Guanajuato.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado. Se mantuvieron los 8 días de respuesta actuales para las solicitudes de acceso a la información: 5 de plazo inicial y 3 de ampliación de plazo, tal como había ofrecido Jorge Espadas, coordinador de la fracción del PAN.
Esta reforma también marca la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP), después de 22 años de existencia, para lo cual, sin embargo, no se fijó plazo en los artículos transitorios, pero la reforma entró en vigor este viernes y con ello inició su extinción.
Pero el IACIP ya sabía que tenía acta de defunción”, afirmó el diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Gobernación que dictaminó la reforma.
Su desaparición fue decretada por la reforma a la Constitución Federal, aprobada el 20 de diciembre de 2024, que desapareció el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), aprobada por el Congreso de la Unión y que ordenó al resto de los estados del país a hacer lo mismo con todos los organismos de transparencia locales.
En Guanajuato, la reforma a la Constitución local se aprobó en agosto de 2025, incluyó también la desaparición del IACIP y fijó un plazo de 180 días para aprobar la nueva ley de transparencia, el cual se venció en febrero pasado.
Entró en funciones el 1 de noviembre de 2003, luego de que se promulgó la primera Ley de Transparencia en Guanajuato el 29 de julio de 2003.
El Instituto al principio estaba conformado por 3 consejeros, propuestos cada uno por los 3 Poderes del Estado, y un director general. Pero en los últimos años, los 3 consejeros eran propuestos por el gobernador y aprobados por el Congreso del Estado.
Distribuyen funciones del IACIP
Las funciones del IACIP eran resolver las inconformidades que presentaran los ciudadanos, que no estuvieran de acuerdo con las respuestas recibidas, o no recibidas, por todas las instituciones públicas municipales y estatales.
Ahora, esas funciones se distribuyen entre cinco entes: los tres Poderes, los organismos autónomos y en el caso de los municipios serán las contralorías.
“La competencia que tenía el IACIP en la resolución de impugnaciones será responsabilidad, ahora, de las controlarías u organismos internos de control en cada poder o ente público”.
“Asimismo, desaparece la obligación de los sujetos obligados de estar sometidos a la vigilancia de un órgano autónomo plenario, pues con este nuevo esquema serán supervisados por la Secretaría de la Honestidad”, explicó Romero Hicks.
También se transfirieron las funciones de ente rector de las políticas públicas de apertura que tenía el IACIP a la Secretaría de la Honestidad, explica la exposición de motivos de la ley.
En los artículos transitorios de la nueva ley se establece que el personal del IACIP “podrá pasar a formar parte de la Secretaría de la Honestidad”, pero no será una obligación.
Deberá transferir a la Secretaría de Finanzas su plantilla de plazas en un plazo de 20 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este decreto, es decir, a partir de este viernes y hasta el 10 de abril, porque la última semana de marzo y primera de abril es Semana Santa.
Los recursos materiales y el presupuesto serán transferidos a la Secretaría de Finanzas dentro del mismo plazo.
Los sistemas informáticos, padrones, registros, aunque ya no se usen, deberán ser entregados a la Secretaría de la Honestidad en un plazo de 15 días hábiles, es decir, hasta el 27 de marzo. Los expedientes y archivos igual, pero en un plazo de 20 días hábiles.
Los procedimientos iniciados antes de este decreto, los concluirá la Secretaría de la Honestidad.
Los artículos transitorios también establecen que debió crearse, el jueves, un Comité de Transferencia con los dos comisionados del IACIP, por los menos siete directores de área, un representante de la Coordinación Jurídica del Ejecutivo, un representante de la Secretaría de Finanzas y otro de la Secretaría de la Honestidad, que se encargará de la transición de funciones, recursos humanos, materiales, presupuestales, tecnológicos del extinto instituto, en un plazo de 30 días.
Critican reforma PAN y MC
Al hablar a favor del dictamen en la sesión del Congreso del jueves, el diputado Juan Carlos Romero Hicks criticó la reforma actual al señalar que disuelve la responsabilidad al desaparecer el órgano autónomo garante de transparencia, rendición de cuentas y protección a datos personales, que fragmenta el sistema y complica el ejercicio de los derechos ciudadanos al no quedar claro ante qué instancia presentar los recursos de revisión.
El legislador recordó que la armonización local actual enfrenta una regresión centralista que desatiende el principio de subsidiariedad, junto a precisar que los retos inmediatos incluyen la transición ante la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública, la reconfiguración de las responsabilidades de los sujetos obligados y la revisión profunda del sistema anticorrupción, especialmente en materia de adquisiciones y obra pública.
Finalmente, dijo que sin acceso a la información y transparencia es imposible identificar malas prácticas, no se gestionan eficazmente los recursos públicos y se evita el fomento de la denuncia ciudadana.
Por su parte, el congresista Rodrigo González Zaragoza se pronunció en contra, al subrayar que existe una regresión de por lo menos tres décadas y que se estaba caminando hacia atrás en el caso de la transparencia.
Precisó que el principio básico de toda República era conocer las decisiones del gobierno, dónde y cómo se gasta el recurso desde el gasto más sencillo hasta el más oneroso. González Zaragoza cuestionó lo que ahora tendrá que hacer el ciudadano para acceder a la información que debe ser pública y de fácil acceso.
Dijo que ahora tendrá el ciudadano que ir a pelear a la Contraloría de su municipio y le van a negar la información, se tardará días y será desgastante, lo que era una regresión a 1970, y ahí se quedaría el tema porque la población lo que más cuestiona es en qué se gasta el dinero.
Argumentó que ahora, bajo el pretexto de la consolidación y simplificación administrativa, los regresaban en una cápsula del tiempo décadas, un retroceso y que su partido no estaba de acuerdo porque sin transparencia no había democracia.
El dictamen fue aprobado en lo general por unanimidad de votos y se presentaron dos abstenciones.
AAK
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