Guanajuato.- El abuso del poder se consolidó como el segundo mecanismo de hostigamiento contra la prensa en todo el País y el de mayor porcentaje de crecimiento entre los cinco indicadores de censura que evaluó la organización Article 19 durante 2025.
De acuerdo con el informe titulado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia” que publicó en mayo de 2026, estos casos rompieron récords en cuanto al acoso judicial. En promedio, cada seis días se inició un nuevo proceso legal contra periodistas y medios de comunicación en México.
“En estos casos el objetivo no es necesariamente obtener una sentencia condenatoria, sino castigar el ejercicio periodístico mediante el proceso mismo, por el cual se genera desgaste económico, desgaste emocional, estigmatización pública y efectos negativos directos a las dinámicas editoriales”, indica el informe.
En el caso de Guanajuato fueron al menos cinco casos los que documentó la organización, lo que lo ubicó entre las 10 entidades con más abusos del poder. La Ciudad de México encabezó esta lista con 27; le siguieron Veracruz y Puebla con 12 respectivamente.
Guanajuato registró 15 agresiones de cuatro indicadores de censura a la libertad de prensa: entre ellas ambiente hostil, graves violaciones a derechos humanos y ataques y violencia física.
Con un total de 15 agresiones, el estado se colocó al final del Top-10 de entidades federativas en México con dicha problemática, según este recuento de la organización.
“Cuando preguntar es peligroso, cuando buscar es peligroso, cuando informar es peligroso, estamos ante el mismo fenómeno de silenciamiento desde los poderes formales y fácticos”, expresó Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19 Oficina para México y Centroamérica, durante la presentación del informe hace dos meses.
Suben los casos de abusos
Los casos de abuso del poder público pasaron de 114 en 2024 hasta los 153 casos en 2025, lo que representa un incremento del 7.30%.
Article 19 documentó que el pasado año al menos 69 periodistas y medios de comunicación fueron víctimas de acoso judicial, distribuidos en 29 procesos electorales, 17 penales, 15 por la vía civil y ocho hostigamientos administrativos.
“El análisis de los actores que promueven este tipo de agresión evidencia un desequilibrio estructural de poder”, alertó la organización.
Señaló que en 51 de estos casos (73.91%), quienes iniciaron los procesos fueron personas funcionarias públicas o candidatos de partidos políticos.
“Es decir, actores con acceso privilegiado a recursos institucionales y con capacidad para instrumentalizar el sistema de justicia”, apunta el informe.
Censura indirecta
En el informe se indica que las normas interamericanas e internacionales describen estas prácticas como formas de “censura indirecta”, por lo que deben estar prohibidas en una sociedad democrática.
Por lo que expresa que el Estado mexicano tiene la obligación de “abstenerse de promover acciones legales con fines intimidatorios, prevenir el uso abusivo del sistema de justicia por parte de actores con poder, y garantizar que cualquier limitación a la libertad de expresión cumpla con los principios de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad”.
Se asegura que el derecho penal, en particular, “debe ser el último recurso, no la herramienta recurrente para responder a la crítica”.
Cabeza de descanso
Diputados locales consideraron que la denuncia presentada por Allan León Aguirre, exsecretario de Vinculación de los Leoneses, por supuesto acecho contra un reportero de AM, podría constituir un ataque a la libertad de expresión, pues la queja parece responder a publicaciones relacionadas con contratos municipales otorgados a presuntas empresas fachada, además de que la ley protege el trabajo periodístico.
Así lo señalaron David Martínez Mendizábal, de Morena; Alejandro Arias Ávila, del PRI, y Sergio Contreras Guerrero, legislador independiente, quienes consideraron que la denuncia no tendría elementos para proceder, debido a que la investigación de AM fue “seria y robusta”.
Para el panista Rolando Alcántar Rojas, tendría que existir una situación muy grave para justificar una denuncia de este tipo.
Los diputados del PAN Erandi Bermúdez Méndez y Jared González Márquez, así como el legislador de Movimiento Ciudadano Rodrigo González Zaragoza, afirmaron que, aunque respetan la libertad de expresión, se trata de un asunto entre particulares y no pueden emitir una opinión al respecto.
En ese mismo sentido se pronunció nuevamente la presidenta municipal de Lón, Alejandra Gutiérrez Campos, durante un evento del Instituto Municipal de la Juventud este lunes.
