Guanajuato.- María Concepción Esther Aboites Sámano, consejera electoral del IEEG, se pronunció en contra de que se suprima de la legislación local la figura de violencia política contra las mujeres en razón de género, como plantea la iniciativa de la Junta de Gobierno, y se sustituya por una figura general de violencia política dentro de la ley.
Durante una mesa de trabajo de la Comisión de Asuntos Electorales, en la que participaron representantes del IEEG, TEEG, Consejería Jurídica, Poder Judicial y partidos políticos para analizar siete iniciativas de ley en materia electoral, surgieron posturas en defensa de mantener el reconocimiento específico a la violencia política contra las mujeres en razón de género.
La consejera electoral resaltó que este tipo de violencia “no es un problema particular de las mujeres, sino una cuestión de derechos humanos y democracia sustantiva”.
“Siglos de barreras para las mujeres”
Agregó que durante siglos las mujeres han enfrentado barreras estructurales para participar en espacios de poder y toma de decisiones, y que una de las formas más graves de vulnerar su libertad y dignidad ha sido y sigue siendo la violencia política basada en género.
“Amenazas, descrédito, riesgos de seguridad, vulneración de derechos y, en muchos casos, la negación del liderazgo político por razones asociadas a estereotipos y roles de género. Este fenómeno no solo daña a una persona en lo individual, sino que erosiona la democracia y a toda la sociedad”, advirtió.
Enfatizó que la violencia política contra las mujeres en razón de género no es una simple variante de la violencia política, sino una forma específica de violación a los derechos humanos que se ubica en el cruce entre la discriminación por género y el ejercicio de la función pública.
Imprescindible mantener la distinción
Dijo que es imprescindible mantener la distinción entre violencia política y violencia política contra las mujeres en razón de género dentro de la legislación local de Guanajuato y en la vida política en general.
“No es posible ni jurídicamente viable, bajo el amparo de los derechos humanos, legislar la violencia política en su generalidad y, a su vez, la violencia contra las mujeres en razón de género, porque la violencia política dirigida a las mujeres por razón de género incorpora modalidades específicas como el sexismo estructural, la misoginia, la estigmatización, ataques a la maternidad y descalificación por identificarse con lo femenino, entre otros aspectos que requieren respuestas y mecanismos de protección diferenciados”, expresó.
María Concepción Aboites enfatizó que reconocer el impacto diferenciado de este tipo de violencia da legitimidad a la lucha histórica de las mujeres y constituye una pieza central de una democracia que busca una igualdad real y no solamente formal.
Morena también rechaza la propuesta
El diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, también se manifestó en contra de crear una figura genérica de violencia política, al advertir que su incorporación desvirtuaría y debilitaría la figura ya existente de violencia política en razón de género.
Señaló que, de aprobarse la propuesta, la violencia política de género “pasará a ser una nota al pie de página de algo que es sustantivo”, y sostuvo que eliminar dicha figura vulneraría los derechos de las mujeres.
PAN defiende viabilidad de la iniciativa
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano, del PAN, consideró que la iniciativa es convencionalmente compatible, armónica con el sistema nacional electoral, técnicamente viable y fortalece la tutela de los derechos político-electorales.
Asimismo, afirmó que robustece el mecanismo de control jurisdiccional e incrementa la certeza y seguridad jurídica, por lo que consideró que existen elementos suficientes para respaldar su sostenibilidad.
Morena propone frenar coacción del voto
Durante la mesa de trabajo, la diputada Eugenia García Oliveros, de Morena, presentó propuestas para impedir el uso indebido de programas sociales con fines de inducción o coacción del voto ciudadano, situación que, aseguró, ocurrió en Guanajuato con las denominadas Tarjetas Rosas durante el proceso electoral de 2024.
La legisladora propuso tipificar claramente supuestos como operar programas sociales sin reglas de operación durante procesos electorales; convocar a la ciudadanía a registrarse en programas sociales con fines político-electorales; condicionar o cancelar beneficios por no participar en actos proselitistas o por no votar a favor de determinado candidato o partido; así como incrementar discrecionalmente el presupuesto o el número de beneficiarios de programas sociales durante campañas electorales.
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