Guanajuato.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) rechazó, por unanimidad, la constitución de la Guía Nacional Indígena Originaria de Guanajuato, A.C. como partido político local en Guanajuato, porque no cumplió con varios requisitos tanto en la realización de sus asambleas municipales como en la asamblea estatal.
“En el acuerdo que se presenta se establece que la organización Guía Nacional Indígena Originaria de Guanajuato, A.C. no acreditó el cumplimiento del procedimiento de constitución. Por eso, se propone como improcedente su constitución como partido político local”, señala el documento aprobado.
El procedimiento de la organización comenzó en enero de 2025. En marzo de ese año, el IEEG tuvo por no presentado su aviso de intención al considerar que no había cumplido con todos los requisitos.
Sin embargo, el Tribunal Estatal Electoral revocó esa determinación en mayo y ordenó darle un plazo para subsanar las omisiones. El 27 de mayo de 2025, el IEEG declaró procedente su aviso de intención y realizó ajustes al procedimiento por tratarse de una organización indígena.
Se determinó que debía realizar asambleas en nueve de los 13 municipios considerados con presencia de pueblos o comunidades indígenas y se ampliaron los plazos establecidos originalmente.
Durante la sesión del Consejo de este jueves, Brenda Canchola Elizarraraz, presidenta del IEEG, leyó las obligaciones legales que no fueron cumplidas.
En Santa Catarina y San Luis de la Paz no se acreditó el requisito del conocimiento, discusión y aprobación de la declaración de principios, programa de acción y estatutos. En Santa Catarina no se acreditó que dichos documentos hubieran sido dados a conocer a los asistentes.
En San Luis de la Paz se hizo referencia a ellos, pero no se acreditó que fueran aprobados por la asamblea.
“Esto no constituye una formalidad menor, ya que los documentos básicos constituyen la identidad ideológica, los objetivos, el funcionamiento, así como los derechos y obligaciones de quienes pretendan integrar un partido político.
“Por ello, su conocimiento y aprobación representan la certeza de que el conocimiento y la voluntad de quienes constituyen el partido político fueron libres e informados”.
Las observaciones sobre estas dos asambleas ya habían generado inconformidad de la organización. El 7 de mayo, su representante presentó un escrito al IEEG en el que señaló presuntas deficiencias en las actas levantadas en Santa Catarina y San Luis de la Paz.
La asamblea estatal constitutiva se realizó el 7 de junio, dentro del periodo establecido para llevarla a cabo. También se aprobaron el programa de acción, la declaración de principios y los estatutos. Además, se presentaron las listas de personas afiliadas que asistieron a las asambleas municipales, así como las demás constancias del procedimiento de constitución.
Tampoco se acreditó la participación de otras organizaciones gremiales con un objeto distinto a la constitución de un partido político local.
Sin embargo, fueron detectados incumplimientos. Uno de ellos fue que no se logró integrar la lista completa de delegados presentes, ya que asistieron representantes de solo cuatro de los nueve municipios en los que la organización debía celebrar asambleas, cuando el mínimo requerido era de cinco.
En cuanto a las personas afiliadas, se contabilizaron 4,139 afiliaciones válidas, cifra superior al mínimo requerido.
Los documentos básicos de declaración de principios, programa de acción y estatutos tampoco satisfacen los requisitos mínimos señalados por la Ley General de Partidos Políticos, ya que omiten diferentes contenidos indispensables.
Denuncian entrega de despensas
Además, en la asamblea de Valle de Santiago, realizada el 26 de abril, varias personas denunciaron la entrega de despensas, por lo que se dio vista a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del propio IEEG para que investigue.
Se agregó al acuerdo un documento presentado por Magaly Segoviano, representante de la organización indígena, quien consideró que las observaciones sobre dar a conocer los documentos básicos en las asambleas de Santa Catarina y San Luis de la Paz constituían una extralimitación de las obligaciones.
Sin embargo, el IEEG consideró infundado este argumento, porque se trata de un requisito básico para acreditar que los asistentes conocieron dichos documentos.
También se añadieron los ajustes ordenados por el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato.
La presidenta del IEEG aclaró que la asociación civil sí acreditó diversos requisitos, como entregar su solicitud de registro en el plazo correspondiente, la cual cumple con los requisitos establecidos.
También realizó asambleas en los nueve municipios requeridos. Personal del IEEG verificó que en cada una participara al menos el 0.26 % de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral correspondiente, cuyos integrantes manifestaron de manera libre e independiente su intención de afiliarse a la organización ciudadana.
La organización eligió en cada asamblea las fórmulas de titular y suplente de delegados y no se acreditó la intervención de otro tipo de organizaciones gremiales con un objeto distinto a la constitución de un partido político local.
