Tras la revisión de la cuenta pública 2024, el Ayuntamiento de Purísima del Rincón prepara un plan de acción para atender tres recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), mientras que las 12 observaciones detectadas durante la fiscalización ya se encuentran en el ámbito de la Contraloría Municipal para su investigación.
El tema fue abordado durante una reunión de la Comisión de Hacienda, presidida por la síndica Claudia Lorena Arriaga Guerrero, donde el asesor municipal Javier Pérez Salazar explicó las medidas que deberán implementarse para fortalecer los controles internos y evitar que las situaciones detectadas vuelvan a repetirse.
El plan contempla acciones concretas sobre el registro de bienes inmuebles, la clasificación de recursos por fuente de financiamiento y la transparencia de ayudas y subsidios.
Pérez Salazar, quien señaló haber sido auditor superior del Estado durante 12 años y actualmente desempeñarse como asesor municipal en materia administrativa, explicó que la fiscalización genera dos tipos de consecuencias: observaciones y recomendaciones.
Las primeras corresponden a posibles irregularidades que deben ser investigadas y, en su caso, solventadas; las segundas buscan corregir procesos y fortalecer el control interno de la administración.
Tres recomendaciones, tres líneas de acción
La primera recomendación se relaciona con la adquisición de bienes inmuebles. El plan establece que cada compra deberá contar con un expediente único que acompañe todo el proceso, desde su formalización hasta la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.
Para ello, la Presidencia Municipal emitirá una instrucción interna y la Sindicatura coordinará su cumplimiento, con apoyo de las áreas Jurídica y de Gestión Integral del Territorio.
El objetivo es que el 100 % de las nuevas adquisiciones cuente con expediente, responsable y seguimiento, y que ningún procedimiento pueda cerrarse sin la documentación que acredite su inscripción.
La segunda recomendación corresponde a la clasificación de los recursos públicos según su fuente de financiamiento.
Durante la fiscalización se detectó el registro, como recurso estatal, de una transferencia cuyo origen correspondía a recursos federales. Ante ello, el plan obliga a verificar el origen de cada ministración antes de realizar su registro contable y presupuestal definitivo.
Cuando exista alguna duda sobre la procedencia del dinero, la Tesorería deberá solicitar formalmente la aclaración al ente que transfirió los recursos.
El plan establece como meta que el 100 % de las ministraciones cuente con documentación que acredite su origen y que ningún registro definitivo se realice sin evidencia suficiente.
La tercera recomendación toca uno de los temas que mayor discusión generó durante la reunión: los reportes y la publicación de ayudas y subsidios.
La revisión detectó omisiones en la publicación trimestral de información relacionada con esta partida. Se plantea ahora establecer un mecanismo único para que todas las dependencias que entreguen apoyos reporten sus operaciones a la Tesorería.
La información deberá ser conciliada con los registros presupuestales y los pagos realizados antes de su publicación. Además, se contempla un formato institucional homologado y un reporte general de ayudas y subsidios.
El indicador establecido es que el 100 % de las dependencias obligadas presente sus reportes en tiempo y forma y que cualquier diferencia sea justificada.
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La discusión: el informe que no todos conocen
La presentación del plan también abrió un debate entre integrantes de la comisión sobre el acceso al informe completo remitido por el Congreso del Estado.
El regidor Héctor Pérez sostuvo que, hasta ese momento, los integrantes de la comisión no habían revisado la totalidad del documento que dio origen al análisis, por lo que cuestionó que se avanzara en el plan de acción sin que todos los miembros conocieran el expediente completo.
“Estamos navegando a ciegas”, sostuvo el edil, al señalar que el Ayuntamiento había acordado que la comisión revisara la documentación enviada por el Congreso.
La regidora Mónica López Hernández coincidió en la necesidad de contar con la información completa y pidió que fuera proporcionada a los integrantes de la comisión.
En contraste, la Secretaría del Ayuntamiento explicó que el expediente relacionado con las observaciones ya había sido remitido a la Contraloría Municipal, donde se inició el procedimiento correspondiente.
El asesor Javier Pérez aclaró que, una vez iniciadas las investigaciones sobre las 12 observaciones, corresponde a la Contraloría determinar las consecuencias jurídicas o administrativas que pudieran derivarse. Agregó que las áreas municipales aún pueden aportar información que ayude a esclarecer los hechos.
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Piden presencia del contralor
La discusión llevó también al regidor Héctor Pérez a solicitar que el contralor municipal participe en una próxima reunión de la comisión.
El argumento fue que las 12 observaciones ya se encuentran en proceso de investigación y que sería necesario conocer el estado que guardan los procedimientos, aunque se reconoció que los detalles de las investigaciones podrían encontrarse reservados.
La Secretaría del Ayuntamiento respondió que el tema tratado en la reunión correspondía específicamente al plan de acción para atender las recomendaciones, mientras que las observaciones siguen una ruta distinta bajo responsabilidad de la Contraloría.
Cinco días para comenzar
El plan establece que la Presidencia Municipal deberá emitir las primeras instrucciones dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación del documento.
Posteriormente, la Tesorería integrará una carpeta electrónica por cada recomendación y elaborará reportes mensuales con los avances y evidencias.
La Contraloría deberá verificar la suficiencia y correspondencia de la documentación antes de que sea cargada en la plataforma de la ASEG.
El cumplimiento interno se considerará concluido cuando se alcance el indicador establecido y exista evidencia validada; sin embargo, la atención definitiva de las recomendaciones quedará sujeta a la valoración de la Auditoría Superior del Estado.
La cuarta recomendación incluida en el informe quedó fuera de las acciones operativas debido a que fue confirmada como atendida.
AM
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