Ex empleados sufren por denunciar acoso en Salud Guanajuato

Guanajuato.- Dos trabajadores de la Secretaría de Salud de Guanajuato denunciaron hace más de año y medio casos de acoso laboral y sexual en la dependencia; esta decisión provocó que fueran despedidos y amenazados. Ellos también denunciaron ante instancias como la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos y ante la misma Secretaría de Salud, pero hasta ahora ninguna ha emitido una resolución.

Fueron despedidos en octubre del 2024 tras más de 10 años de servicio, por lo que iniciaron un juicio laboral por despido, este proceso sigue vigente.

Al no resolverse, presentaron una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) y se abrió el expediente 1784/2024, pero este organismo tampoco ha emitido una resolución.

Posteriormente, uno de ellos, Daniel Cortez Rayas, fue amenazado de muerte por otro exfuncionario de la SSG en un intento de silenciar sus declaraciones sobre el patrón de acoso al interior de la dependencia, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato el 27 de marzo del 2025.

Después, al no ver avance en la investigación, solicitaron asesoría legal a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas Guanajuato.

Sin embargo, ante la nula respuesta de las autoridades estatales, en julio pasado el caso escaló a un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde presentaron una denuncia que sigue en estudio.

Desde entonces, no ha habido justicia tras denunciar lo que pasaba en la SSG y, a casi dos años de su despido, ninguna de las denuncias ha sido resuelta.

La Fiscalía descubrió que el presunto autor de la amenaza fue Mario N., excoordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.

“Nos abandonan”

En entrevista para AM, Daniel y otra ex trabajadora que pidió ser llamada María para evitar represalias, expusieron cómo ha sido su peregrinar en la búsqueda de justicia; señalaron que hay colusión de la PRODHEG y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas Guanajuato, de quienes no han recibido la asesoría adecuada ni el seguimiento puntual a sus casos.

Daniel Cortez Rayas fue amenazado de muerte por otro exfuncionario de la SSG en un intento de silenciar el patrón de acoso al interior de la dependencia. Foto: Cortesía.

Hay colusión porque nos abandonan y no tenemos ninguna asesoría y quieren adherirse a todo lo que diga la Fiscalía y el Poder Judicial. Al inicio teníamos asesoría particular, pero empezó a querer beneficiarse tanto económica como políticamente del caso y no se trata de eso”.

“Vemos que diferentes áreas del estado están coludidas, entre ellas la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que es la que debería de tener autonomía y defender nuestros derechos humanos porque a la fecha no han resuelto”, manifestó Daniel.

Señaló que las soluciones que han propuesto estas instancias tienen como fin desarticular y dar carpetazo al asunto y hacer que parezca como que no todo es parte de un mismo caso de violencia institucional de parte del gobierno estatal.

“Vemos que en el estado no se va a resolver y que hay encubrimiento a cada paso que damos, es decir, de esa denuncia se protege a esos agresores y la Secretaría de Salud del Estado planea cómo corrernos de la institución.

Cuando denunciamos públicamente nos amenazan de muerte y cuando vamos a la Fiscalía a denunciar y queremos seguir hacia delante, nos dicen que no se va a poder, nos dicen que el delito va a prescribir. Aún así seguimos adelante y finalmente identifican al culpable”, recordó Daniel.

“Que nuestro caso siente precedentes”

María confesó que la ha pasado fatal tratando de lograr que se haga justicia; sin embargo, consideró que este caso puede trazar el esquema de todo lo que cualquier víctima tiene que pasar cuando vive violencia en una institución de salud.

“La gran oportunidad es que tenemos documentado todo. Es importante que este caso quede documentado para que pueda convertirse en un caso de litigio estratégico que pueda sentar precedentes para que en algún momento cambien las cosas.

Y que tanta traba, ventanilla cerrada y tanta violencia institucional al menos se visibilice y se atienda de una forma distinta. Han tenido tanto poder, han sido tan protegidos que no temen porque siempre han creído que por este poder que tienen son capaces de silenciar, de orquestar y callar todas las cosas a contentillo de sus conveniencias”, reprochó.

Señaló que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato únicamente investigó el asunto de la amenaza de muerte que recibió su compañero por correo electrónico en marzo del 2025, cuando pudo también haber investigado abuso de autoridad, obstrucción a la libertad de expresión y violencia feminicida porque hoy en Guanajuato hay una alerta de género.

