Guanajuato – Por primera vez en por lo menos 23 años, el Congreso del Estado aprobó por mayoría, la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la invasión de las facultades constitucionales del Poder Legislativo de Guanajuato.
En específico, por la expedición de la Leye General de Comunicación Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022 que establece que ningún nivel de gobierno: municipal, estatal o federal debe destinar más del 0.1% de sus presupuestos a gastos de publicidad.
Porque en ningún artículo se establece la facultad del Congreso de la Unión para establecer disposiciones presupuestales de los Estados pues el Congreso del Estado es el que debe establecer en qué se ejerce su presupuesto.
Porque la modificación publicada atenta contra el Federalismo y “porque hay un absolutismo manifiesto en la reforma”, según se estableció en el dictamen aprobado y leído por el secretario de la mesa directiva, el diputado Gustavo Adolfo Alfaro.
Una controversia constitucional se presenta cuando hay discrepancias entre Poderes o entre los diferentes niveles de Gobierno, explicó el legislador.
A favor votaron 27 del PAN, PRI, PVEM, MC y con el voto en contra de los ocho diputados de Morena, porque consideran que los gastos de publicidad son un despilfarro del Gobierno del Estado.
Presupuesto “se destinará al chayote”: Ernesto Prieto
El diputado Ernesto Prieto Gallardo, de Morena, afirmó que el presupuesto de comunicación social del Gobierno del Estado se destina “al chayote” de los periodistas y al control de los medios de comunicación.
Afirmó que manteniendo las disposiciones legales actuales “se pretende perpetuar la tiranía del chayote”.
En su intervención en la tribuna del Congreso, afirmó que es falsa la afirmación de que ninguna parte de la Constitución Política federal da facultades de establecer presupuesto. “Tal modificación es perfectamente constitucional, solo se establecen límites a ese presupuesto, que en el caso de Guanajuato se destinarán al famoso chayote”.
El diputado panista Armando Rangel Hernández le refutó que habría que pedir una disculpa “por la expresión grosera de que los periodistas de Guanajuato reciben ‘chayotes’. Así no, Morena, a los periodistas se les respeta”.
El diputado de Morena respondió que no llevó a cabo ningún acto de falta de respeto contra los periodistas, al contrario respeta a los periodistas independientes y hay que apoyarlos.
Lo que se pretende regular es el abuso de los gastos en medios de comunicación, sostuvo. Señaló que si se aplicara el 0.1% del presupuesto, como lo establece la ley que se pretende controvertir, serían 113 millones de pesos para comunicación social, muy distinto a los 400 o 500 millones de pesos que se han estado destinando en los últimos años, que benefician al PAN y al Gobernador directa o indirectamente.
Basta ya de utilizar el presupuesto en cuestiones político – partidistas para distribuir de manera inequitativa en los medios de comunicación, que son los de siempre”, sostuvo.
“Es inconcebible que se siga destinando el presupuesto público con fines partidistas en medios de comunicación como ha venido sucediendo desde hace tiempo. Que el Gobierno del Estado siga destinando una gran cantidad de presupuesto público al control de los medios de comunicación”, insistió.
Ese es el asunto de fondo, no nos vayamos a cuestiones legítimas que la Constitución. El tema es que se quieren seguir gastando el dinero de los guanajuatenses en publicidad”.
En sus argumentos contra la controversia constitucional, Prieto Gallardo refirió que el artículo 134 de la Constitución establece la facultad para establecer límites al gasto en comunicación social. Consideró que la reforma tiene alcances electorales y las controversias constitucionales no se admiten para asuntos electorales.
Por lo que consideró que la controversia constitucional que se pretende presentar está condenada al fracaso, porque está establecida por la Constitución.
Afirmó que el gasto de comunicación social del Gobierno del Estado ha sido un rubro de excesos disfrazados, como la mentefactura o la campaña contra la reforma eléctrica. “Dejen amigos de Acción Nacional de gastar en propaganda, Guanajuato tiene mucho qué atender con la pobreza, como León, que tiene más pobres en todo el país.
Es un capricho infundado lo que se pretende. Además de una falta de actitud republicana (…) cuando les conviene, compañeros, sí presentamos controversia constitucional, y cuando la Suprema Corte ya determinó, nos hacemos patos”.
“No hay que obedecer la ley injusta”
Ernesto Prieto también afirmó que “por lo visto en algunas escuelas de Derecho no nos enseñaron que una ley cuando es injusta se debe desobedecer”.
El diputado priísta Alejandro Arias le respondió que sí le pareció preocupante que en las escuelas de Derecho no se enseñe lo que es el Estado de Derecho. La también diputada priísta Ruth Tiscareño consideró que no es dable a un servidor público hacer afirmaciones como esa.
Dice que diputados del PAN “se hacen patos”
En la continuación de su defensa de la reforma a la Ley de Comunicación Social, Prieto Gallardo reclamó a los diputados panistas: “Ahí están las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en materia de derechos humanos que ustedes no quieren regular el matrimonio igualitario, la interrupción del embarazo, se han estado haciendo patos desde hace mucho tiempo”.
