Guanajuato.- La bancada de Morena presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad en contra de la deuda pública por 4 mil millones de pesos para proyectos en los municipios, la cual fue aprobada por mayoría en el Congreso local, sin precisarse el destino de los recursos.

Con este recurso legal, Morena busca que la SCJN defina con claridad que el Congreso local no puede autorizar endeudamiento sin precisar el destino de los recursos, sin estudios previos y sin un verdadero control legislativo.

De manera concreta, se impugnó el artículo segundo del decreto 164 que autorizó la contratación, y el apartado E del artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado para 2026 contenido en el decreto 165.

Sin obras específicas

En un comunicado de prensa, la bancada de Morena recordó que, cuando el gobierno estatal envió la solicitud de contratación de deuda, solo enlistó rubros generales a los que presuntamente se destinaría el recurso. Tales como equipamiento educativo, desarrollo social y sostenible, movilidad, campo, atención médica, seguridad y protección ciudadana. Todo ello sin una sola obra específica, sin proyectos ejecutivos y sin metas medibles. Lo que hoy impide saber realmente dónde y cómo se usará el dinero.

Hades Aguilar Castillo, diputada de Morena, adelantó que este jueves subirá a tribuna para explicar con claridad las acciones que está llevando a cabo su bancada frente al endeudamiento.

“No se le puede dar un cheque en blanco a ningún gobierno. La Constitución exige transparencia en el destino de los recursos”, señaló.

Defenderá PAN los recursos

Por su parte, Jorge Espadas Galván, diputado del PAN, dijo que cuando el Congreso sea notificado analizarán la situación, no obstante enfatizó que defenderán el desarrollo de cada uno de los municipios de Guanajuato.

“Con respecto a la deuda, a Morena yo le diría, tal cual, que escuche a su alcalde Job (de Abasolo), él les dijo exactamente lo que les tenía que decir. Estamos hablando del desarrollo de los municipios de Guanajuato, de todos los que registren proyectos válidos y que esos proyectos sean validados por Hacienda, para que no haya pretexto de que hay colores”, expresó.

Espadas subrayó que hay un mecanismo de transparencia que se está impulsando desde el gobierno del estado para que todo pueda ser revisado por los ciudadanos.

“Pero nosotros le vamos a apostar siempre al desarrollo de las colonias y las comunidades de los municipios. El dictamen está bien hecho, vamos a defenderlo”, apuntó Espadas, en relación a la aprobación del endeudamiento.

Gobierno estatal hace mutis

AM solicitó una postura al Gobierno del estado sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena. En respuesta se dijo que no se ha recibido notificación alguna por parte de la Corte, por lo que no es posible dar una opinión.

Se preguntó también si ya tienen definido en qué se gastará el recurso del préstamo, a lo que se respondió que la Secretaría de Finanzas publicó la convocatoria para contratar tres créditos bancarios que suman 4 mil millones de pesos, recursos que serán destinados a financiar diversas obras en Guanajuato dentro de los 46 municipios, sin precisar qué obras.

¿Qué dijo el alcalde Job Gallardo?

En diciembre, el alcalde de Abasolo, Job Eduardo Gallardo, recriminó a sus compañeros de partido en el Congreso local, que hayan sacrificado la obra pública en su municipio al no aprobarle su solicitud de crédito público por un “pleito estúpido” con la gobernadora.

“Me da tristeza y vergüenza que, por un pleito estúpido, una consigna política que tiene la bancada de diputados con la gobernadora, me hayan sacrificado. El gobierno que me precedió hizo una calle de 400 metros de 21 millones y yo con 29 iba a hacer 10 obras”, dijo en una entrevista con el periodista Alex Ramblas.

El reclamo de Morena ante la Corte

De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad que presentó Morena el 19 de enero, se advierte que se le permitió a la gobernadora hacer “movimientos compensados” entre los distintos rubros. Es decir, mover dinero de un concepto a otro, manteniendo solo el monto global autorizado, lo que convierte la autorización por parte del Congreso en un cheque en blanco y anula el control democrático sobre el endeudamiento.

Esto viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, el derecho de acceso a la información, la planeación del gasto, la división de poderes y los principios de eficiencia, transparencia y honradez en el uso de los recursos públicos establecidos en la Constitución y en la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios.

RAA

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