“De todos estos tipos penales que se pudieron haber investigado la Fiscalía decide que solamente es amenaza, es decir, el delito más leve que existe en el Código Penal de estos que menciono.

Han querido limitar y minimizar la gravedad del asunto a lo que menos sea costoso para el Estado y eso implica que se quede un delito entre dos hombres y que no tenga nada que ver con la perspectiva de género. Todo el gobierno debe considerar investigar primero con perspectiva de género”, apuntó.

“No hay precio que valga la justicia”

Daniel dijo sentirse preocupado debido a que el riesgo que percibe en el juicio es que a Mario N., excoordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, presunto responsable de la amenaza de muerte, se le otorgue una suspensión condicional del proceso y pague la cantidad de 15 mil pesos por la reparación del daño.

“La asesora jurídica nos explicó que el único riesgo es que le otorguen esta suspensión y le digan que me pague 15 mil pesos porque el peritaje que me realizaron indica que yo tengo ese daño y que con esa cantidad se arregla el tema. A Mario le darían unas pláticas de reeducación y listo.

Eso sería lo peor, pero según la asesora al nosotros negarnos esa puerta se cierra y quedarían dos opciones, una que sea un proceso abreviado en el que Mario reconoce que sí lo hizo, pero le dan una sentencia menor o que se vaya a juicio oral y ahí puede que sea una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria, es decir, pueden decir que es inocente o culpable”, explicó.

Aseguró que antes de que AM publicara el reportaje del caso el 28 de octubre del 2025 y el Gobierno del Estado ya sabía quién era el agresor, le ofrecieron a él y a María 400 mil pesos a cada uno como parte de una negociación para finalizar sus juicios laborales.

“Nos dijeron, se resuelve si ahorita ustedes aceptan. No lo aceptamos porque para nosotros no hay precio que valga la justicia. Para nosotros la justicia va a estar por encima de todos porque también creemos que la justicia nos sirve a todos.

“Si fuéramos egoístas aceptábamos el dinero, pero eso no crea ningún beneficio en común. Nuestro interés es que esto tenga un beneficio para más personas y la justicia tiene eso que puede beneficiar a todos”, expresó.

La denuncia internacional

Las víctimas compartieron que se acercaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde presentaron una queja a la que se le asignó el número de expediente 2026/52655 el 7 de junio del 2026.

Dicho organismo público reconoció que en el caso sí hay violación a derechos humanos; sin embargo, se declaró incompetente por razones de fuero y devuelve el caso al estado de Guanajuato.

La CNDH dice que no le corresponde a ella, solo que sea un servidor público federal o en cuanto la PRODHEG se pronuncie si no estamos de acuerdo subir una queja”, lamentó Daniel.

María decidió contactar al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), que le recomendó demandar formalmente al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

“Enviamos todas las evidencias, hicimos un escrito de todo lo que ha pasado y lo subimos. El juicio está amañado, quieren hacer ver que esto es un conflicto entre Mario y yo. Conflicto con Mario no tengo. No quieren ver todo el impacto que tiene que un servidor público amenace de muerte para detener una publicación”, manifestó Daniel.

La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presentó el 1 de julio de este año. El estatus es que el caso está en estudio, pero pudiera haber una respuesta hasta dentro de dos años.

No es sencillo, pero es uno de los caminos que hemos querido explotar para salirnos de este estado donde todo está coludido y encerrado”, concluyó Daniel.

Siguen en trámite

Respecto a las demandas laborales y el resto de las denuncias que presentaron los exfuncionarios, la Secretaría de Salud estatal, a través de su área de Comunicación, informó que:

Por respeto al debido proceso y al encontrarse el asunto en trámite ante un Tribunal Laboral y la PRODHEG, esta Secretaría se abstendrá de emitir declaraciones que pudieran interferir en su debida sustanciación. La información pública disponible deberá solicitarse directamente a las autoridades competentes, conforme a sus atribuciones y a la normatividad aplicable”, informó la dependencia por escrito.

En el caso de la queja que María presentó ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a la que se le asignó el número de expediente 1784/2024, continúa en trámite, por lo que la investigación sigue en curso y no es posible proporcionar mayores detalles, informó a AM este organismo.

