Guanajuato.- Ante posibles reformas a la Ley General de Salud en materia de centros de rehabilitación, el vocero de la Red de Centros del Bajío, Edgar Mauricio Laguna Belmonte, señaló que es necesaria la profesionalización de los anexos de la mano de la salud mental y la atención clínica.
Tras una serie de reuniones en la Cámara de Diputados y el Senado, la organización, que agrupa a 56 centros establecidos, busca incidir en la nueva reforma legal para evitar que normativas “inaplicables” terminen por asfixiar a estos espacios.
La postura de la Red es clara: el combate a las adicciones debe evolucionar.
Laguna Belmonte enfatizó la necesidad de transitar de un modelo puramente empírico a uno profesionalizado, en el que la neurociencia, la psicología y la tanatología sean pilares del tratamiento.
El objetivo, dijo, es que los centros no sean solo espacios de resguardo, sino unidades terapéuticas capaces de atender el daño neuronal y psicomotriz que provocan las sustancias actuales.
“Ya no es nada más la teoría del programa de Alcohólicos Anónimos. Es Alcohólicos Anónimos y algo más: buscar una manera de reforzar el sistema neuronal”, señaló Laguna Belmonte, quien agregó que la estimulación cognitiva puede ser, en muchos casos, una alternativa efectiva antes de recurrir a la psiquiatría.
La ley actual, dicen, ignora la realidad
La Red argumentó que la Ley General de Salud vigente ignora la realidad clínica de una persona con adicción en crisis.
Según el vocero, alguien bajo intoxicación severa carece de las facultades mentales para decidir sobre su propio internamiento. Lo comparó con un paciente que requiere una cirugía de emergencia y no puede autorizarla por el dolor que enfrenta.
“El paciente que llega intoxicado no puede decidir (…) tiene que haber alguien responsable porque va a decir: ‘bueno, él venía con la necesidad, pero no venía con la facultad’”, explicó.
Dijo estar de acuerdo con la propuesta de que un familiar actúe como responsable legal para garantizar la integridad del paciente.
Advierten impacto en las familias
La psicóloga Patricia Alfaro Salazar, quien trabaja para los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), subrayó que las adicciones no solo afectan a quien consume, sino también a su entorno familiar y comunitario.
“Todos tenemos que ser conscientes de que una persona con sustancias encima es una persona que pierde la capacidad para tomar decisiones. Lo único que hacemos los centros de rehabilitación es regresarles la capacidad de ser seres humanos funcionales”, dijo.
Agregó que con frecuencia se argumenta que en estos espacios hay violaciones a derechos humanos o maltrato.
“Pero más allá, es una enfermedad. Una persona que empieza a consumir no puede parar, es una persona que pierde la capacidad de tomar decisiones para voltear a ver su bienestar”, agregó Patricia Alfaro.
Explicó que la persona pierde capacidad de decisión y puede incurrir en conductas violentas hacia su círculo cercano.
Por ello, insistió en que, además del derecho humano de la persona internada, también se debe considerar el respeto a los derechos humanos de sus familiares. Quienes también sufren las consecuencias de las adicciones y pueden llegar a ser agredidos.
Nicolás Pérez Ponce, director de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, señaló que comúnmente el adicto que llega a un anexo lo hace en contra de su voluntad.
“Ustedes bien lo saben, una persona con todos esos trastornos está muy vulnerable para tomar decisión, nos estamos enfocando en eso. Aunado a eso, nos preocupan los derechos de las familias, saben cuántas personas han sido desvividas por un adicto, ya cuando ellos despiertan en el penal, dicen: ¿qué hice?”.
Piden cerrar centros irregulares
La Red de Centros del Bajío hizo un llamado enérgico a las autoridades para distinguir entre los centros regulares y los irregulares.
Mientras la Red solicita el cierre definitivo de aquellos lugares que incurren en malas prácticas y negligencia, también pide al Estado apoyo para fortalecer a los centros establecidos que ya cuentan con equipos multidisciplinarios de especialistas.
Insistieron en que la reforma también debe considerar el daño colateral, o codependencia, que padecen las familias. Pues la adicción no es un problema individual, sino un fenómeno que fractura todo el entorno social.
AM
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