“Vuelvo a repetirte lo que te comentaba, desconozco los hechos y desconozco la denuncia, yo no la he visto, ¿sí? Entonces, yo no puedo opinar sobre un hecho de particulares.
“Siempre voy a estar apostando a la libertad de expresión y me conocen, nunca he limitado ese derecho. Entonces, vuelvo a lo mismo, de manera responsable, porque es un tema de responsabilidad. Yo opinaré de los hechos propios y opinaré de los hechos del municipio, pero no puedo opinar de hechos que no son hechos propios y que desconozco”.
Aunque AM insistió en la pregunta, debido a que la denuncia de Allan León derivó de investigaciones sobre su desempeño como funcionario de la actual administración, la Alcaldesa evitó responder.
“Desconozco los hechos y desconozco la denuncia y hoy no es funcionario”.
Respecto a si aún veía posibilidades de que León Aguirre buscara una candidatura, posiblemente dentro de MC, se limitó a responder:
“Hoy no es funcionario, él está en la vida privada y no voy a opinar al respecto porque yo no decido los cargos”.
‘Otros caminos’
El diputado morenista David Martínez Mendizábal afirmó que “le extrañó bastante” conocer la denuncia presentada por Allan León, pues la ley es clara en la protección a periodistas y la investigación publicada por AM desde el 6 de abril está bien fundamentada.
“(La denuncia) no puede proceder porque el periodista está investigando un asunto y también leo que se le buscó para que lo aclarara. Sí, porque también pudo haberse acusado de que fue unilateral —la publicación—, que no se buscó la otra visión, etc., pero creo que reúne todas las condiciones para que el periodista pueda defenderse tanto por la libertad de experresión como de información, pues es un derecho de las personas”.
El legislador reconoció que, como servidores públicos, en ocasiones no se coincide con lo que las y los periodistas publican sobre su trabajo, e incluso pueden considerarse señalamientos incorrectos.
“Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Cuando hay investigación periodística seria. Esa es la diferencia. No es una opinión. No es que el periodista diga ‘Es que yo creo que, yo opino que’. No. Hay una investigación periodística con datos, con hechos, con documentos, con indagación seria”.
Agregó que, aunque debe respetarse la presunción de inocencia, cuando existe información sustentada se genera una sospecha que corresponde determinar a las autoridades.
“(Pero se debe destacar) el poder que tenemos las y los funcionarios públicos. Tendría que haber, digamos, cierta prudencia en demandar a un periodista porque sí tiene repercusiones. Claro que una de las posibles intenciones que exista en esta denuncia de Allan León sea meter miedo”, advirtió Martínez Mendizábal.
Consideró que antes de recurrir a una denuncia, como último recurso, existen otras herramientas como el diálogo y el derecho de réplica.
El mismo discurso
Por su parte, Sergio Contreras afirmó que tanto Allan León como la alcaldesa Alejandra Gutiérrez manejan un mismo discurso de “persecución”.
Al referirse a los comentarios del exfuncionario municipal sobre el supuesto ingreso de drones a sus propiedades, el diputado independiente señaló:
“Hoy hay muchísima cantidad de drones volando por todas partes. Inclusive a mí me ha tocado verlos en mi casa y no tiene que ver nada con eso, digo, el que nada debe nada teme y que no tenga paranoias por ese lado”.
No obstante, como abogado, reconoció que existe una línea muy delgada entre la vida privada y la vida pública, y consideró que las investigaciones de AM fueron serias y documentadas, pues derivaron en acciones de distintas autoridades municipales y estatales, incluyendo solicitudes de auditorías.
Además, afirmó que “en ningún momento hubo señalamientos primeramente directos hacia Allan León. Él se puso el saco cuando se separó de su cargo”.
Dijo que, aunque está en su derecho de presentar las acciones legales que considere necesarias, no observa que las investigaciones hayan invadido la privacidad.
También señaló que, si es necesario revisar el tipo penal del delito de acecho, “para evitar que la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de información se vean amenazadas por un delito que esté muy ambiguo o que desgraciadamente sea utilizado por los malhechores para hacer sus cometidos, tenemos que tomar en el Congreso decisiones de generar un mejoramiento en el tipo penal”.