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas Guanajuato informó que en marzo de este año recibió un oficio por parte del Juzgado de Oralidad Penal para la asignación de asesores jurídicos a los ex trabajadores de la SSG, por lo que se les asignó un abogado.

Detalló que la última comunicación que este tuvo con las víctimas fue el 29 de julio de este año y sostuvo que se les está brindando la asesoría jurídica, así como la asesoría para buscar una opción de proteger su seguridad personal.

La comunicación ha sido a través de reuniones virtuales y presenciales para explicarles las etapas del juicio, las opciones legales y el trámite para solicitar las medidas de protección.

AM solicitó una postura al Poder Judicial, que se limitó a informar que el próximo martes habrá una audiencia intermedia del caso, y la Fiscalía General del Estado no se pronunció al respecto.

El caso

El 27 de octubre de 2025, AM publicó que, de 2018 a septiembre de 2025, al menos 288 colaboradores de la dependencia, la mayoría mujeres, presentaron denuncias de acoso laboral o sexual, sin mayores consecuencias.

Una investigación de AM, iniciada en febrero de 2024, revela un patrón de tolerancia y encubrimiento hacia casos de acoso sexual y laboral en la Secretaría de Salud de Guanajuato en el sexenio pasado.

El diario documentó 19 denuncias mediante testimonios de víctimas, recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y documentos obtenidos vía Transparencia.

Las evidencias muestran que funcionarios de la dependencia encubrieron sistemáticamente los casos, minimizaron las quejas e incluso llegaron a amenazar de muerte a quienes se atrevieron a denunciar.

El 28 de octubre de 2025, AM publicó que eran las 8 de la noche del martes 25 de marzo cuando Daniel Cortez Rayas, exjefe de Salud Mental de la Secretaría de Salud, revisó su correo. Esperaba respuesta de una bolsa de trabajo en la cual se inscribió al ser despedido cinco meses atrás.

Le sorprendió un correo de un remitente desconocido: jaquesmolay@gmail.com. Asunto: Acoso. “Su vida pende de un hilo”, leyó. El mensaje fue enviado casi a medianoche del día anterior.

Me puse nervioso, platiqué esta situación con mi esposa sin hallar respuesta de quién me pudo haber mandado ese mensaje; no tengo problemas con ninguna persona, no tengo deudas de grandes cantidades de dinero; no tengo ninguna relación sentimental fuera de mi matrimonio y tampoco he acosado a nadie”, declaró Cortez Rayas en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato el 27 de marzo de 2025.

La Fiscalía descubrió que Mario N., coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, fue el creador y propietario de la cuenta jaquesmolay@gmail.com, según la carpeta de investigación 37741/2025, a la que AM tuvo acceso.

Despiden SSG a 30 por acoso

Entre septiembre de 2024 y el primer semestre de 2026 la Secretaría de Salud de Guanajuato ha despedido a 30 trabajadores que tenían denuncias por acoso y hostigamiento laboral y sexual; la mayoría de ellas se reportaron en la administración pasada.

“Una vez desahogados los procedimientos institucionales correspondientes y acreditadas responsabilidades, se concretaron 30 rescisiones laborales: 17 relacionadas con acoso y hostigamiento sexual y 13 con violencia laboral.

La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, acoso u hostigamiento, en concordancia con lo instruido por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y bajo la conducción del secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá”, informó la dependencia a través de un comunicado.

La dependencia informó que toda denuncia que llega a conocimiento de la institución es atendida mediante los mecanismos y protocolos establecidos, garantizando la confidencialidad, el debido proceso y el respeto a los derechos de todas las personas involucradas.

“Estos resultados reflejan que las denuncias son investigadas y, cuando se acreditó la responsabilidad, se acted de acuerdo a la normatividad aplicable, sin excepciones.

En materia preventiva, más de 7 mil trabajadoras y trabajadores han participado en acciones de capacitación sobre prevención de la violencia, derechos humanos, igualdad laboral y cultura del respeto”, informó la dependencia a través de su área de comunicación.

Indicaron que también formalizaron un convenio de colaboración con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) para avanzar en la obtención del Distintivo ALVA y fortalecer las acciones de capacitación, sensibilización y prevención en unidades médicas, administrativas y áreas directivas.

AAK