Guanajuato.- Quienes resulten afectados por la reforma a la ley de pensiones para trabajadores de confianza en organismos descentralizados y presenten un amparo, tendrán argumentos sólidos para defenderse, consideró Katya Morales Prado, presidenta del Capítulo Guanajuato de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
La reciente aprobación de dicha ley busca acabar con presuntos privilegios, reducir el monto de pensiones “doradas” y recuperar recursos públicos para destinarlos a programas sociales, sin embargo, especialistas y legisladores de oposición afirman que pueden resultar en violaciones a los derechos humanos.
“La Constitución es muy clara cuando dice que ninguna ley se va a dar efecto retroactivo en el servicio de persona alguna, está plasmado en el Artículo 14 Constitucional. Y en este caso las personas que ya tienen su pensión, ya tienen un derecho constituido.
“Entonces la ley sería retroactiva porque ellos ya son acreedores, ya cumplieron los supuestos para recibir una pensión, ya la están recibiendo. Entonces la aplicación (en ellos) de una ley que sale ahorita, sería retroactivo al derecho adquirido que tienen. Y sí procedería un amparo”.
En tanto que la diputada federal Cristina Márquez, desde Tribuna el 25 de marzo, día que se votó la reforma, cuestionó un presunto sesgo en la formulación de dicha reforma.
“¿Por qué la justicia del gobierno de Moreno es selectiva? ¿Por qué (se aplica a) funcionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del ejecutivo no?”
Katya Morales, por su parte, confirmó que algunas personas se acercaron al Colegio para asesorarse sobre la reforma aprobada al artículo 127 de la Constitución Política para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no puedan exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la Presidenta de la República. La reforma no afectará a las previstas en las condiciones generales de trabajo, es decir, a ex trabajadores de base o sindicalizados, solo a los de confianza.
De acuerdo a la interpretación de la especialista, se perjudicará a personas que se ganaron el derecho a la jubilación, que ya no pueden trabajar, y que en muchos casos, utilizan estos recursos para costear servicios de salud, lo que representa una violación a sus derechos humanos, por lo que de pelear su pensión en tribunales, tienen altas probabilidades de ganar.
La justificación
En la conferencia mañanera del 18 de febrero, se informó que con esta reforma, el Gobierno federal recuperará alrededor de 5 mil millones de pesos para destinarlos a Programas para el Bienestar y no afectará a personas trabajadores con contratos colectivos pero sí a quienes se hayan jubilado de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo, con una pensión superior a la de la Primera Mandataria.
Ese día, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, brindó ejemplos de dichas pensiones “doradas”, como las de 3 mil 504 extrabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro, que reciben una jubilación mayor al sueldo neto mensual de la Presidenta, que gana un salario de poco más de 134 mil pesos al mes.
A Banobras se destinan anualmente 37 millones de pesos a 19 personas. Aunque las cantidades varían, en promedio les tocarían de 1.9 mdp por persona, en tanto que a Bancomext se le destinan 45 mdp por año, repartidos entre 22 personas. Promediando, a cada jubilado se le asignan poco más de 2 millones de pesos anuales, o sea, unos 170 mil pesos mensuales.
Le apuestan a la resignación: Katya Morales
La presidenta estatal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, consideró que el Gobierno Federal se ha animado a instaurar esta reforma porque no todas las personas sobre las que se aplicará esta modificación tendrán el ánimo y la paciencia para promover un amparo y pagar una suspensión para mantener su pensión.
Reconoció que las personas afectadas deberán hacer una valoración de qué tan conveniente es contactar un abogado especialista en iniciar un proceso o ya de plano, conformarse.
Porque aunque un proceso de amparo, de manera general, nunca fue fácil, ahora, menos.
“Hay que recordar que reformaron la Ley de Amparo y pusieron mucho más complicadas las suspensiones. Hasta al final de una suspensión, ahora tienes que hacer toda una argumentación de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, (…) todo un trabajo detallado y técnico para obtener la suspensión”.
Katya Morales advirtió que las reformas a la Ley de Amparo también eliminó la figura del interés legítimo, donde podría haber asociaciones de jubilados, en amparos colectivos, algo que ya no es posible.
También lamentó que con la Reforma Judicial, entraron y entrarán jueces que ya no son tan independientes, quienes podrían negar la suspensión. Anteriormente, dijo, la otorgaban siempre y cuando no contraviniera el orden público, ahora se deberá cumplir con una serie de supuestos.
De ahí el dilema si vale la pena o no, meter amparo, “porque estamos hablando de personas mayores, que no tienen otro ingreso y que tienen gastos programados”.
“No dejemos de hacer uso de los mecanismos de protesta y que el de control constitucional y que recurramos al amparo con todo y lo que las afectaciones que tuvo la Ley de Amparo, de todas maneras sigamos recurriendo a ella.
Retroactividad, peligroso precedente: Cristina Márquez
Respecto a la reforma aprobada en Cámara de Diputados para limitar las “pensiones doradas” de organismos descentralizados, la diputada federal por el distrito 06 de León, Laura Cristina Márquez Alcalá, señaló que la bancada del PAN está a favor de la transparencia, de pensiones dignas y también de la legalidad.
“Lo que sucedió en la Cámara es que Morena insiste en violar la Constitución y los derechos humanos estableciendo una retroactividad como un precedente muy peligroso para todos, al establecer que se puedan perder derechos adquiridos sobre quienes han dedicado su vida y conseguido una pensión de manera legal, legítima, de acuerdo a los condiciones políticas en su momento”, cuestionó la panista.
Apuntó que la Constitución y todos los sistemas jurídicos del mundo impiden que haya una retroactividad en perjuicio de derechos adquiridos, lo que aquí pasará y generará incertidumbre jurídica.
“Nosotros (en el PAN) seguiremos insistiendo en recuperar el estado de derecho y la legalidad”.
Inválido, argumento de pagos por atención a salud: Antares
En su discurso en Tribuna el día de la votación, la diputada federal Antares Vázquez Alatorre calificó como una “primavera laboral” que se vive en México, por las reformas a temas como el monto del salario mínimo, la eliminación del ‘outsourcing’ y la libertad sindical, lo que, dijo ha permitido que más de 13 millones de mexicanos y mexicanas salgan de la pobreza.
Y que la eliminación de las pensiones “doradas” vienen a abonar a esa bonanza general.
“Tenemos miles de trabajadoras o de jubilados y jubiladas que tienen pensiones de 2 o 3 mil pesos mensuales, que sí están en precariedad, carecen de lo básico para sobrevivir. (Y los trabajadores de confianza en altos puestos) viven dependiendo de privilegios”, algo que, dijo, no es sostenible.
La legisladora criticó que los opositores a la reforma consideren que una familia no pueda vivir decorosamente con una pensión de 68 mil pesos mensuales.
“¿Cuántas familias de nuestro país tienen ese ingreso en algún momento de su vida? 68 mil pesos es no solo digno, sino extra digno”.
Cuestionada por AM sobre los señalamientos de que si la reforma podría afectar el pago por cuidados y tratamientos que llevan algunos de los jubilados, sobre todo aquellos adultos mayores enfermos, Antares Vázquez rechazó que haya verdadero daño.
“Todos ellos son derechohabientes del IMSS o de Pemex. Algunos incluso tienen una pensión adicional con el IMSS”, concluyó.
AAK
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