Libertad de prensa, no acecho
Alejandro Arias, del PRI, aseguró que el escrutinio del periodismo de investigación sobre actividades relacionadas con un cargo público no constituye acecho, sino que forma parte de la libertad de prensa.
“El acoso es un asunto dificilísimo de demostrar que lo está sufriendo alguien de un periodista. Si a eso le aumentas que lo que se ha publicado no lo ha desmentido, ha dado pie para que las autoridades correspondientes inicien investigaciones”.
Señaló que lo incorrecto sería que un periodista siguiera o vigilara a una persona sin motivo, pero si la intención es investigar o documentar bienes relacionados con un servidor público, no constituye un delito.
Dijo que incluso dar seguimiento a bienes adquiridos por funcionarios e investigar su ubicación tampoco representa una conducta ilegal, pues tendría que existir una amenaza contra la libertad o seguridad de una persona. “No veo por dónde”.
Que decida autoridad
Rodrigo González Zaragoza, líder de la bancada de MC, afirmó que no cuenta con información suficiente sobre el caso.
“No tengo mayor información del tema. Lo que te puedo decir de rápido es que en Movimiento Ciudadano siempre vamos a respaldar la libertad de expresión y la libre prensa. En este caso particular no tengo mayor información”.
Mientras que el diputado panista Erandi Bermúdez afirmó que será el Ministerio Público quien determine si existe algún delito.
“Un ciudadano pone una denuncia o querella, el Ministerio Público es quien determina si hay algún delito o no; yo no puedo determinar una cosa u otra, porque no conozco los hechos y tampoco soy juez ni Ministerio Público, entonces yo creo que aquí es la autoridad la que tendrá que determinar si procede o no”.
Para su compañero de bancada, Jared González Márquez, el asunto corresponde a las autoridades competentes y, en su caso, a las partes involucradas.
“Siempre he sido respetuoso de la libertad de expresión y del trabajo periodístico, pero también del derecho de todas las personas a un debido proceso y a que cualquier diferencia se resuelva por las vías legales correspondientes”.
Rolando Alcántar Rojas comentó que cualquier persona tiene derecho a presentar la denuncia que considere conveniente y que corresponde a las autoridades investigar si existe algún delito.
“Pero sí creo que uno como funcionario público, ya sea de elección popular o de designación, de antemano se somete al escrutinio público, a la consulta y a la investigación social, ya sea por el interés de la propia sociedad o de una persona individual a través de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”.
Añadió que puede tratarse de integrantes de un medio de comunicación cuyo objetivo es esclarecer un tema y darlo a conocer a la sociedad.
“En ese sentido, nunca nos debemos sentir ni ofendidos ni intimidados ni víctimas de algún delito, porque sabemos de antemano la labor social que hace el periodismo en nuestra ciudad y la obligación que tenemos a rendir cuentas a través de los medios de comunicación y a través de instituciones”.
Mal antecedente: PRI León
El Comité Municipal del PRI en León se sumó a los llamados de respeto a la libertad de prensa y al exhorto de transparencia institucional, al señalar que la denuncia por supuesto “acecho” presentada por el exsecretario Allan León contra un periodista de AM genera un precedente lamentable.
“Criminalizar a quien investiga el uso de los recursos públicos es un atentado directo contra el derecho de la sociedad a estar informada”, expuso en un comunicado enviado a AM.
“Entendemos que la actual reconfiguración política —marcada por el paso de la presidenta municipal del PAN a Movimiento Ciudadano y la interrupción de proyectos sucesorios— genera tensión. Sin embargo, el cambio de colores partidistas no borra las obligaciones institucionales ni exime a los servidores públicos de rendir cuentas”.
El PRI León pidió no desviar la atención del tema central: el esclarecimiento de la presunta asignación de contratos millonarios a empresas fachada durante la actual administración.
A la Fiscalía General del Estado le solicitó actuar con apego a derecho; a la Presidenta Municipal y a la Contraloría, transparentar y hacer públicas las auditorías prometidas desde abril; y al PAN y MC, demostrar congruencia y compromiso con la legalidad y el buen gobierno.
También expresó su solidaridad y respaldo institucional al equipo de AM y al gremio periodístico, cuya labor consideró vital para la salud democrática de la ciudad.
AM
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