Despiden funcionarios por registrar agresión sexual en Purísima

Purísima del Rincón.- La presunta separación del cargo de dos servidores públicos que documentaron una denuncia de agresión sexual contra un custodio de la Dirección de Seguridad Pública provocó reclamos, cuestionamientos y llamados a esclarecer los hechos durante la sesión ordinaria número 57 del Ayuntamiento de Purísima del Rincón.

El caso generó posturas distintas entre los integrantes del Cabildo: mientras algunos regidores exigieron explicaciones al presidente municipal, Roberto García Urbano, otros señalaron que desconocían los detalles y pidieron revisar el expediente antes de emitir una postura.

El señalamiento fue expuesto por el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Raúl Pérez Guzmán, quien aseguró que José Luis Rey, médico municipal, y Giselle, jueza calificadora, fueron impedidos de ingresar a sus centros de trabajo sin haber recibido una notificación formal de despido, luego de atender el caso y elaborar el reporte correspondiente sobre la presunta agresión atribuida a un custodio de la corporación, quien, según el edil, continúa laborando en la Dirección de Seguridad Pública.

De acuerdo con el regidor del PVEM, ambos trabajadores acudieron ese mismo día a la sesión de Cabildo después de que se les negara el acceso a sus áreas de trabajo.

En este Cabildo se encuentran dos personas, el señor José Luis Rey y la licenciada Giselle, quienes hasta hace unas horas trabajaban para la administración pública municipal… fueron privados de entrar a su área de trabajo y de manera formal no han sido notificados de su despido; únicamente se les dijo de manera verbal que ya no requerían sus servicios”, expuso.

El regidor atribuyó esa decisión a Cinthia Yuriko Zukerman Gallardo, coordinadora de Árbitros Calificadores, y afirmó que hasta ese momento no existía una notificación oficial por parte de Recursos Humanos.

Pérez Guzmán sostuvo que ambos servidores públicos eran quienes se encontraban de guardia cuando ocurrió la presunta agresión sexual y que actuaron conforme a sus obligaciones al documentar los hechos y notificarlos por escrito. “Ellos cumplieron con su trabajo de notificar por escrito a la titular del área… y hoy quiero dejar en evidencia que a mí sí me da mucha vergüenza pertenecer a una administración que premia al presunto acosador y a la gente que hace su chamba se la corren”, manifestó.

Cuestiona permanencia de custodio señalado

Uno de los momentos de mayor tensión durante la sesión ocurrió cuando el regidor cuestionó directamente al alcalde Roberto García Urbano sobre la permanencia del custodio señalado.

“¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue su pecado? Haber denunciado a un presunto acosador sexual que aún sigue laborando en el área de Seguridad Pública. ¿Por qué no corre a esa persona, presidente? ¿Por qué corrió a la licenciada y al médico que denunciaron ese hecho?”, preguntó.

Más adelante insistió: “Estás corriendo a dos ciudadanos que no tienen una razón de ser corridos y tienes a un presunto acosador sexual trabajando en el edificio de Seguridad Pública en este momento”.

El regidor también aseguró que, como presidente de la Comisión de Gobierno y Régimen Interior, consultó a Recursos Humanos y encontró que no existía registro formal de la baja de al menos una de las trabajadoras.

Asimismo, afirmó que recibió información de que elementos de Seguridad Pública tenían instrucciones de impedirles el acceso a las instalaciones. “Lo que hizo Yuriko prácticamente fue a escondidas, porque Recursos Humanos no sabía y la comisión menos. Entonces algo se está ocultando”, sostuvo.

Alcalde evita responder

En respuesta, el presidente municipal Roberto García Urbano evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto. “Para empezar este tema no se trata aquí”, respondió cuando el regidor inició su exposición.

Más adelante, al insistírsele sobre la permanencia del custodio y los presuntos despidos, el alcalde respondió: “Sí, pero en este momento no te voy a decidir nada”.

Piden revisar el caso

El regidor panista David Alberto Ortiz Trillo afirmó que desconocía la situación; sin embargo, consideró que, si los despidos estuvieran relacionados con la investigación del presunto caso de acoso, antes deberían revisarse otras responsabilidades. “Si tienen relación con la investigación, se tendrían que ir antes otras personas que estos ciudadanos. Hay que entrarle al fondo del tema”, expresó.

Por su parte, el regidor panista Benjamín Rodríguez Cruz señaló que no contaba con información suficiente para emitir un juicio, aunque coincidió en que, de haberse concretado la separación laboral, Recursos Humanos debía informar formalmente las razones. “Sí considero que si ya se prescindió de sus servicios, Recursos Humanos debe dar una explicación del porqué. Se les tuvo que haber explicado el motivo”.

Durante la discusión, Pérez Guzmán afirmó que la presencia de los dos trabajadores en la sesión tomó por sorpresa a integrantes de la administración municipal. “Yo sé que ahorita están aterrados porque no se esperaban que aparecieran. Lo noté y fue muy claro cuando Erick (secretario particular del alcalde) le vino a avisar a la secretaria. Pero, pues es que, lamentablemente, presidente, lo meten en un montón de broncas su gente, de la que tanto usted confía”, expresó.

