la agente del Ministerio Público, Violeta Mendoza Rosales. 

Sin embargo, contra esta vinculación a proceso, Jorge solicitó un amparo y le fue concedida la suspensión provisional el 2 de marzo por el Juzgado Segundo de Distrito, lo que significa que desde esa fecha está suspendido el proceso penal que se sigue en su contra, hasta en tanto dicho Juzgado determine en definitiva si le concede o no el amparo. 

Esta es la segunda vinculación a proceso que recibe Jorge, pues la primera se le dictó el 6 de julio de 2021 porque pidió un total de 2 millones 200 mil pesos también a taxistas de Radio Taxi Sanmiguelito, de San Miguel de Allende, para entregarles 6 permisos de taxis verdes y ejecutivos, según lo publicó AM el 4 de agosto de 2021. Este primer juicio aún no concluye. 

En todo momento, Jorge ha permanecido libre, pues no se ha solicitado la prisión preventiva para él. Además de que al no ser el coecho un delito grave, no amerita prisión preventiva. 

En la audiencia de la vinculación a proceso del 7 de febrero pasado, la juez Paulina Medina Manzano recordó que Jorge fue Director General de Transporte del Estado del 16 de abril de 2019 al 1 de abril de 2020.

Ricardo dio a conocer que Jorge era su primo y Director de Transporte del Estado, por lo que en mayo de 2019, a quienes conformaban la Asociación Radio Taxi Sanmiguelito, les pidió 100 mil pesos a quienes estuvieran interesados en adquirir un permiso especial para taxi ejecutivo. 

Sólo 39 de ellos aceptaron.  Le entregaron el dinero a José Luna Flores, quien era representante de la asociación de taxistas, entre mayo y junio de 2019. Posteriormente, José Luna le entregó el dinero a Ricardo. 

José Luna Flores y Martín Hurtado Stefanoni, también representante de Radio Taxi Sanmiguelito, relataron que en una reunión de taxistas del 5 de noviembre de 2019, "Ricardo admite frente a nosotros que ya había recibido la cantidad de 3 millones 900 mil pesos, que corresponden a los 39 vehículos", relató la juez. 

Confiados en que ya estaba todo arreglado, las 39 personas acudieron, entre marzo y principios de abril de 2020, a la Dirección de Transporte y presentaron sus solicitudes de permisos para los taxis ejecutivos prometidos. 

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Pero sólo fueron expedido dos permisos: para María de la Luz Muñoz Alvarez el L01109  y para el LOPA0110 para Juan Pablo Medina Córdova, firmados por Jorge, entonces Director de Transporte del Estado, según confirmó Guillermo Gama Hernández, actual titular de esa dependencia gubernamental, en la declaración que hizo ante el Ministerio Público para este juicio. 

Gama Hernández agregó que ambos permisos fueron otorgados sin haber contado con los requisitos que marca la Ley de Movilidad del Estado, el más importante, un dictamen técnico que estableciera que era necesario cubrir algunas vacantes del servicio de taxis ejecutivos en San Miguel de Allende. 

Este dictamen, que tiene que encargar la Secretaría de Gobierno, no existía, pues el último se había hecho en 2016.

Los demás, 37 en total, se quedaron sin permisos, que les fueron negados porque no contaban con el requisito ya mencionado, y sin el dinero. 

$300 de "mordida" para que no los detuvieran 

Pero no sólo eso, sino que en esa misma reunión del 5 de noviembre de 2019, Ricardo les pidió a los taxistas un pago adicional. 

Les pidió 300 pesos por cada uno de las 62 unidades que laboraban en Radio Taxi Sanmiguelito para que no se llevaran a cabo operativos con el fin de detener a quienes no contaran con permiso para dar el servicio. 

Y es que dos días antes, ya habían detenido a un taxi. Así que los 300 pesos eran para tener "protección". Originalmente, según sus acusadores, Ricardo había pedido 800 pesos por persona, pero se les hizo mucho y se redujo la cantidad a 300. 

"A partir de noviembre de 2019 y hasta la fecha en que Jorge fue removido del cargo (1 de abril de 2020), se estuvieron recibiendo 300 pesos mensuales por cada uno de las 62 unidades de la asociación.

"Mensualmente era entregada la cantidad de 18 mil 600 pesos el día 17 de cada mes, a Ricardo, de cuya entrega tenía conocimiento Jorge, porque era entregado por Jesús Luna Flores en el despacho de Ricardo, porque ellos así lo manifestaron.

"El (Ricardo) le hacía saber a los entrevistados que estas cantidades se las haría llegar a Jorge", afirmó la jueza en la audiencia.  

La vinculación a proceso

Después de analizar todas las conductas señaladas, la jueza Paulina Medina Manzano llegó a las siguientes conclusiones: 

En el momento en que Jorge entregó esos los permisos a esas dos personas, María de la Luz  Muñoz Alvarez y Juan Pablo Medina Córdova, él sabía que era ilícito, y por lo tanto, el 20 de diciembre de 2019 el acto se convirtió en ilícito, porque no se cumplió con todos los requisitos que exige el artículo 210 y 433, el primero de la Ley de Movilidad y el segundo del Reglamento de Movilidad para dar ese permiso.

"De tal manera que están actualizados todos los elementos descriptivos del artículo 247 (cohecho) del Código Penal del Estado de Guanajuato.

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"Se reúnen, a juicio del de la voz, todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 316 en sus cuatro fracciones, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

"Y por lo tanto se vincula a proceso, es decir, se inicia un proceso penal en contra de Jorge y Ricardo como probable autor el primero y cómplice el segundo, en el hecho que la ley señala como delito de cohecho, que sanciona el artículo 247 y 249 del Código Penal de Guanajuato en agravio del Estado de Guanajuato", concluyó la jueza.

FRG