En la discusión del proyecto de acuerdo, la consejera electoral Concepción Aboites Sámano, respecto a la denuncia por la entrega de despensas en Valle de Santiago, preguntó cómo se acreditó la existencia de ese hecho, en virtud de que existe un acta del personal del IEEG en la que se señala que no se constató.
También propuso agregar varios antecedentes de esta solicitud y de la primera que hizo la organización el año pasado, pero la propuesta no fue aprobada por la mayoría de los consejeros.
Diputada indígena celebra rechazo
Entrevistada por AM al respecto, la diputada indígena de Morena, Plasida Calzada Velázquez, celebró que no haya procedido este registro.
“Lo habíamos señalado desde un inicio: venían muchas irregularidades”, sentenció.
Comentó que entre esas irregularidades estaba que “las asambleas las convocaban con engaños, que les decían que iban a recibir un apoyo social y entonces no se lograba el número de gente requerido, y que se realizaban en domicilios particulares”.
“Que no se conducían con las personas que son las autoridades indígenas”, señaló. Explicó que las comunidades tienen delegados, pero no se dirigían con ellos.
También escuchó que en Dolores Hidalgo anunciaron la entrega de despensas a la gente para que acudiera a la asamblea, pero eso no se pudo comprobar.
Dijo respetar el derecho de todas las personas a constituir partidos, pero consideró que usar a los indígenas no es la forma cuando no se cuenta con el respaldo de la propia comunidad.
La diputada refrendó que toda organización política que aspire a representar a los pueblos indígenas debe contar con la legitimidad de las comunidades, no solo con el discurso.
Inclusión indígena: el caso Mauricio Mata
En abril de 2015, Mauricio Mata Soria, gobernador indígena de Guanajuato, acudió a las oficinas del Instituto Nacional Electoral en Ciudad de México junto con Hipólito Arriaga, entonces gobernador nacional indígena. Ambos buscaban plantear al presidente del organismo la falta de representación política de los pueblos originarios del País entonces.
La reunión se realizó el 22 de abril de 2015 por un acuerdo del Consejo Nacional Indígena. Mata explicó que primero acudieron a solicitar espacios de representación y, ante la actitud que atribuyó a Córdova, terminaron exigiendo la inclusión de integrantes de comunidades indígenas como candidatos en todo México.
Señaló que la petición respondía a la falta de representación política indígena. Recordó que, pese al número de personas indígenas que contabilizaban en el País, no tenían regidores elegidos mediante usos y comunidades indígenas ni diputados que representaran directamente a esos pueblos en los órganos legislativos nacionales de entonces.
Durante aquel encuentro también surgió una diferencia sobre el tamaño de la población indígena de México. Según Mata, mientras ellos hablaban de 30 millones de indígenas en el País, Córdova sostenía que eran cinco millones, una discrepancia que el dirigente relacionó con la manera en que eran considerados institucionalmente.
Semanas después, en mayo de 2015, se filtró a los medios una conversación telefónica de Lorenzo Córdova, entonces presidente del INE, con Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del organismo. En el audio, Córdova imitaba y ridiculizaba la forma de hablar atribuida a Mata después de aquella reunión en sus oficinas.
Mata rechazó que la imitación correspondiera con la manera en que se expresó durante la reunión. Afirmó que sí habló en lengua chichimeca y señaló que los gestos y la actitud del entonces presidente del INE indicaban que sus planteamientos no estaban siendo tomados en cuenta durante aquel mismo encuentro.
La demanda de representación indígena continuó durante los años siguientes. Mata recurrió a autoridades y tribunales para buscar espacios para integrantes de pueblos originarios. En Guanajuato, esas gestiones llevaron a acciones afirmativas que obligaron a partidos a reservar candidaturas para personas de comunidades indígenas en el proceso electoral de 2024.
Para la elección de 2024, los partidos debían colocar una fórmula indígena y otra migrante dentro de las primeras cuatro posiciones de sus listas de diputaciones plurinominales. Mata presentó documentación ante Morena, partido en el que militaba, con la intención de disputar uno de esos espacios reservados para representación indígena.
Sin embargo, Morena designó en ese lugar a la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, que a la postre el IEEG rechazó al considerar que no acreditó la autoadscripción calificada requerida dejando vacante esa postulación. Mata impugnó la decisión partidista y pidió reconsiderar la asignación del espacio reservado para representación indígena en esa lista.
Por lo anterior, Mata cuestionó las postulaciones indígenas realizadas por distintos partidos. Señaló que algunas personas registradas habían ocupado anteriormente otros cargos públicos y reclamó que las autoridades tradicionales, consejos, comisariados, jefaturas y otras representaciones comunitarias no hubieran sido consultadas.
Al final, Plásida Calzada fue la candidata designada por Morena para llegar como la primera diputada local indígena, cargo que estará vigente hasta el 2027 con derecho a reelegirse.
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