Al tomar la palabra, la regidora panista Marcela Chávez rechazó esa afirmación y aseguró que la reacción de los integrantes del Cabildo obedecía a que desconocían el contexto del caso. “La verdad es que yo creo que aterrados no estamos. Creo que una forma de expresar una burla hacia nuestra persona es decir que estamos aterrados por la presencia aquí de las dos personas. La verdad es que no, aterrados no. Más bien el detalle es que no teníamos el contexto de la situación”.

La edil agregó que, al no contar con información suficiente, no podía emitir una postura sobre el fondo del asunto. “Estamos atentos a lo que usted está expresando. Yo creo que a todos nos pasó lo mismo; no sé, a menos de que los demás compañeros sí supieran o tengan más información, pero por lo menos en lo personal no”.

Debe investigarse lo ocurrido

La regidora de Morena, Mónica Guadalupe López Hernández, dijo haber recibido ese mismo día información sobre el caso y consideró preocupante que servidores públicos pudieran ser despedidos por cumplir con sus funciones. “Pareciera que a veces sí se quiere sostener a personas, no entiendo por qué motivo, y cuando hay personas profesionales que hacen su trabajo y dan resultados se les despide de esta manera”.

Añadió que el asunto debe investigarse para esclarecer lo ocurrido y garantizar que las actuaciones de los servidores públicos se apeguen a la legalidad.

Solicitan darles la palabra

Durante el debate, Pérez Guzmán pidió que José Luis Rey y Giselle pudieran intervenir en la sesión para exponer su versión de los hechos. “Yo les pediría que se les pueda dar el uso de la voz… mínimo darles su derecho de audiencia”.

No obstante, algunos miembros del Ayuntamiento consideraron que el Cabildo no era la instancia competente para conceder esa intervención, al tratarse de un asunto administrativo.

En su última participación, el regidor insistió en que los hechos representaban una represalia. “Aquí estamos ante una clara venganza administrativa contra las personas”.

Afirmó que mientras quienes documentaron el presunto caso fueron separados de sus cargos, el custodio señalado continúa laborando, por lo que pidió al alcalde revisar la actuación de sus funcionarios.

Hasta el cierre de la sesión, el Ayuntamiento no sometió a votación ningún acuerdo relacionado con el caso y el Gobierno Municipal no fijó una postura oficial sobre los señalamientos de un presunto despido en represalia ni sobre la situación laboral del custodio mencionado durante el debate.

Jueces cívicos mediarán en comunidades

Por otra parte, ahora los habitantes de comunidades rurales podrán acercarse a los Juzgados Cívicos sin tener que trasladarse hasta la zona urbana, pues como parte del nuevo modelo de Justicia Cívica se realizarán jornadas itinerantes para atender conflictos y orientar a la población.

La directora de Juzgados Cívicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Silvia Lorena Morales Aguirre, explicó que uno de los principales cambios del nuevo reglamento es acercar la solución de conflictos a los ciudadanos y no limitar la atención únicamente a las oficinas municipales.

Ahora no solamente cambiamos un reglamento, no solamente sancionamos infracciones administrativas, sino que ahora llevamos la justicia cívica a las comunidades”, señaló.

A través de estas visitas, que se realizarán de manera periódica y en coordinación con los delegados comunitarios, los habitantes podrán exponer problemas relacionados con la convivencia y recibir orientación sobre la autoridad que debe atender cada caso.

Morales Aguirre explicó que muchas personas pueden estar enfrentando conflictos, pero desconocen a dónde acudir o si su situación corresponde a una falta administrativa, por lo que los Juzgados Cívicos también tendrán una función de orientación.

“Lo que les estamos invitando es que se aproximen con su problema. Nosotros aquí les decimos si tenemos la facultad o si debemos de canalizar ante otra autoridad”, comentó.

La funcionaria señaló que la Justicia Cívica puede intervenir en algunos conflictos comunitarios antes de que escalen a un delito, mediante acuerdos entre las partes.

Como ejemplo, mencionó situaciones relacionadas con daños menores, diferencias entre vecinos o problemas en zonas ejidales, donde todavía existe la posibilidad de llegar a convenios sin acudir a instancias como la Fiscalía.

“Podemos llegar a un arreglo, a un convenio, para que se les repare su daño sin tener que ir a Fiscalía”, explicó.

La implementación de este modelo también representa un cambio respecto al antiguo esquema de oficiales calificadores, que se enfocaba principalmente en sancionar faltas administrativas.

“Era una coordinación de oficiales calificadores en la que solamente se tenía como centro de detención municipal, la sanción de las infracciones administrativas y de vez en cuando se llevaba alguna mediación, pero era muy limitativo”, recordó.

Ahora, dijo, la prioridad será prevenir conflictos, acercar la atención y ofrecer a la ciudadanía una alternativa para resolver problemas antes de que se conviertan en situaciones legales más complejas.

“Estamos abiertos aquí a la Justicia Cívica, a escucharlos y a resolver para que esto no escale a un conflicto o una conducta delictiva”, concluyó.

JRL