Guanajuato.- El diputado David Martínez Mendizábal y la diputada Hades Aguilar Castillo, de Morena, presentaron un Punto de Acuerdo para que la gobernadora Libia Dennise García aclare las presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el uso de recursos federales para la adquisición de fármacos.
De acuerdo con los legisladores, se presume un probable daño a la Hacienda Pública por más de 847 millones de pesos.
Desde tribuna, David Martínez señaló que la ASF emitió un pliego de observaciones derivado de la revisión de las participaciones federales de 2024, al encontrar que el Gobierno del Estado intentó comprobar el gasto de contratos de abasto de insumos únicamente con fotografías, sin firmas ni rúbricas y con una base de datos de recetas que no pudo vincularse con las prescripciones médicas.
Dichos contratos con observaciones corresponden al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) y están ligados a las empresas DIMESA y PharmaJal, que concentran millones de pesos en proveeduría de medicamentos y continúan operando en el actual gobierno panista pese a los señalamientos.
“No se puede hablar del mejor sistema de salud del país como lo presume el gobierno estatal panista, mientras exista un monto de 847 millones de pesos sin acreditar correctamente en la compra de medicamentos”, dijo el legislador de Morena.
Este Punto de Acuerdo busca exhortar al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato a establecer y documentar procesos claros y robustos de comprobación del gasto en el abasto de medicamentos, así como a la Secretaría de la Honestidad a investigar a los servidores públicos involucrados en los contratos observados e iniciar, en su caso, las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.
Lo anterior, respecto a las conductas de los servidores públicos involucrados en la contratación y ejecución de los contratos cuyo ejercicio de recursos presuntamente no fue comprobado de forma adecuada.
David Martínez Mendizábal mencionó que, en febrero del presente ejercicio fiscal, la Auditoría Superior de la Federación entregó los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2024, donde se contiene la revisión de las participaciones federales que administra la entidad y existe evidencia documental de las prescripciones de los medicamentos en los contratos ejecutados por el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, pagados con recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2024, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Las observaciones
David Martínez precisó que la función de un pliego de observaciones es recuperar recursos económicos cuando se detecta el uso inadecuado, tales como el gasto no comprobado al que se hace referencia.
Se indica que la evidencia fotográfica es insuficiente, ya que por sí sola no acredita que el servicio se haya prestado.
Además, para comprobar el gasto, el gobierno del estado presentó una base de datos de recetas que no se logró vincular la evidencia documental con la prescripción de dichos medicamentos.
Finalmente, Martínez Mendizábal manifestó que esas dos empresas, las empresas DIMESA y PharmaJal, además de ser múltiples veces favorecidas durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, han tenido continuidad en el llamado nuevo comienzo con contratos de hasta 2 mil millones de pesos.
No hay desvío de recursos, responde Salud
La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que ante la revisión de la Cuenta Pública 2024 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el proceso se encuentra en la etapa ordinaria de fiscalización, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
Precisó que los señalamientos emitidos corresponden a aspectos administrativos relacionados con la integración de documentación, por lo que no implican desvío ni uso indebido de recursos públicos.
Asimismo, agregó que las áreas responsables ya se encuentran atendiendo y complementando la información requerida, dentro de los plazos legales y con sustento técnico y jurídico.
Aprueban cambios en atención a salud mental
De manera unánime, el congreso aprobó reformas a la Ley de Salud del Estado para garantizar que la promoción de la salud mental se realice bajo principios de interculturalidad, pertinencia lingüística, perspectiva de género y enfoque interseccional.
El diputado Antonio Chaurand Sorzano, de Morena, al presentar el dictamen, subrayó que esta modificación no es un simple ajuste normativo, sino un avance estructural para atender la salud mental como un derecho humano progresivo.
“La salud mental no se vive de manera homogénea; una mujer indígena o una persona con discapacidad enfrentan barreras diferenciadas que impactan su bienestar”, dijo.
Afirmó que no se trata únicamente de una adecuación normativa, sino de un avance sustantivo en la forma en que el Estado comprende, atiende y prioriza la salud mental de su población.
¿En qué consiste la reforma?
La propuesta tiene como objeto armonizar el marco jurídico local con lo dispuesto en la Ley General de Salud y alinear la legislación estatal con los estándares nacionales que reconocen que la salud mental debe ser atendida desde enfoques diferenciados como perspectiva de género, la interculturalidad, la interseccionalidad y la pertinencia lingüística.
El diputado Chaurand puntualizó que el dictamen no solo cumple con un principio de congruencia normativa, sino que fortalece la obligación del Estado de garantizar servicios de salud mental integrales, accesibles, oportunos y libres de discriminación.
Dijo que el valor central de la propuesta radica en el énfasis que otorga el enfoque interseccional y a la perspectiva de género, los cuales no deben entenderse como elementos accesorios sino como herramientas indispensables para comprender las múltiples desigualdades que atraviesan a las personas.
La diputada panista Ana María Esquivel Arrona del PAN destacó que la salud mental de las mujeres es un tema crucial de salud pública que debe abordarse libre de estigmas y estereotipos de género, además de que históricamente se han ejercido etiquetas sociales que han invisibilizado realidades profundas como el agotamiento derivado de los roles de cuidado y el estrés crónico producto de las exigencias laborales y familiares.
Desde tribuna, enfatizó que la reforma busca que la Secretaría de Salud y las instituciones competentes fomenten la difusión de la salud mental con pertinencia lingüística y visión intercultural.
Añadió que la interseccionalidad permite comprender cómo factores como la situación económica, la discapacidad o la falta de redes de apoyo se combinan para aumentar la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia y los trastornos emocionales.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.
HLL
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