El diputado Armando Rangel Hernández, del PAN, destacó que los topes presupuestales los determina el Congreso del Estado. Explicó que el artículo 73 de la Constitución Política Federal establece 32 facultades y en ninguna de ellas se habla de aprobar, modificar o suprimir los presupuestos de los estados.
Y otras 27 facultades en las que sí puede intervenir y en ninguna está determinar los presupuestos de los Estados.
Es decir, el párrafo que estamos intentando controvertir se aleja de la Constitución Política”. Y además el precepto de que todo acto de autoridad debe estar fundado en leyes y violenta los fundamentos del sistema federal.
Buscan frenar el despilfarro
Ernesto Millán Soberanes, coordinador de la facción de Morena, afirmó que lo único que hace esa modificación legal es frenar el despilfarro.
“El despilfarro de 310 mil pesos diarios (por parte del Gobierno del Estado en publicidad), ¿Es neta que no les alcanza con 310 mil pesos diarios? 310 mil pesos diarios, caracoles, como dice nuestro amigo Salim.
Yo creo que hay muchas otras prioridades en el estado, como el nada honroso municipio con más pobres en todo el país”, señaló.
Agregó que desde que llegó la 4T, el Gobierno de Guanajuato gasta cuatro veces más que la Federación en publicidad. Nada más en el cuarto trimestre de 2022, se destinaron 569.2 millones para servicios de comunicación social, equivalentes a un millón 428 mil pesos diarios.
Refirió que en los últimos tres meses de 2022, se comprometieron 389 millones de pesos en publicidad, el doble de lo que se comprometió en todo el año.
“El gobierno del estado utiliza los gastos de publicidad para dar la falsa imagen de que tenemos la grandeza de México”, sostuvo.
Reclamó a los panistas que convocaron a un periodo extraordinario no para defender a las personas de la diversidad sexual, a las mujeres, a los grupos vulnerables, “sino para que ustedes sigan defendiendo a su partido”.
ASEG detectó irregularidades en gastos de publicidad
La diputada Alma Alcaraz Hernández, de Morena, refirió que en 2014, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) al hacer una auditoría a los gastos de publicidad estatales detectó que no se revisaron los contenidos contratados y no se aseguraron las mejores condiciones de contratación, se pagaron sobreprecios y se detectaron empresas fantasmas, por 30.4 millones de pesos.
Y en otros casos, se pagaron a 13 prestadores de servicios ni siquiera se firmaron contratos, se detectaron contratos en Estados Unidos y se pagaron dos empresas para difundir información en páginas web sin que hubiera evidencia de que se hizo dicha difusión. Y cuando se fue a verificar los domicilios de las mismas, una era una federación de sindicatos y otra tampoco era de la supuesta empresa
Se presentaron denuncias penales. pero la Fiscalía Anticorrupción no ha hecho nada.
No se va a hacer una buena regularización del gasto mientras haya una mayoría panista. Se financian campañas políticas desde el Gobierno del Estado. Esta controversia demuestra una vez más lo poco que le importa el dinero del pueblo”, reclamó.
El diputado panista César Larrondo cuestionó a alguien que hace todos los días propaganda, donde critica a fifís y no fifís, incluso con imágenes proyectadas, aunque no lo mencionó, en referencia a Andrés Manuel López Obrador.
“No le hagamos al engabanado. Quieren esta ley para ocultar los buenos gobiernos porque vienen campañas electorales”, cuestionó.
Alma Alcaraz defendió las conferencias mañaneras, porque dijo que no cuestan nada. Exhortó a todos los panistas a que hagan una especie de mañanera y diariamente informen lo que quieran informar.
“El problema aquí es que se despilfarra. Se gasta un millón 500 mil pesos diarios. Se puede difundir sin gastar ni un solo peso y conectar con su pueblo, el problema es que no están conectados con su pueblo.
En defensa de la controversia, Alejandro Arias Avila, diputado del PRI, consideró que es incontrovertible que con la Ley General de Comunicación Social se invade la esfera competencial del Estado. Y que la reforma genera una afectación al federalismo y a la división de poderes.
La diputada Cristina Márquez Alcalá, del PAN, insistió en que la reforma que se busca controvertir viola flagrantemente la Constitución Política Federal.
Esta reforma no es un hecho aislado, es una estrategia deliberada por el régimen obradorista para destruir los equilibrios y sustituirlas con caprichos que disfrazan claros rasgos de la tiranía”, expresó.
Dijo que los diputados panistas están dispuestos a apoyar a los 46 municipios para que presenten sus respectivas controversias constitucionales. “Como libre estado y soberano es algo que vale la pena defender”
La diputada panista Susana Bermúdez dijo que la reforma federal “es una ley mordaza”.
Yulma Rocha, diputada del PRI, dijo que también los recursos públicos causan una afectación a quienes los utilizan para hacerse promoción personal y que fomenta una inequidad en el próximo proceso electoral.
